Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos». Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora, con tres palabras en vez de una, en anuncios que se ... (ver texto completo)
El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable, competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–, le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo «puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. « ¿Entonces, la legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. « ¿Y qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.» ... (ver texto completo)
