Durante el mes de diciembre, el Gobierno ha aprobado tres normas que modifican de forma sustancial la fiscalidad de las empresas. Este furor legislativo ha provocado un sinfín de dudas entre los fiscalistas y que sólo un número muy reducido de personas conozca a día de hoy cómo queda el Impuesto sobre Sociedades y el que grava las Operaciones Socitarias.
Finalmente, serán válidos los cambios incluidos en el último paquete anticrisis del Ejecutivo, el del pasado 3 de diciembre, aunque para ello haya sido necesario modificar los propios Presupuestos Generales del Estado un día después de su publicación en el BOE (el 23 de diciembre) y de forma camuflada en el nuevo Decreto de regulación del sector eléctrico.
Expertos consultados por este diario criticaron ayer la escasa seguridad jurídica que da una tramitación tan atribulada como la que se ha producido en un asunto de tanta importancia. Todo empezó cuando el pasado 3 de diciembre el Ejecutivo aprobó un paquete de alivio fiscal a las empresas para tranquilizar a los mercados. Lo hizo a toda prisa para hacerlo coincidir con el nuevo marco de los controladores aéreos. En virtud de este Decreto, están exentas de tributar por Operaciones Societarias todas las empresas, y las pymes con un volumen de negocio de hasta 10 millones de euros se beneficiarán de un tipo reducido del Impuesto sobe Sociedades más ventajoso.
Sin embargo, el Gobierno no previó que el Senado iba a vetar otra vez los Presupuestos e impediría que se introdujeran cambios. De esta forma, la Cámara Baja confirmó el texto pactado en septiembre, que colisionaba —y de facto anulaba— las medidas del 3 de diciembre, tan aplaudidas desde el empresariado.
Y lo que pocos saben es que el Gobierno se vio obligado a derogar parte de la Ley de Presupuestos al día siguiente de publicarla en el BOE. Trató así de evitar que las autonomías reclamaran la jugosa recaudación que les suponen las Operaciones Societarias.
Al final, tras maquillar el Decreto de las Eléctricas con normas que poco tienen que ver con el kilowatio, la exención a estas Operaciones sigue en vigor para todas las empresas, que no tributarán al 1% si constituyen sociedades o aumentan capital.
La inclusión de estos remiendos fiscales ha pasado desapercibida por la falta de publicidad que le han dado los pocos miembros de la Administración que la conocen y por su redacción: el arreglo de las Operaciones Societarias no se menciona explícitamente, sólo se anula la Disposición de los Presupuestos.
Un impuesto residual que Europa elimina
Sólo Polonia y Luxemburgo mantienen la presión fiscal a las Operaciones Societarias, que lastra la inversión y creación de sociedades y que la UE recomienda eliminar. Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebra que el Gobierno haya arreglado el desajuste, pero lamenta que algunas fuentes se hayan escudado en el Derecho comunitario para sugerir a las empresas que la propia Ley de Presupuestos no era válida. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), critica que el Gobierno no publicite que ha arreglado el entuerto legislativo.
Los entresijos legislativos del Ejecutivo
¿Qué medidas fiscales dicta el Real Decreto-Ley de los “controladores”? Las pymes se benefician de que el primer tramo del Impuesto sobre Sociedades que tributa al tipo reducido se incrementa de 120.000 euros a 300.000 euros. Y este alivio se aplica a las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros.
El límite se amplió así de 8 a 10 millones. Y se extienden las exenciones en Operaciones Societarias (OS) a todo tipo de empresas. Se exime así de tributar al 1% a todas las compañías en las siguientes operaciones: la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen situadas antes en un Estado miembro.
¿A quién benefician? El propio José Luis Rodríguez Zapatero las anunció dos veces en el Congreso, y la ministra de Economía, Elena Salgado, las desglosó tras el Consejo de Ministros del 3 de diciembre. Aseguró que unas 40.000 empresas se beneficiarían de un alivio fiscal de 240 millones de euros (en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades para pymes). Cada una de las compañías disfrutaría de una rebaja máxima de 9.000 euros, una cifra demasiado optimista si se tiene en cuenta que la mayoría de las pymes no tendrá beneficios de entre 120.000 y 300.000 euros.
