En el Parlamento Catalán pudimos ver y oir como Maragall hacía una imputación gravísima de prevaricación y cohecho a CIU, al señalar la habitualidad en la concesión de licencias bajo soborno de un 3%. Tambien ha quedado sin aclarar como el hoy Presidente de la Generalidad, cuando era Ministro de Industria, recibió de una entidad financiera 1.000 millones, justamente cuando la actuación del entonces ministro era vital para el buen fin de la Opa sobre Endesa, operación que, a la vista de los valores de las acciones de Endesa, merece la calificación de estafa en estado embrionario abortada. Tampoco se ha aclarado por qué otro partido en el poder de la Generalidad, ERC, estuvo ocho años con un préstamo vencido sin pagar un solo euro de intereses -QUE CUALQUIER CIUDADANO PADECERíA CON UN EMBARGO- y cómo tras su entrada en la Generalidad, la misma entidad que a Montilla, le regala 446 millones.
Ocurre que los parlamentarios de esta España gozan de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria (Arts. 71.1 y 2 de la Constitución). Inviolabilidad que impide que ninguno de los miembros del congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita DESEMPEñANDO SU MANDATO DE LEGISLADOR. E inmunidad parlamentaria que impide que ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección, hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti delito.
Por contra, los alcaldes, personas que ostentan la Presidencia de la Corporación Municipal, que son la máxima representación de un Ayuntamiento, que junto con los concejales forman o constituyen una cámara ”mas humilde” -con importantes facultades legislativas dentro de sus competencias-, que tienen bajo su mando a la Policiía Local, ...pueden ser vejados, humillados, con actuaciones conjuntas de los jueces y policia estatal que, sin expediente administrativo previo, los detienen, les ponen las esposas, a la espera de encontrar pruebas contra ellos.
No seré yo quien defienda la corrupción, venga de donde venga, no seré yo el que apoye las personas por la simple razón de su cargo, pero si quiero denunciar públicamente aquellas actuaciones sin sustento legal firme llevadas a cabo, en muchos casos, por razones políticas, que intentan el desgaste o la pérdida de credibilidad de un determinado partido. Porque si hay irregularidades en un Ayuntamiento hay servicios ”ad hoc”, como el Tribunal de Cuentas, Central o Autonómico, para hacer una fiscalización o auditoría de las cuentas públicas de un Ayuntamiento.
¿ Alguien llegaría a imaginar una entrada de la policía, aun con apoyo judicial, en un Ministerio, en Presidencia del Gobierno, en el Gobierno de una Comunidad Autónoma, llevandose los ordenadores, y esposando a sus responsables?.El método seguido con los Alcaldes, que no olvidemos tienen tanta legimitidad de representación como cualquier parlamentario, los sitúa a la altura del betún, cual delincuentes, perjudicando la imagen pública de una institución que es, sin duda, la mas próxima a los ciudadanos.
Control, si. Persecución del delito, si...pero no sólo en las alcaldías sino allí donde se produzca y utilizando las formalidades mínimas que una institución del Estado y sus componentes se merecen.
Victor.
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