Entidades locales menores: el gobierno pretende aplicar una ley que suprime 3.720 juntas vecinales
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local eliminará la autonomía y la gestión de su patrimonio a más de 3.000 juntas vecinales.
María José Esteso Poves. Redacción
Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.
Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.
Expolio de recursos
“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza... Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayuntamientos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.
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