En cambio, para las compañías que pasen a ser consideradas de tamaño reducido será como máximo de 15.000 euros.
La exención a las Operaciones Societarias, que se aplica ahora a todas las empresas, la celebran mucho las grandes, ya que supone un gran ahorro en las operaciones voluminosas.
¿En qué se contradecían con los Presupuestos? En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la Ley de Presupuestos, publicada en el BOE del 23 de diciembre, aplica los beneficios a las empresas que alcancen una cifra de negocios de 8 millones de euros. Las exenciones en Operaciones Societarias modifican el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 1/1993. Sólo las pymes estaban liberadas, por lo tanto, de tributar al 1% en las operaciones antes enumeradas.
¿Qué deroga el Decreto del déficit tarifario? Publicado en el BOE del 24 de diciembre, retoma el Decreto de los controladores, y deroga las partes conflictivas de la Ley de Presupuestos, a la espera de que el Congreso lo ratifique.
La Disposición derogatoria única anula lo que dice la Ley de las Cuentas para las Operaciones Societarias (en la Disposición transitoria séptima) desde 1 de enero de 2011, pero no lo menciona explícitamente.
Pero explica con claridad que los beneficios para pymes se aplican para las compañías con cifras de negocio de hasta 10 millones de euros.
Finalmente, serán válidos los cambios incluidos en el último paquete anticrisis del Ejecutivo, el del pasado 3 de diciembre, aunque para ello haya sido necesario modificar los propios Presupuestos Generales del Estado un día después de su publicación en el BOE (el 23 de diciembre) y de forma camuflada en el nuevo Decreto de regulación del sector eléctrico.
Expertos consultados por este diario criticaron ayer la escasa seguridad jurídica que da una tramitación tan atribulada como la que se ha producido en un asunto de tanta importancia. Todo empezó cuando el pasado 3 de diciembre el Ejecutivo aprobó un paquete de alivio fiscal a las empresas para tranquilizar a los mercados. Lo hizo a toda prisa para hacerlo coincidir con el nuevo marco de los controladores aéreos. En virtud de este Decreto, están exentas de tributar por Operaciones Societarias todas las empresas, y las pymes con un volumen de negocio de hasta 10 millones de euros se beneficiarán de un tipo reducido del Impuesto sobe Sociedades más ventajoso.
Sin embargo, el Gobierno no previó que el Senado iba a vetar otra vez los Presupuestos e impediría que se introdujeran cambios. De esta forma, la Cámara Baja confirmó el texto pactado en septiembre, que colisionaba —y de facto anulaba— las medidas del 3 de diciembre, tan aplaudidas desde el empresariado.
Y lo que pocos saben es que el Gobierno se vio obligado a derogar parte de la Ley de Presupuestos al día siguiente de publicarla en el BOE. Trató así de evitar que las autonomías reclamaran la jugosa recaudación que les suponen las Operaciones Societarias.
Al final, tras maquillar el Decreto de las Eléctricas con normas que poco tienen que ver con el kilowatio, la exención a estas Operaciones sigue en vigor para todas las empresas, que no tributarán al 1% si constituyen sociedades o aumentan capital.
La inclusión de estos remiendos fiscales ha pasado desapercibida por la falta de publicidad que le han dado los pocos miembros de la Administración que la conocen y por su redacción: el arreglo de las Operaciones Societarias no se menciona explícitamente, sólo se anula la Disposición de los Presupuestos.
Un impuesto residual que Europa elimina
Sólo Polonia y Luxemburgo mantienen la presión fiscal a las Operaciones Societarias, que lastra la inversión y creación de sociedades y que la UE recomienda eliminar. Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebra que el Gobierno haya arreglado el desajuste, pero lamenta que algunas fuentes se hayan escudado en el Derecho comunitario para sugerir a las empresas que la propia Ley de Presupuestos no era válida. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), critica que el Gobierno no publicite que ha arreglado el entuerto legislativo.
