La gente que vivimos en un estado de derecho, como supuestamente es el nuestro, esperamos de los poderes públicos que velen por los intereses de los ciudadanos en su conjunto y que, como harto estamos de padecerlo, no beneficien los intereses de unos en perjuicio de otros, vulnerando las normas existentes, que supuestamente se crearon para salvar los derechos que tenemos a nivel individual y colectivo.
Por desgracia, quienes deberían procurar el cumplimento de esas normas, suelen ser los primeros en ignorarlas y mirar para otro lado cada vez que les conviene, en ocasiones, incluso en ser los primeros en vulnerarlas de forma consciente y premeditada.
Lo anterior viene a cuento, de la noticia publicada en la prensa provincial sobre la investigación o denuncia promovida por el Colegio Provincial de Arquitectos, sobre presuntas irregularidades, quizás algo más, en la aplicación de las normas urbanísticas y una buena parte de los municipios de Salamanca.
De lo publicado, se deduce, puedan existir Ayuntamientos que, haciendo dejación de las obligaciones que les son propias, no exigen a quienes desean efectuar obras diversas, construcción de viviendas, rehabilitación de las mismas, etc., las correspondientes licencias de obras, con lo cual, quien pueda estar actuando de tal forma, está propiciando que las arcas municipales, de donde esos hechos se producen, dejen de ingresar unas cantidades de dinero tan necesario para el normal desenvolvimiento de los servicios que los municipios deben prestar a la comunidad.
Si a lo anterior unimos, que se producen numerosos casos en los que las construcciones se efectúan sobre terrenos rústicos, incluso en parcelas declaradas proindiviso, como sucede en aquellos lugares donde se hizo la concentración parcelaria que tanto dinero público supuso. Se edifican volúmenes superiores a los permitidos; se levantan plantas por encima de lo reglamentado; se apropian de terrenos de uso público como cañadas, caminos o callejas, para uso privado; se construyen garajes o locales en una altura superior al nivel de la calle y se levantan rampas de acceso a los mismos con flagrante apropiación del espacio público y perjuicio a vecinos.
Tiene miga y es grave, lo que antecede. Pero no queda ahí la cosa. Las viviendas construidas lo fueron sin las correspondientes memorias y proyectos elaborados por personal habilitado a tal fin, como es el caso de los arquitectos que presentan la denuncia que, obviamente, ven perjudicados sus intereses de colectivo y de quienes cumplen con la legalidad vigente en cada momento. Además, las construcciones levantadas de esta forma irregular, al igual que las que cumplen la normativa, mientras son construidas, ocupan la vía pública con materiales, andamios, hormigoneras, etc.; pero ya edificadas, deben ser dotadas de los diferentes servicios públicos que prestan municipios y otros organismos: agua, saneamiento, recogida de basura, luz, gas, pavimentación, etc., sin haber contribuido –por el escaqueo de tasas e impuestos de las licencias, proyectos, memorias…- al sostenimiento de esas servicios que ahora exigen se les preste.
Y como la cosa no acaba aquí, los aprovechados de turno, en connivencia con quienes deberían ser los guardianes de la legalidad, inscriben las nuevas edificaciones como casetas, industrias, pajares o almacenes, aunque estén dedicadas a primera o segunda residencia, con lo cual se produce otro fraude, en este caso en el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Ya ha pasado un tiempo desde que la prensa hizo pública la denuncia, esperemos que el organismo ante el que se presento, con diligencia y rigor, investigue lo que pueda haber sucedido en cada caso y, si hay algo que reprochar o exigir en algún lugar, pues que se exijan las responsabilidades que procedan y, en definitiva, que cada palo aguante su vela.
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