Y en medio de esta medida, impopular donde las haya pero entendida para garantizar las pensiones de las generaciones venideras, llega la clase política y hace una de las suyas cuando surge una voz desde dentro –la de la diputada de UPyD, Rosa Díez–, que pide un ejercicio de responsabilidad para que las Cortes Generales revisen el privilegiado sistema de protección social y de pensiones que rige en exclusiva para diputados y senadores. ¿Recuerdan? Dos legislaturas en un escaño y uno ya tiene garantizada cuando se retire la pensión máxima de jubilación.
Bueno, ya habíamos contado, el pasado diciembre, que ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo.
Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen». Y dos: que las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que «ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión».
El Letrado Mayor apela a las jubilaciones de parlamentarios italianos, británicos, franceses y alemanes para justificar las que tienen los diputados españoles y defiende también la indemnización por cese de actividad parlamentaria ya que sus señorías no tienen derecho al subsidio por desempleo.
Conclusión: las Mesas del Congreso y del Senado consideran que el acuerdo unánime de todos los partidos alcanzado en 2006 para aprobar el Reglamento de Pensiones de sus señorías «establece un tratamiento digno para quienes han sido representantes de los españoles» y lo consideran «económicamente moderado», además de «viable» en comparación con las previsiones establecidas en otros «parlamentos o instituciones públicas».
Es más, defienden que las prestaciones que reciben los parlamentarios nacionales se pueden situar en un perfil «medio/bajo» si se comparan con las prestaciones fijadas para quienes fueron, por ejemplo, eurodiputados o miembros de Gobiernos autonómicos. Lo mismo podrán decir los pensionistas españoles cuando se apruebe la extensión de la edad de jubilación a los 67 en relación con los pensionistas italianos, franceses o británicos.
Pero como ningún partido invocará el Derecho comparado en relación con las pensiones del común de los mortales, al menos la diputada de UPyD sí ha hecho saber que «es una escandalosa falta de respeto a los ciudadanos que quienes van a legislar sobre las condiciones exigibles a todos los españoles para acceder a una pensión se nieguen a tocar las propias».
«Es una vergüenza –añade Díez– que para mantener una situación privilegiada apelen al derecho comparado con otros países o que, en el colmo de la hipocresía, terminen justificándose en pretendidos privilegios mayores en otras instituciones de nuestro país». Es más, aunque se diera por bueno que el sistema es económicamente sostenible, la diputada de UPyD, sostiene que es «políticamente inaceptable el mantenimiento de un sistema de pensiones excepcional para aquellos que legislan sobre el interés general».
UPyD no se rendirá y su siguiente paso será volver a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados dentro del voto particular que esta formación presentará al dictamen que el Pacto de Toledo elevará al pleno del Congreso sobre la reforma de las pensiones.
Como se sabe, el modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el sistema, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados de losmás de 3.600 que ha habido en democracia la han solicitado.
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