Juzgarán al alcalde de Pitillas por vigilar a dos ediles cuando leían documentos
Ordenó a un empleado que estuviera con ellas mientras veían las cuentas de 2002
GONZALO RUIZ ERASO. PAMPLONA.
El alcalde de Pitillas, Rafael Esparza Hernández (UPN), será juzgado por una supuesta falta contra las personas por haber ordenado a un empleado municipal que estuviera presente mientras dos concejalas de la localidad, Paz Azkona Serrano y Berta Anaut Benito, examinaban en el Salón de Plenos documentación relativa al Ayuntamiento, las cuentas generales de 2002.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra considera que los hechos pueden ser constitutivos de una falta contra las personas del artículo 620.2 del Código Penal, que castiga las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve. El tribunal sostiene que el comportamiento del alcalde podría atentar contra la integridad moral de las denunciantes «al someterles a una generalizada sospecha» sobre la corrección en el ejercicio de la fiscalización municipal, a la que tienen derecho como representantes políticas.
En la resolución, sin embargo, la Audiencia rechaza que los hechos sean constitutivos de un delito de coacciones ni de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos ni de prevaricación, como sostenía la defensa de las dos ediles.
El 3 de noviembre de 2003, Paz Azkona interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Olite. Según expuso, cuando estudiaba en el Salón de Plenos las cuentas generales de 2002 junto con otros dos miembros de su mismo grupo Alternativa Democrática de Pitillas, el empleado de servicios múltiples, Mario Sagardoy Pueyo, estuvo presente en todo momento por orden del alcalde.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tafalla incoó diligencias y, tras citar como imputado a Esparza y como testigo a Sagardoy, decretó el 15 de diciembre el sobreseimiento de las actuaciones al estimar que los hechos no eran constitutivos de infracción penal. Las denunciantes interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra, mientras que el Ministerio Fiscal y la defensa del alcalde solicitaron la confirmación de la resolución de archivo dictada por el juez instructor.
En un auto que es irrecurrible, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la acusación particular y ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tafalla que celebre un juicio de faltas contra Esparza.
Ordenó a un empleado que estuviera con ellas mientras veían las cuentas de 2002
GONZALO RUIZ ERASO. PAMPLONA.
El alcalde de Pitillas, Rafael Esparza Hernández (UPN), será juzgado por una supuesta falta contra las personas por haber ordenado a un empleado municipal que estuviera presente mientras dos concejalas de la localidad, Paz Azkona Serrano y Berta Anaut Benito, examinaban en el Salón de Plenos documentación relativa al Ayuntamiento, las cuentas generales de 2002.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra considera que los hechos pueden ser constitutivos de una falta contra las personas del artículo 620.2 del Código Penal, que castiga las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve. El tribunal sostiene que el comportamiento del alcalde podría atentar contra la integridad moral de las denunciantes «al someterles a una generalizada sospecha» sobre la corrección en el ejercicio de la fiscalización municipal, a la que tienen derecho como representantes políticas.
En la resolución, sin embargo, la Audiencia rechaza que los hechos sean constitutivos de un delito de coacciones ni de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos ni de prevaricación, como sostenía la defensa de las dos ediles.
El 3 de noviembre de 2003, Paz Azkona interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Olite. Según expuso, cuando estudiaba en el Salón de Plenos las cuentas generales de 2002 junto con otros dos miembros de su mismo grupo Alternativa Democrática de Pitillas, el empleado de servicios múltiples, Mario Sagardoy Pueyo, estuvo presente en todo momento por orden del alcalde.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tafalla incoó diligencias y, tras citar como imputado a Esparza y como testigo a Sagardoy, decretó el 15 de diciembre el sobreseimiento de las actuaciones al estimar que los hechos no eran constitutivos de infracción penal. Las denunciantes interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra, mientras que el Ministerio Fiscal y la defensa del alcalde solicitaron la confirmación de la resolución de archivo dictada por el juez instructor.
En un auto que es irrecurrible, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la acusación particular y ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tafalla que celebre un juicio de faltas contra Esparza.
