¿Quién dejó escapar a los saudís después del 11-S?
Por Jeffrey J. Connaughton (original: The Boston Globe, 30 de septiembre de 2003)
LAS LIBERTADES CIVILES en tiempos del terrorismo requieren un cuidadoso balance entre la preservación de importantes derechos de todos los americanos y la necesidad de leyes que permitan investigar y prevenir ataques terroristas. La necesidad de un estándar equilibrado es especialmente evidente en la demanda al congreso del presidente Bush de más poderes legislativos para poder investigar a los sospechosos de terrorismo, mientras quedan abiertas preguntas como por qué la Casa Blanca y el FBI permitieron a 140 saudís (inclusive dos docenas de parientes de Osama bin Laden) salir a toda prisa de los Estados Unidos.
Durante los primeros días después del 11 de septiembre de 2001, mientras los aeropuertos estaban cerrados a otros vuelos, prohibiendo que ciudadanos americanos entraran a su propio país, los parientes de bin Laden sí que podían salir. El Departamento de Justicia y el inspector general del FBI deberían investigar por qué estas obvias “personas de interés” estuvieron autorizadas a salir del país sin haber sido seriamente interrogadas.
¿Por qué el pueblo americano debería confiar en una administración Bush con mayores poderes policiales si ésta se niega a contestar la pregunta de por qué la familia de bin Laden pudo escapar? Como dijo el senador de Nueva York, Charles Schumer, el 11-S era demasiado reciente para que el FBI ni tan siquiera supiera qué tipo de preguntas hacer, y menos aún para decidir definitivamente que cada saudí y pariente de bin Laden merecía un “todo en regla”, dejando de estar a disposición para ser interrogados.
El pueblo americano merece respuestas a las siguientes preguntas:
* ¿A quién llamaron los saudís para que el gobierno aprobara los vuelos?
* ¿Quién en el gobierno coordinó las autorizaciones para los vuelos?
* ¿Recibió el FBI informaciones de la Casa Blanca sobre la urgencia de permitir a estos individuos abandonar el país?
* ¿Expresaron los responsables del Departamento de Justicia reservas o objeciones con respecto a estas decisiones?
* ¿Contactaron algunos americanos con el gobierno de los EEUU para acelerar las autorizaciones de los vuelos?
En agudo contraste con el tratamiento especial recibido por estos saudís, el Presidente Bush y el Departamento de Justicia han retado repetidamente al Congreso y los Tribunales Federales para encrudecer las leyes al máximo con tal de poder actuar contra los sospechosos de terrorismo. Después de los ataques, cientos de árabes fueron encarcelados durante meses sin acceso a los abogados. El Departamento de Justicia ha reconocido que ni siquiera los Tribunales Federales están en condiciones de obligar constitucionalmente a alguien a testificar cuando ha sido declarado unilateralmente “enemigo combatiente”.
El Fiscal General John Ashcroft tuvo que defenderse a izquierda y derecha contra las acusaciones de que el Departamento de Justicia ha aplicado el “Patriot Act” de modo abusivo. Recientemente, Bush ha pedido al Congreso que permita citar a sospechosos de terrorismo sin orden judicial y denegarles la libertad bajo fianza, y de aplicar la pena capital federal a los terroristas condenados.
Los responsables del FBI afirman que sus agentes interrogaron a los parientes de bin Laden antes de que la Casa Blanca autorizada su salida del país. Pero Dale Watson, ex jefe del contraterrorismo del FBI, dijo que los saudís que abandonaron el país “no fueron sometidos a entrevistas o interrogatorios serios."
El Secretario de Estado, Colin Powell, admitió que los vuelos habían sido “coordinados por el gobierno”, pero no ofreció detalles sobre la implicación del FBI. Por el otro lado, el Vicepresidente Cheney dijo no tener conocimiento de los vuelos, “pero un gran número de gente de esta parte del mundo abandonó el país poco después del 11-S porque estaba preocupada por la reacción del público aquí en los EE.UU. O que podrían ser discriminados.”
Este doble patrón es una bofetada al sentido común. Si los vuelos de los saudís después del 11-S hubieran sido autorizados durante el gobierno de Clinton, tanto los republicanos como los demócratas hubieran estado furiosos y sin duda hubieran exigido una investigación parlamentaria. Algunos republicanos hubieran hecho lo imposible para acusar a Clinton de traición.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 han cambiado este país, y necesitamos equipar a la ley con las herramientas necesarias para combatir el terrorismo eficazmente. Pero dos años de silencio por parte de la administración Bush sobre estos vuelos de los saudís son suficientes.
El Congreso debería negarle a la administración mayores competencias policiales mientras el Departamento de Justicia no haya aceptado a realizar una investigación sobre las circunstancias de la autorización del gobierno de dejar volar a la familia de bin Laden.
Jeffrey J. Connaughton fue asesor especial del consejo de la presidencia de 1994 a 1995.
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