Cómo es posible que, si para los ciudadanos la principal preocupación es el paro, el debate político exclusivo y omnipresente que consigue imponer el Gobierno sea la diatriba con el nacionalismo vasco y el terrorismo?
¿Por qué éste -aun siendo esencial- es el único asunto de relevancia política y mediática relacionado con la seguridad cuando hay otros de evidente trascendencia social? Por ejemplo, los asesinatos y malos tratos a mujeres y niños, que afectan a lo largo de años a la vida cotidiana de centenares de miles de personas (otra forma de terrorismo); el fuerte aumento de la inseguridad ciudadana en los centros urbanos ante la apuesta del Gobierno por la seguridad privada; la imparable siniestralidad laboral o la mortalidad en las carreteras.
¿Cómo es sostenible que los asalariados paguen a la Hacienda pública el doble que los rentistas de capital sin causar un escándalo público? ¿Cómo puede tranquilamente admitirse que hayan aumentado, a la vez, los impuestos indirectos, la desigualdad, la lejanía de Europa en protección social o en investigación, que ocupemos el último lugar de gasto en educación secundaria de la UE y el Gobierno se muestre impávido en su déficit cero? ¿Por qué no se discute sobre ello?
¿Acaso es entendible que la moral ciudadana pueda asimilar sin repugnancia que miles de personas de otras nacionalidades, trabajadores, sean explotados y vivan en condiciones infrahumanas sólo por no tener unos papeles que el Gobierno ha decidido no darles?
¿Por qué en España se puede impunemente convertir al fiscal general del Estado en alguien al que sólo le preocupa frenar cualquier querella contra miembros del Gobierno?
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