Aseguran que existen indicios de tráfico de niños y falsificación de documentos públicos, de simulaciones de partos y de secuestros y detenciones ilegales, delitos que no prescriben. Por lo que en caso de que la denuncia no prospere, los afectados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago e inscripción como hijo propio", no como adoptado, explica el abogado de Anadir, Enrique Vila.
El letrado, él mismo adoptado, lleva años tratando de ayudar a centenares de personas en la búsqueda de sus padres biológicos.
El robo de niños comenzó en España como una "depuración política" tras la Guerra Civil: hasta 30.000 madres vieron cómo les arrebataban a sus hijos por ser republicanas con el objetivo de que los niños fueran educados en la afección al régimen franquista, unos hechos a los que ya apuntó el juez Baltasar Garzón durante su fracasada investigación del franquismo.
"Había casos de mujeres embarazadas que estaban condenadas a muerte. A veces esperaban a que naciera el niño y horas después se las fusilaba", según el historiador catalán Ricard Vinyes. Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuando en las cárceles dejó de haber mujeres con hijos, la dictadura fue a buscar a ex presas y esposas de presos y ex presos en las maternidades. "Allí continuaron su labor represora".
Pero luego, ese robo de niños continuó "como negocio", según Vila. Un negocio en el que estarían implicadas religiosas que trabajaban en las clínicas de alumbramiento y personal sanitario como médicos, matronas y enfermeras.
"Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños", dice Vila.
La forma de operar solía ser casi siempre la misma, con pequeñas variaciones. Matrimonios que no podían tener hijos se ponían en contacto con personas que les podían "facilitar" un bebé.
Después les avisaban de dónde tenían que recogerlo y cuánto tenían que pagar por él, un dinero que en muchos casos ellos pensaban que era para papeleo y gastos médicos. Una vez realizado el intercambio, matronas o auxiliares de enfermería en sus ciudades falsificaban el certificado de nacimiento para que los nuevos padres pudieran inscribir al bebé en el registro civil.
Todos cobraban, menos las madres biológicas. Entre ellas, jóvenes solteras presionadas por la sociedad de la época y prostitutas que no podían tener al bebé, pero también mujeres sin intención alguna de dar en adopción a sus hijos a quienes les arrebataban a sus niños asegurándoles que habían muerto. Y nunca veían una partida de defunción.
Las décadas de los 60 y 70 son las que más casos registraron, pero las tramas habrían seguido operando con la democracia incipiente y podrían haberse extendido incluso a los años 90.
Los afectados han instado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a crear un banco de ADN en el que se puedan cruzar los datos de los denunciantes. No lo han conseguido, pero han llegado a un acuerdo con una entidad privada para que por un precio módico, quienes lo deseen puedan registrarlo.
"Pedimos que se abra una investigación penal que determine si hubo delito. Y si fue así, que se envíe a los jueces. Después, la labor biólogica de buscar a los familiares es ya un trabajo personal", sostiene Vila.
LA VANGUARDIA
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