La propuesta de Directiva de armonización de Sociedades supone un importante reto para España porque revoluciona la legislación y la estructura del impuesto: por un lado, porque la base fiscal va a tener más diferencias que en la actualidad con la contabilidad, clave en España, y, en segundo lugar, porque establece un nuevo marco de prescripciones con consecuencias penales y tributarias. De esta forma, mientras que en España el plazo de prescripción es de 4 años, la Directiva contempla tres plazos de 3, 6 y 12 años.
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