También afirman los afectados que durante este largo periodo, los obispos no han puesto estos casos en manos de las autoridades civiles competentes, para que fuesen juzgados por jueces y magistrados ajenos a la Iglesia. Por el contrario la Iglesia, sobre todo en Estados Unidos, ha gastado millones de dólares en abogados defensores, en costosos acuerdos extrajudiciales con los afectados, para detener los juicios en curso, y en los casos en que el juicio acabó resolviendose con la condena del clérigo, ... (ver texto completo)