El talón de Aquiles del Gobierno de Camps
Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de su más absoluta confianza, en sustitución de Rafael Blasco. El cambio era obligado. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina publicado por EL PAíS en octubre de 2005 confirmaba que el 28, 5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18, 5% que la consideraba buena. La percepción empeoró un año después. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.
La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población. Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalidad para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. La Comisión aprovechó la ocasión para denunciar una vez más que la Generalidad permitió la presentación de nuevos programas de actuación integrada (PAI) mientras tramitaba la ley. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.
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