Acabar con el colapso judicial
Estaba claro que Alberto Ruiz-Gallardón no iba a pasar desapercibido cuando se supo que cambiaría la Alcaldía de la capital de España por un escaño en el Congreso de los Diputados y una esperada cartera ministerial. Y así ha sido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le encargó el Ministerio de Justicia, con todo lo que ello conlleva, ya que se trata de una de las carteras con más tareas pendientes, con más polémicas por algunas resoluciones judiciales y, principalmente, por la lentitud de la burocracia judicial que hace que algunos asuntos lleven años sin poder resolverse. Es una tarea complicada, pero Ruiz-Gallardón no suele arrugarse cuando se propone unas metas. Sus primeras declaraciones en torno a imponer una pena permanente revisable, lo que todos conocen como cadena perpetua, en casos graves de terrorismo y alarma social, han sido bien recibidas por la mayoría de la sociedad española, que sigue sin entender cómo algunos criminales etarras con más de 20 asesinatos en su currículum no cumplen toda su condena o que la sentencia del caso Marta del Castillo parezca una broma hiriente ante el sentido general. Lo que propone el ministro de Justicia es lo que no se podía decir porque no era políticamente correcto, pero él ha buscado ese término medio para no caer tampoco en el populismo. Ayer presentaba soluciones para desatascar la administración judicial y anunciaba que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario. Explicaba el titular de Justicia que ahora se tramita por vía judicial muchos asuntos que tendrían que resolverse de forma distinta, porque no tiene sentido que dos personas que se quieren divorciar de mutuo acuerdo, que sólo necesitan una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado, no puedan formalizar directamente su divorcio ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial. Una obviedad que de momento cuenta además del apoyo de los notarios, del Consejo General de la Abogacía y de los mismos secretarios judiciales que han manifestado que podrían realizar esa labor con coste cero para la ciudadanía. Y lo mismo se puede decir de las bodas civiles, que en estos momentos suelen oficiarlas los alcaldes o concejales en los que delega la autoridad municipal. Sin duda se trata de un proyecto innovador, que si cuenta con el consenso de todas las partes implicadas, podría suponer el fin de uno de los problemas más graves que tiene la sociedad. Si se aprueba, los efectos no serán inmediatos, pero merecerá la pena el esfuerzo para que en el futuro desaparezca este caos.
| diariodeavila. es
Estaba claro que Alberto Ruiz-Gallardón no iba a pasar desapercibido cuando se supo que cambiaría la Alcaldía de la capital de España por un escaño en el Congreso de los Diputados y una esperada cartera ministerial. Y así ha sido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le encargó el Ministerio de Justicia, con todo lo que ello conlleva, ya que se trata de una de las carteras con más tareas pendientes, con más polémicas por algunas resoluciones judiciales y, principalmente, por la lentitud de la burocracia judicial que hace que algunos asuntos lleven años sin poder resolverse. Es una tarea complicada, pero Ruiz-Gallardón no suele arrugarse cuando se propone unas metas. Sus primeras declaraciones en torno a imponer una pena permanente revisable, lo que todos conocen como cadena perpetua, en casos graves de terrorismo y alarma social, han sido bien recibidas por la mayoría de la sociedad española, que sigue sin entender cómo algunos criminales etarras con más de 20 asesinatos en su currículum no cumplen toda su condena o que la sentencia del caso Marta del Castillo parezca una broma hiriente ante el sentido general. Lo que propone el ministro de Justicia es lo que no se podía decir porque no era políticamente correcto, pero él ha buscado ese término medio para no caer tampoco en el populismo. Ayer presentaba soluciones para desatascar la administración judicial y anunciaba que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario. Explicaba el titular de Justicia que ahora se tramita por vía judicial muchos asuntos que tendrían que resolverse de forma distinta, porque no tiene sentido que dos personas que se quieren divorciar de mutuo acuerdo, que sólo necesitan una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado, no puedan formalizar directamente su divorcio ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial. Una obviedad que de momento cuenta además del apoyo de los notarios, del Consejo General de la Abogacía y de los mismos secretarios judiciales que han manifestado que podrían realizar esa labor con coste cero para la ciudadanía. Y lo mismo se puede decir de las bodas civiles, que en estos momentos suelen oficiarlas los alcaldes o concejales en los que delega la autoridad municipal. Sin duda se trata de un proyecto innovador, que si cuenta con el consenso de todas las partes implicadas, podría suponer el fin de uno de los problemas más graves que tiene la sociedad. Si se aprueba, los efectos no serán inmediatos, pero merecerá la pena el esfuerzo para que en el futuro desaparezca este caos.
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