Los entresijos legislativos del Ejecutivo
¿Qué medidas fiscales dicta el Real Decreto-Ley de los “controladores”? Las pymes se benefician de que el primer tramo del Impuesto sobre Sociedades que tributa al tipo reducido se incrementa de 120.000 euros a 300.000 euros. Y este alivio se aplica a las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros.
El límite se amplió así de 8 a 10 millones. Y se extienden las exenciones en Operaciones Societarias (OS) a todo tipo de empresas. Se exime así de tributar al 1% a todas las compañías en las siguientes operaciones: la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen situadas antes en un Estado miembro.
¿A quién benefician? El propio José Luis Rodríguez Zapatero las anunció dos veces en el Congreso, y la ministra de Economía, Elena Salgado, las desglosó tras el Consejo de Ministros del 3 de diciembre. Aseguró que unas 40.000 empresas se beneficiarían de un alivio fiscal de 240 millones de euros (en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades para pymes). Cada una de las compañías disfrutaría de una rebaja máxima de 9.000 euros, una cifra demasiado optimista si se tiene en cuenta que la mayoría de las pymes no tendrá beneficios de entre 120.000 y 300.000 euros.
En cambio, para las compañías que pasen a ser consideradas de tamaño reducido será como máximo de 15.000 euros.
La exención a las Operaciones Societarias, que se aplica ahora a todas las empresas, la celebran mucho las grandes, ya que supone un gran ahorro en las operaciones voluminosas.
¿En qué se contradecían con los Presupuestos? En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la Ley de Presupuestos, publicada en el BOE del 23 de diciembre, aplica los beneficios a las empresas que alcancen una cifra de negocios de 8 millones de euros. Las exenciones en Operaciones Societarias modifican el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 1/1993. Sólo las pymes estaban liberadas, por lo tanto, de tributar al 1% en las operaciones antes enumeradas.
¿Qué deroga el Decreto del déficit tarifario? Publicado en el BOE del 24 de diciembre, retoma el Decreto de los controladores, y deroga las partes conflictivas de la Ley de Presupuestos, a la espera de que el Congreso lo ratifique.
La Disposición derogatoria única anula lo que dice la Ley de las Cuentas para las Operaciones Societarias (en la Disposición transitoria séptima) desde 1 de enero de 2011, pero no lo menciona explícitamente.
Pero explica con claridad que los beneficios para pymes se aplican para las compañías con cifras de negocio de hasta 10 millones de euros.
El Consejo de Ministros aprobará este jueves en su última reunión del año la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones mínimas y el decreto que regula la actividad de las agencias privadas de colocación.
En principio, el Gobierno ofreció a los sindicatos una subida del salario mínimo del 1%, que las organizaciones calificaron de "totalmente inaceptable".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración explicaron a Servimedia que la cifra que finalmente apruebe el Consejo de Ministros puede variar de ese 1%. Por otro lado, el Gobierno aprobará también este jueves la revalorización de las pensiones mínimas, que subirán un 1% según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Asimismo, se revisarán el conjunto de las pensiones para compensar a los beneficiarios por la desviación de la inflación durante este año. En este sentido, los ocho millones y medio de pensionistas españoles recibirán un incremento del 1,3% en su pensión ya que la inflación se situó en noviembre en el 2,3%, frente al 1% previsto inicialmente por el Gobierno.
Además, serán compensados a finales del próximo mes de enero con una paga adicional por el dinero que han dejado de percibir durante todo el año 2010 al aprobarse una subida inferior en 1,3 puntos a la inflación. En total, la desviación de la inflación supondrá un coste para la Seguridad Social de 2.659,32 millones de euros.
