No hay ninguna nación democrática que pueda permitirse el lujo de hacer de los tribunales el lugar habitual en el que dilucidar las habituales ilegalidades cometidas en el sistema. Y ello es asi, sencillamente, porque la intempestividad de las resoluciones judiciales ante hechos consumados no resuelven el caos que se siembra ni evitan los perjuicios que ocasiona una resolución fuera del tiempo exigido. Convertir la vulneración de la legalidad en una estrategia para imponer, por la fuerza de los hechos, efectos perniciosos, a sabiendas de la tardanza de los jueces en dar solución a las pretensiones de los afectados, erosiona el estado de derecho y convierte al sistema democrático en bananero. Y para ilustrar cuanto digo pongo dos ejemplos.
En primer lugar, el estatuto catalán, cuya anticonstitucionalidad es a todas luces evidente. Fruto de la vulneración consentida de la legalidad y fruto de la tardanza del TC en resolver la cuestión -¿no sería mas lógico dejar en suspenso la aplicación de la norma hasta el pronunciamiento del TC?- son las voces del independentismo catalán que rechaza frontalmente una resolución no favorable del TC. Es decir, a la ilegalidad de unos votos viciados en origen de nulidad porque nulas son legalmente las pretensiones, se suma la ilegalidad manifiesta de unas declaraciones de desacato que unen una incitación popular a la rebelión.
El segundo ejemplo es el de las negociaciones con Eta. La nulidad de origen vicia los actos politicos de sus autores ya que la falta de competencia nace del mismo Parlamento, que utiliza los votos para, en un acto de perversión de la democracia, dar aspecto de legalidad a la ilegalidad en que incurre el PSOE y demás acólitos. Me explico. El Parlamento sólo puede estar capacitado para autorizar al Gobierno a hablar pero no a negociar cuando ésta se sitúa en ámbitos que caen fuera de su competencia.
Si Eta exige como condiciones inexcusables la autodeterminación, la excarcelación de los etarras y la anexión de Navarra, quien ose negociar con Eta estará delinquiendo por doble vía: por ser Eta una banda terrorista y que, por tanto, no existe en el ámito jurídico, y en segundo lugar, porque la materia a negociar se escapa de las competencias de los negociadores. Y ello nos lleva a vivir un rosario de ilegalidades que van desde los propios actos de algunos jueces y fiscales hasta la permisividad de actos públicos de los terroristas, y todo ello pasando por la ignorancia interesada de que los terroristas siguen al mas puro estilo asesino de siempre, organizando sus comandos, pertrechándose de armas y recaudando dinero por la extorsión.
O se pone freno al desprecio por la legalidad o la inoperancia del poder judicial tendrá los mismos efectos que la ilegalidad misma.
Victor.
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