Tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2003, el juez Baltasar Garzón inculpó a un alto cargo del Ministerio de Agricultura por supuesto fraude en las ayudas europeas al cultivo de lino. Espoleado por la decisión judicial, José Bono, a la sazón presidente de Castilla-La Mancha y metido de lleno en la campaña electoral, amplificó lo sucedido hasta darle dimensiones colosales, como si se tratase de un gran caso de corrupción al abrigo del Gobierno de José María Aznar.
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