Supongamos que un
ayuntamiento es instado por la comunidad de propietarios de un
edificio de viviendas, y por el propio constructor a que no otorgue licencia de obras, debido al estado de las viviendas y al proceso de reclamación abierto ante los tribunales.
Ese ayuntamiento desoye ambas peticiones, y otorga licencia de obra en los bajos de este edificio.
A la vista del agravamiento de las gritas que ya tenían las paredes, el supuesto ayuntamiento, casi un mes más tarde ordena la paralización de
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