Los datos así lo demuestran: las comunidades han pasado de gestionar el 19% del gasto público en 1987 al 43% en 2008.
El Estado, por su parte, ha rebajado su participación en el gasto consolidado del sector público del 67 al 39% en dicho período.
Los entes locales apenas han variado y sólo han conseguido arañar tres puntos, hasta el 18%, en 20 años.
Dos mil acuerdos de transferencias desde 1979
El incremento en la gestión de recursos públicos ha ido aparejado a la asunción de competencias por parte de las comunidades, que, en su conjunto, desde 1979 han firmado 1.964 acuerdos de transferencias.
Dichos acuerdos han supuesto el traspaso de 821.989 funcionarios a las comunidades. Sólo en la última legislatura las regiones han recibido 751 millones de euros por los 72 traspasos acordados.
Los datos del dinero que ha ido a parar a manos de las comunidades desde 1979 supera los 25.000 millones de euros, en valores corrientes de cada año y no valores constantes, según datos del Gobierno.
Por coste efectivo, la legislatura en la que se hicieron traspasos por mayor cuantía fue la del 2000 al 2004, con 11.700 millones de euros. Fue en aquel periodo cuando se traspasó a las comunidades autónomas la gestión de la sanidad pública, uno de los apartados, junto con la educación, que más coste representa para las regiones.
Cataluña, la que más competencias ha recibido
Los últimos datos del Ministerio de Política Territorial señalan a Cataluña como la comunidad que más transferencias ha recibido del Estado, 187, seguida de Andalucía y Galicia, empatadas a 154, y la Comunidad Valenciana, con 131.
La Administración General del Estado mantiene 591.559 funcionarios Así, prácticamente todas las materias han sido descentralizadas en todo o en parte, desde la educación y la sanidad hasta las políticas sociales, el urbanismo o el medio ambiente, entre decenas de asuntos, y la cesión de algunos tributos.
La descentralización también ha afectado a la política de personal, con un aumento paralelo en el número de funcionarios que ha pasado a depender de las comunidades que, además, han ido creando más plazas de empleo público conforme desarrollaban sus estructuras.
En estos momentos, la mitad de los funcionarios (1,3 millones de los 2,6 millones que hay en el conjunto del país) trabaja para la administración regional.
La Administración General del Estado (AGE) mantiene 591.559 funcionarios, las universidades ocupan a 100.672 empleados públicos y los entes locales a más de 657.000.
Andalucía, con casi medio millón de funcionarios, es la comunidad autónoma con más empleados públicos, seguida de Madrid, con 430.971, y Cataluña, 304.515, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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