SUSANA ARIZAGA La falta de pruebas y las dudas sobre la existencia del delito ha obligado a la Audiencia Provincial a absolver a un agricultor de Casaseca de Campeán y a un joven marroquí del delito de tráfico ilegal de inmigrantes, aunque ninguno de los testigos, trabajadores nacidos en el mismo pueblo marroquí y llegados a Zamora con contratos del zamorano, negó que no se exigiera dinero a otros compatriotas para venir a España. E incluso uno de ellos indicó que «lo de pedir dinero» para conseguir un contrato de trabajo en Zamora «se decía por allí», es decir, en la localidad en la que residían.
En la absolución de los dos procesados, que estaban en libertad condicional y se enfrentaban a seis años de cárcel cada uno, ha resultado decisiva la negativa de la hermana del imputado originario de Marruecos a declarar contra éste, A. Y., de 30 años de edad. La investigación policial de la supuesta trama de tráfico de inmigrantes partió de la denuncia que la joven interpuso en su día en la Comisaría de Zamora, de la que se retractó en el juicio celebrado el 14 de diciembre, cuando alegó que «todo fue un malentendido con la Policía Nacional por las dificultades del idioma.
En los autos judiciales consta que la joven denunciante, S. Y., relató que para poder entrar en España con un contrato de trabajo y un permiso de residencia había abonado 6.000 euros al agricultor zamorano, J. M. P. B., de 65 años, dueño desde hacía 15 años de una explotación agrícola en El Perdigón y de una cabaña ganadera de 1.000 reses. Cuando la joven se negó a pastorear y quiso recuperar su libertad, el hombre le habría exigido el pago de otros 6.000 euros para comprar su contrato, lo que la movió a acudir a la Comisaría. En el juicio celebrado en la Audiencia, el resto de ex empleados del zamorano negaron haber abonado hasta 8.000 euros por obtener el contrato laboral, como aseguran el fiscal y la policía. Ante tales circunstancias, los magistrados del Tribunal provincial subrayan en su sentencia que ante «la duda» debe optarse por una resolución «en beneficio de los acusados». Sólo consideran probado que el zamorano, al serle imposible encontrar en el Inem desempleados dispuestos a trabajar como pastores, contrató al otro acusado, A. Y., que había llegado en partera a España. Ambos viajaron hasta el lugar de nacimiento del ciudadano marroquí que trabajó entre 2003 y 2006 para el labriego de El Perdigón, que en esa visita inicia una amistad con los padres del inmigrante, contrata al hermano y a la hermana de A. Y., y cuando precisa de nuevos empleados, a otros jóvenes de esa aldea, a los que conoció a través de la familia amiga. Todos buscan otros trabajos tras permanecer escaso tiempo en el negocio del zamorano, porque les pagaba poco y era un trabajo duro, declararon.
En la absolución de los dos procesados, que estaban en libertad condicional y se enfrentaban a seis años de cárcel cada uno, ha resultado decisiva la negativa de la hermana del imputado originario de Marruecos a declarar contra éste, A. Y., de 30 años de edad. La investigación policial de la supuesta trama de tráfico de inmigrantes partió de la denuncia que la joven interpuso en su día en la Comisaría de Zamora, de la que se retractó en el juicio celebrado el 14 de diciembre, cuando alegó que «todo fue un malentendido con la Policía Nacional por las dificultades del idioma.
En los autos judiciales consta que la joven denunciante, S. Y., relató que para poder entrar en España con un contrato de trabajo y un permiso de residencia había abonado 6.000 euros al agricultor zamorano, J. M. P. B., de 65 años, dueño desde hacía 15 años de una explotación agrícola en El Perdigón y de una cabaña ganadera de 1.000 reses. Cuando la joven se negó a pastorear y quiso recuperar su libertad, el hombre le habría exigido el pago de otros 6.000 euros para comprar su contrato, lo que la movió a acudir a la Comisaría. En el juicio celebrado en la Audiencia, el resto de ex empleados del zamorano negaron haber abonado hasta 8.000 euros por obtener el contrato laboral, como aseguran el fiscal y la policía. Ante tales circunstancias, los magistrados del Tribunal provincial subrayan en su sentencia que ante «la duda» debe optarse por una resolución «en beneficio de los acusados». Sólo consideran probado que el zamorano, al serle imposible encontrar en el Inem desempleados dispuestos a trabajar como pastores, contrató al otro acusado, A. Y., que había llegado en partera a España. Ambos viajaron hasta el lugar de nacimiento del ciudadano marroquí que trabajó entre 2003 y 2006 para el labriego de El Perdigón, que en esa visita inicia una amistad con los padres del inmigrante, contrata al hermano y a la hermana de A. Y., y cuando precisa de nuevos empleados, a otros jóvenes de esa aldea, a los que conoció a través de la familia amiga. Todos buscan otros trabajos tras permanecer escaso tiempo en el negocio del zamorano, porque les pagaba poco y era un trabajo duro, declararon.