La vicepresidenta económica, Elena Salgado, considera que la banca no está haciendo bien sus deberes a la hora de evaluar los riesgos al financiar a las pymes.
Por ello, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la comisión anticrisis, pretende que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda los préstamos directamente al ciudadano: el Estado asumiría el 100% de los riesgos, a pesar de que esta institución cuenta con una estructura exigua para este reto.
Ante la falta de personal y la escasez de recursos –el ICO cuenta sólo con cerca de 300 trabajadores– el Gobierno pretende recurrir de nuevo a los facilitadores de créditos, que actualmente trabajan para que la banca sea más permisiva a la hora de garantizar la liquidez a los pequeños negocios.
El perfil que se buscaba, y que en su día generó polémica, primaba a jubilados y prejubilados de la banca (sin excluir a otros profesionales), para así ahorrar costes. Pero Salgado, que ha prometido un fuerte recorte del gasto público, no descarta ahora contratar a más empleados. Los prejubilados del sector financiero jugarán un papel relevante, aunque serán voluntarios –se supone que sólo cobrarán por dietas y por gastos de desplazamiento–. Podrán decidir si las compañías cumplen los requisitos mínimos para obtener financiación.
Según reconocieron ayer a EXPANSIÓN fuentes gubernamentales, el Ejecutivo socialista busca que estos asesores –que actualmente ayudan a los empresarios por medio de un teléfono gratuito y de una web–, sean los que criben los nuevos préstamos de hasta 200.000 euros. Algunos expertos temen que el ICOse enfrente a una oleada de impagos, ya que acabará con los criterios de mercado que actualmente utilizan los bancos y las cajas de ahorro para otorgar prestamos. El Gobierno pretende que su nuevo plan no aumente ni el déficit ni la deuda pública.
La propuesta en la que quiere basarse el Ministerio de Economía para lanzar su nuevo plan de créditos directos está, no obstante, a medio gas. La número tres del Gobierno anunció hace 5 meses que crearía una red de 60-70 analistas –adjudicada finalmente a Indra–, y que contaría con asesores prejubilados de la banca en el resto de España. Pero, por ahora, la asociación de jubilados Secot no ha firmado ningún convenio con el Estado, según aclaró ayer a este periódico un portavoz de esa organización de pensionistas.
El ICO confirmó a este periódico los planes del Ejecutivo, pero está expectante ante la reunión que se producirá hoy entre el Gobierno y la oposición. Un responsable del Instituto reconoció que puede que se necesite la ayuda de la red de facilitadores, que se puso en marcha el pasado diciembre, y en la que, según la propuesta inicial, varios pensionistas ayudarían a las pymes en las oficinas de las Cámaras. Para esta entidad pública el plan para conceder préstamos directos por el 100% “es algo histórico”.
Un abrazo, amigos de Soria
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