La Justicia española no parece estar pasando por su mejor momento. Después de que el Tribunal Constitucional (TC) fuera firmemente cuestionado al dar luz verde por un limitado margen de votos a la presencia de Bildu en las urnas, ayer fueron tres miembros de ese organismo los que decidieron abandonarlo, dejando aún más patente las diferencias que se encuentran dentro del Alto Tribunal.
Así, el vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, cuyo mandato concluyó en noviembre, presentaron su renuncia en protesta por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para su renovación, si bien el presidente del órgano, Pascual Sala, decidió horas después no aceptar esa dimisión.
Se trata de la primera vez en la historia del Constitucional que varios magistrados de este tribunal renuncian a su cargo.
El mandato de Gay, Delgado y Pérez Vera, los magistrados designados por el Congreso (dos a propuesta del PSOE y otro por el PP) que comunicaron su renuncia en tres escritos distintos, venció el pasado 8 de noviembre, sin que hasta el momento ninguno de los principales partidos políticos hayan logrado un acuerdo para proceder a su renovación.
Estas tres renuncias dejan al TC, del que hasta ahora formaban parte 11 magistrados, en una situación sin precedentes, ya que tampoco se ha cubierto la vacante dejada por Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008.
No obstante, todavía se cumple el quorum mínimo exigido por la ley -ocho jueces- para poder tomar decisiones.
Pero las dimisiones, en principio, no se harán efectivas, después de que Sala las rechazara en un decreto en el que justificaba su decisión en «el volumen de procesos constitucionales pendientes sometidos a su conocimiento» y para «garantizar la continuidad y estabilidad» del tribunal, del que recuerda que es el supremo intérprete de la Carta Magna y el garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Por ello, acuerda «no aceptar» las renuncias, «sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos».
Diario de Avila
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