Por último, el Consejo de Ministros aprobará el decreto que regula la actividad de las agencias privadas de colocación, que se incluía en la reforma laboral aprobada en septiembre. Entre otras medidas, el decreto exigirá a estas agencias que ofrezcan servicios gratuitos a los parados y que operen con todos ellos, sin ningún tipo de discriminación por nivel de empleabilidad.
También deberán acreditar un cierto nivel de fondos propios. En este sentido, el real decreto requiere a las agencias con ánimo de lucro que realicen al menos el 40% de su actividad con financiación propia, mientras que las agencias que no tengan animo de lucro sólo tendrán que cubrir el 10%.
En principio, el Gobierno ofreció a los sindicatos una subida del salario mínimo del 1%, que las organizaciones calificaron de "totalmente inaceptable".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración explicaron a Servimedia que la cifra que finalmente apruebe el Consejo de Ministros puede variar de ese 1%. Por otro lado, el Gobierno aprobará también este jueves la revalorización de las pensiones mínimas, que subirán un 1% según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Asimismo, se revisarán el conjunto de las pensiones para compensar a los beneficiarios por la desviación de la inflación durante este año. En este sentido, los ocho millones y medio de pensionistas españoles recibirán un incremento del 1,3% en su pensión ya que la inflación se situó en noviembre en el 2,3%, frente al 1% previsto inicialmente por el Gobierno.
Además, serán compensados a finales del próximo mes de enero con una paga adicional por el dinero que han dejado de percibir durante todo el año 2010 al aprobarse una subida inferior en 1,3 puntos a la inflación. En total, la desviación de la inflación supondrá un coste para la Seguridad Social de 2.659,32 millones de euros.
Por último, el Consejo de Ministros aprobará el decreto que regula la actividad de las agencias privadas de colocación, que se incluía en la reforma laboral aprobada en septiembre. Entre otras medidas, el decreto exigirá a estas agencias que ofrezcan servicios gratuitos a los parados y que operen con todos ellos, sin ningún tipo de discriminación por nivel de empleabilidad.
También deberán acreditar un cierto nivel de fondos propios. En este sentido, el real decreto requiere a las agencias con ánimo de lucro que realicen al menos el 40% de su actividad con financiación propia, mientras que las agencias que no tengan animo de lucro sólo tendrán que cubrir el 10%.
La Comisión del Pacto de Toledo ha dado el visto bueno al documento de recomendaciones para la reforma de las pensiones, con la oposición de los partidos de izquierda (ERC-IU-ICV y BNG) y el beneplácito del resto de grupos.
El informe con 21 recomendaciones, que será sometido a la votación del pleno del Congreso previsiblemente el 25 de enero, ha contado con la oposición de ERC-IU-ICV y BNG, que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlo.
Todos los grupos -salvo el PSOE- lamentaron que el Ejecutivo vaya a aprobar su proyecto de ley el 28 de enero, dos o tres días después de que el pleno dé luz verde al informe del Pacto de Toledo, lo que creen que evidencia que la nueva norma sobre pensiones ya está escrita y deja en entredicho las recomendaciones del Parlamento.
Por el contrario, se felicitaron por recoger en las recomendaciones -con el visto bueno del PSOE- el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas en 2011, lo que implicará que por primera vez el Gobierno incumpla una de las sugerencias del Pacto de Toledo, según recordó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.
La intervención de Olabarría y la del portavoz del PP, Tomás Burgos, fueron las más críticas con el Ejecutivo dentro de los grupos que aprobaron las recomendaciones.
Burgos además mostró su disconformidad con las formas a las que ha estado sometida la comisión, que ha trabajado "con un vértigo procedimental que ha estado a punto de echar por tierra el acuerdo".
Por el contrario, CiU y PSOE adoptaron un tono más positivo, ya que para el portavoz del grupo catalán, Carles Campuzano, la aprobación del informe del Pacto de Toledo envía a la ciudadanía el mensaje de que la clase política está apostando por dar estabilidad y seguridad a los pensionistas de hoy y del futuro.
