A día de hoy podemos hablar con un poco más de experiencia sobre el resultado de unas elecciones que otorgan la representatividad a varios grupos políticos sin mayoría absoluta. Obviamente, me refiero al caso andaluz. A la señora Díaz en tres ocasiones la rechazan como presidenta.
Su lista fue la más votada; pero no lo suficiente para lograr la confianza de la Cámara. Los dos nuevos partidos, aunque “minoritarios”, también tienen derecho a la vida y ponen sus rayas rojas. El PP fracaso tras fracaso en Andalucía, se teme el descalabro el día 24 de mayo y tampoco facilita las cosas. El grupo de la aspirante también pone sus condiciones y el acuerdo no llega. Todos tienen motivos y razones, pero el tiempo pasa y, de seguir encastillados en posiciones maximalistas, estratégicas o de desgaste, está claro que se tendrán que producir nuevas elecciones y que el cuerpo electoral se pronuncie otra vez ¿cuántas veces hasta llegar a un gobierno estable?
De lo mismo que se dice que dos no riñen si uno no quiere; también puede afirmarse, que dos se ponen de acuerdo si existe voluntad de alcanzar ese acuerdo. Me da, que en Andalucía, en estos momentos esa voluntad no se ve por ninguna de las partes.
Hay quien cree con sinceridad que lo positivo para un buen gobierno es que no existan mayorías. También hay quien piensa lo contrario. Lo que estamos viendo en Andalucía, seguramente hará que haya gente que reconsidere su postura, al creer que entramos en un periodo de incertidumbre, inestabilidad, etc. Los más optimistas consideraran que una vez pasen las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, las distintas formaciones serán más flexibles y se darán las condiciones necesarias para alcanzar un pacto. Tendremos que esperar al 25 próximo.
Además de lo anterior, la actual campaña electoral está poniendo de manifiesto otras cuestiones, desde mi punto de vista, no menores en lo que debe ser una democracia: la inexistencia de la igualdad de oportunidades para todos los que concurren a las mismas.
Hemos leído y escuchado que a partidos que no tienen actualmente representación en los gobiernos autonómicos y municipales, se les niegan o ponen dificultades para acceder a determinados lugares públicos; se les veta en determinados medios de comunicación público o se les limita el tiempo de acceso; los más conocidos se niegan al debate con los que acaban de llegar; unos gastan decenas de millones de euros en la campaña (dinero, que como sabemos por los casos abiertos en los juzgados en otros procesos electorales, fue fundamentalmente el procedente comisiones de obras y de otros chanchullos) y otros no tienen ni para pipas. En definitiva, candidatos que concurren a un mismo proceso electoral parten en desigualdad de condiciones: Unos con una pesada mochila y palos en las ruedas; los otros, con motor a reacción.
Como ejemplo nefasto y negativo de lo que sucede, es que la aristócrata aspirante a la alcaldía madrileña, quiera utilizar a Telemadrid para celebrar 15 debates. O que el único diario escrito de esta provincia aparezca a ojos de la ciudadanía como “órgano oficial” del partido en el gobierno.
Opino, que quienes concurren a un mismo proceso electoral deben de disponer de igualdad de medios. No solamente de euros hablo; también de acceso a los medios de comunicación social, del mismo interés y salvaguarda de los derechos de todos por las distintas Juntas Electorales.
Mientras esa igualdad no exista, permítanme, ponga en duda las primarias, las listas abiertas y otras cosas que unos y otros pregonan y prometen estos días.
Para que de verdad se de el cambio, debe existir la posibilidad de que cualquiera pueda concurrir a un proceso electoral y, que ese acceso y demás medios, sean iguales para todos. No puede el Estado primar a los mayoritarios o veteranos sobre los que llegan pidiendo el relevo.
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