Las dos terceras partes de los alemanes consideran que la corrupción echa raíces cada vez más profundas en el país.
El presidente alemán, Christian Wulff, anunció su dimisión a causa del escándalo de tráfico de influencias en el que se vio envuelto desde diciembre de 2011,
Empiezando por Wulff y terminando por los armados en torno a los consorcios rectores Siemens, Daimler, Telecom… De ello hablan también las investigaciones de Transparency International, así como el reciente informe del Consejo de Europa hecho a base de las conclusiones del “Grupo de países contra la corrupción” (GRECO).
La alianza anticorrupción GRECO que comprende cuarente y nueve países fue creada en 1999. Hoy día Alemania se encuentra en compañía de cuatro socios: San Marino, Lichtenstein, Austria e Italia, que, por razones obvias, no han ratificado el tratado sobre la erradicación de la corrupción. Lo mismo pasa con la Convención de la ONU contra la corrupción. De las veinte recomendaciones para perfeccionar la legislación anticorrupción Berlín cumplió a duras penas cuatro.
¿Quién lo frena? Como es natural, aquellos de los que depende la adopción de nuevas normas jurídicas: los poderes legislativo y ejecutivo. Al día de hoy los representantes de la pirámide del poder de Alemania si son responsables ante la ley, “lo son en una forma muy reducida”.
Según pronósticos del Instituto de Investigación de la Universidad de Linz, Austria, en 2012, el daño ocasionado por la corrupción a la economía germana se calculará, como mínimo,"" en doscientos cincuenta millardos de euros"".
Después de dedicar más de una década a la lucha contra la corrupción, el fiscal Wolfgang Schaupensteiner ha llegado a una amarga conclusión, que tiene en estado de alerta a su pequeño departamento de Francfort y al Gobierno federal, y en estado de éxtasis a la prensa. «La corrupción se ha institucionalizado en Alemania –afirma el funcionario con un timbre de voz parecido a la decepción–. Se ha vuelto un problema estructural en este país».
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La sucesión de escándalos políticos y sobornos empresariales carcome el tejido institucional de la capital económica de Europa. «Nos hemos convertido en la república del unto»
Por ejemplo, el que está arruinando la imagen de solvencia y honradez del poderoso Partido Socialdemócrata (SPD) en la ciudad de Colonia, un escándalo que se originó durante una exclusiva y secreta reunión escenificada un hermoso día de verano de 1994 en Zürich y en la que participaron dos empresarios multimillonarios, un importante político socialdemócrata y un funcionario corrupto.
Ese dia, Arthur Hoffmann, un alto ejecutivo de la firma suiza Stenna AG, llegó al Hotel Hilton con un maletín. En su interior, ocho millones de marcos, una suma que había sido enviada desde Alemania para premiar el delicado trabajo de un destacado funcionario de la Administración local de Colonia y la discreta intermediación de Karl Wienand, un veterano ex dirigente del SPD amigo de hacer negocios al margen de la ley.
Wienand obtuvo 3,6 millones de marcos como recompensa por sus gestiones ante la jerarquía del partido. El funcionario de Colonia se embolsó otros dos, como premio por el esfuerzo realizado para conseguir que la ciudad autorizase la construcción de un enorme centro de tratamiento de basura. Hoffman se guardó los 2,4 millones restantes: el pago por los servicios que prestó su firma en la transferencia del dinero.
Cabos sueltos
La Fiscalía de Colonia, que investiga en la actualidad uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del SPD, todavía sigue atando cabos sueltos de aquella reunión de Zürich. Sus sabuesos tienen la certeza de que las industrias que participaron en el proyecto utilizaron el canal suizo para repartir dinero a todas las personas que aportaron su influencia para hacer posible la planta de residuos.
