Concluye el Sr. García Sanz de Izquierda Unida:
Así pues, con este informe de lo que parece ser es que, en primer lugar, si tanto se comentaba antes por el señor Consejero de la necesidad de contactar, de compartir con los ciudadanos, etcétera, no se ha hecho en esta caso, en absoluto: se ha impuesto a los ciudadanos; se acepta un hecho consumado de una empresa privada para gestionar algo que se considera, no ya ni tan siquiera dentro de las actividades clasificadas, sino dentro de lo que se necesita la evaluación del impacto ambiental, quiero decirse que se considera por la propia legalidad algo que necesita un tratamiento muy específico y con mucho cuidado en sí mismo. Y si luego encima se hace con irregularidades claras administrativas, vulnerando claramente la Ley y encima a espaldas de los ciudadanos, pues, lógicamente se están sentando todas las bases y todos los precedentes para ya que haya esta oposición y luego mucho más si además se producen estos accidentes.
Así pues, si... desde nuestro punto de vista este informe favorable se tiene que adoptar medidas para revocarle. Desde nuestro punto de vista, es impresentable que se mantenga esa situación de emitir un informe por la Junta de Castilla y León única y exclusivamente de legalizar un hecho consumado, cuando ese hecho consumado ha producido un perjuicio inequívoco y gravísimo a un colectivo de ciudadanos. Por lo tanto, nuestro punto de vista lo primero es: ¿qué medidas va a adoptar la Consejería para, en primera instancia, revocar esta resolución?
A continuación, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es... y compartimos desde Izquierda Unida que hay que dar un tratamiento, a los lodos, y estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento pero haciéndolo adecuadamente, en respeto a la Ley y, por supuesto, con plena transparencia hacia las localidades y hacia los ciudadanos donde se vaya a implantar; y, por supuesto, cualquiera puede entender que el sitio más inadecuado para instalar esto es justo encima de unos manantiales, porque ahí se ha producido esa contaminación.
¿Qué garantías da el señor Consejero para que este accidente, estos accidentes o estas contaminaciones no se vuelvan a suceder? ¿Cómo se van a evitar las filtraciones que ha habido en el mes de diciembre hacia esos manantiales?
Y, a partir de ahí, pues las alternativas, lógicamente, es de buscar un nuevo emplazamiento, un nuevo emplazamiento que realmente solucione este problema; que ahí, lógicamente, y lo están reivindicando todos estos ciudadanos y cualquier colectivo que tenga un mínimo de sensibilidad, el hecho de la cercanía de la instalación de la planta con la estación depuradora de aguas residuales no es garantía absoluta, y no tiene que ser el elemento fundamental para la instalación, habrá que buscar sobre todo que no tenga perjuicios posteriores -como en este caso la instalación de la planta en las cercanías de Tardajos supone-, y, por lo tanto, habrá que buscar otro emplazamiento, dado que ése es evidente que es inadecuado.
Y, por lo tanto, y, sobre todo, hay que aplicar la Ley; y si hay leyes y hay normas que, inclusive, desde nuestro punto de vista son insuficientes en protección medioambiental, si luego encima, la Junta, la Consejería de Medio Ambiente -que es la autoridad medioambiental en este caso- no actúa, inclusive teniendo la posibilidad de actuar de oficio, como en este caso, pues, lógicamente, la indefensión de los ciudadanos es manifiesta. La indefensión de los ciudadanos ante esta naturaleza, de que llega una empresa privada, lo instala y, luego, para más colmo, para más inri, la Junta de Castilla y León da el visto bueno y un informe, ante el hecho consumado dice que eso se mantenga ahí y legalizarlo, nos parece absolutamente inadmisible.
Y, por supuesto, también nos parece que hay una clara ilegalidad por parte de la empresa; pero también hay una ilegalidad por parte del Ayuntamiento, de conceder licencias claramente ilegales. Lo cual clama al cielo, el hecho de que un Ayuntamiento, parece ser... vamos a suponer que desconoce, porque, si no, claramente entraríamos en la prevaricación, que desconoce la normativa; pero que el hecho de desconocer no exime del cumplimiento y, por tanto, la Junta, la Consejería, tiene la obligación de tomar también medidas contra el Ayuntamiento de Burgos, entre lo que ha sido su desidia, su desconocimiento o, en definitiva, su ineficacia, un perjuicio evidente para los ciudadanos. De momento, nada más y muchas gracias.
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