La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, destacó que todos los grupos se pueden sentir reflejados en unas recomendaciones en las que cree que se ha primado el consenso.
Entre los asuntos que han contado con el beneplácito de todos los grupos destacó la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años.
Ésta es una de las pocas cuestiones con las que están de acuerdo las formaciones ERC-IU-ICV y BNG, que aseguraron que no podían votar a favor de unas recomendaciones que no rechazan con claridad el elevar la edad de jubilación por encima de los 65 años, como explicó en el debate la portavoz de la formación gallega, Olaia Fernández.
En lo que respecta al periodo de cálculo, las formaciones de izquierda se quejaron de la ambigüedad de una recomendación en la que se dice que la comisión está a favor de que el cómputo de la pensión se modifique "para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador".
Además de los dos temas más polémicos -edad de jubilación y periodo de cálculo de la pensión-, las sugerencias de la comisión incluyen estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC.
También plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para que en los matrimonios con régimen de bienes gananciales, el cónyuge que trabaje genere también pensión para el que no está presente en el mercado laboral.
Se aboga por que los periodos de atención a los hijos o familiares dependientes se tengan en cuenta en el cómputo de la pensión.
Asimismo, se insta a incentivar fiscalmente los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y para autónomos.
El informe con 21 recomendaciones, que será sometido a la votación del pleno del Congreso previsiblemente el 25 de enero, ha contado con la oposición de ERC-IU-ICV y BNG, que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlo.
Todos los grupos -salvo el PSOE- lamentaron que el Ejecutivo vaya a aprobar su proyecto de ley el 28 de enero, dos o tres días después de que el pleno dé luz verde al informe del Pacto de Toledo, lo que creen que evidencia que la nueva norma sobre pensiones ya está escrita y deja en entredicho las recomendaciones del Parlamento.
Por el contrario, se felicitaron por recoger en las recomendaciones -con el visto bueno del PSOE- el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas en 2011, lo que implicará que por primera vez el Gobierno incumpla una de las sugerencias del Pacto de Toledo, según recordó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.
La intervención de Olabarría y la del portavoz del PP, Tomás Burgos, fueron las más críticas con el Ejecutivo dentro de los grupos que aprobaron las recomendaciones.
Burgos además mostró su disconformidad con las formas a las que ha estado sometida la comisión, que ha trabajado "con un vértigo procedimental que ha estado a punto de echar por tierra el acuerdo".
Por el contrario, CiU y PSOE adoptaron un tono más positivo, ya que para el portavoz del grupo catalán, Carles Campuzano, la aprobación del informe del Pacto de Toledo envía a la ciudadanía el mensaje de que la clase política está apostando por dar estabilidad y seguridad a los pensionistas de hoy y del futuro.
La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, destacó que todos los grupos se pueden sentir reflejados en unas recomendaciones en las que cree que se ha primado el consenso.
Entre los asuntos que han contado con el beneplácito de todos los grupos destacó la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años.
Ésta es una de las pocas cuestiones con las que están de acuerdo las formaciones ERC-IU-ICV y BNG, que aseguraron que no podían votar a favor de unas recomendaciones que no rechazan con claridad el elevar la edad de jubilación por encima de los 65 años, como explicó en el debate la portavoz de la formación gallega, Olaia Fernández.
En lo que respecta al periodo de cálculo, las formaciones de izquierda se quejaron de la ambigüedad de una recomendación en la que se dice que la comisión está a favor de que el cómputo de la pensión se modifique "para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador".
Además de los dos temas más polémicos -edad de jubilación y periodo de cálculo de la pensión-, las sugerencias de la comisión incluyen estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC.
También plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para que en los matrimonios con régimen de bienes gananciales, el cónyuge que trabaje genere también pensión para el que no está presente en el mercado laboral.
Se aboga por que los periodos de atención a los hijos o familiares dependientes se tengan en cuenta en el cómputo de la pensión.
Asimismo, se insta a incentivar fiscalmente los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y para autónomos.