En primer lugar, la dirección regional del SPD de Colonia. Entre 1994 y 1999, el partido recibió 830.000 marcos en donaciones encubiertas realizadas por varios agradecidos empresarios que participaron en la construccion. Peor aún: el escándalo contaminó a otras ciudades en la cuenca del Ruhr, donde los socialdemócratas detentan el poder desde hace cuarenta años. «El SPD lucha por su honor y su prestigio», sentenció Wolfgang Clemens, el poderoso jefe del Gobierno regional de Renania del Norte Westfalia, al resumir el estado de ánimo de su formación en el Land más poblado del país y bastión del SPD desde hace más de tres décadas. «Colonia es sólo la punta de un peligroso iceberg; un caso como ese puede ocurrir en cualquier ciudad alemana, y no está limitado a un partido político –sostiene Ute Bartels, directora de la sección germana de la organización no gubernamental Transparency International, que chequea el nivel de corrupción que existe en el mundo–. Los últimos escándalos sólo han empeorado un mal que carcome progresivamente el tejido institucional de Alemania, pero que extiende sus tentáculos por todo el planeta».
Esta realidad convenció a los editores de la prestigiosa revista Der Spiegel para bautizar al país en su última edición como «la república del unto». «Alemania se transforma en una república bananera», sentenció la publicación en un amplio reportaje dedicado al escándalo en el seno del SPD. «Los partidos no se contentan con detentar los tres poderes del Estado, sino que han creado un cuarto. Junto al poder ejecutivo, judicial y legislativo, han establecido el lucrativo, cuya única ley es: ‘todo tiene su precio’», denunció a su vez el periódico Berliner Zeitung.
Diez días atrás, el país se estremeció con una noticia procedente de Munich: la Fiscalía de la capital bávara anunciaba que está investigando a 4.000 médicos que supuestamente se han dejado sobornar por una multinacional, que pagó viajes, regaló entradas para los principales partidos del último Mundial de Fútbol y repartió regalos para premiar la complicidad de los facultativos, que se prestaron a recetar medicamentos de esta firma a sus pacientes.
Las investigaciones se iniciaron en 1999, a raíz de una denuncia contra la compañía farmacológica Smith Kline Beecham, que fue acusada de los delitos de evasión fiscal y soborno. Después de un registro realizado en su sede central y en otras empresas farmacéuticas, la Fiscalía logró completar una lista con más de cien clínicas y hospitales que habían recibido dinero de la multinacional.
Los médicos que aceptaron sus dádivas debían recetar a grupos de, por lo menos, veinte pacientes un medicamento para combatir la alta presión sanguínea y remitir a Smith Kline Beecham informes sobre su evolución. El nuevo fármaco era siete veces más caro que otros similares a la venta en el país.
La cosa no es nueva. Alemania tiene una larga tradición de escándalos, que se inició casi simultáneamente a la propia constitución de la nueva república, en el lejano 1949. Cuando el recién creado Bundestag (Parlamento federal) debía votar la nueva capital provisoria del país –Bonn o Francfort–, varios parlamentarios recibieron la suma de 20.000 marcos para inclinar la decisión a favor de Bonn, la ciudad elegida por Konrad Adenauer.
En 1981 estalló el denominado caso Flick, al descubrirse el intento del multimillonario empresario Karl Friedrich de comprar a los cuatro principales partidos de la época –SPD, CDU, CSU y FDP– para obtener una exención fiscal en la venta de un paquete de acciones de Daimler Benz valorado en 2.000 millones de marcos. Hace dos años, la ciudadanía fue testigo de una insólita confesión del ex canciller Helmut Kohl, quien admitió ante las cámaras de televisión haber violado la ley al aceptar donaciones ilícitas.
Efectos de la honradez
«El Código Penal sólo persigue y castiga a los parlamentarios que venden su voto, pero no hay pena para los funcionarios de los partidos que se dejan sobornar», señala Wolfgang Schaupensteiner, autor de un catálogo de medidas destinadas a combatir la corrupción. La principal de ellas es la elaboración de una lista de empresas que utilizan estas prácticas irregulares para sellar negocios. «Todas las sociedades que aparecieran en el registro no deberían recibir contratos públicos», dice el responsable del ministerio fiscal.
Pero los responsables de legislar no parecen tener prisa y este catálogo sólo tiene el carácter de un valiente proyecto. Mientras tanto, Schaupensteiner tiene otra certeza que le quita el sueño: la honestidad es peligrosa en Alemania. «Un corredor de propiedades me contó una vez que había muchas empresas que no eran corruptas –resume el fiscal–. Pero añadió que todas habían quebrado».
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