El PP da un paso de gigante hacia su objetivo: el despido libre y el fin de la negociación colectiva
L a Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en unión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han presentado el Decreto Ley con la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno. Las previsiones de De Guindos se han cumplido y la reforma es "extremadamente agresiva" pero no con el desempleo ni con el fraude laboral, sino con los derechos de las trabajadores. Despido barato, fin de la negociación colectiva, contratos basura y subvenciones a granel, el arsenal del contra el paro.
En efecto, la reforma con la que tanto ha amagado el Gobierno, en la práctica, se ha traducido por un volver a recorrer caminos trillados y que ya han demostrado no sólo su ineficacia. Sino su profunda injusticia, según las primeras valoraciones de los agentes sociales. Tal y como explicaban a Diario Progresista, el Gobierno, “de tanto aplicar el retrovisor en materia social y laboral, ha aprobado un decreto que parece un homenaje al bicentenario del nacimiento de Charles Dickens, y esos cuadros de explotación laboral y falta de derechos que retrató magistralmente en la Inglaterra Victoriana”.
Así, se da otra vuelta de tuerca a las facilidades para el despido. Gracias a la ministra Bañez y su paquete de medidas, despedir será infinitamente más fácil de lo que ya es, pero además mucho más barato. En los museos de los derechos sociales pasará a ocupar una vitrina la indemnización por despido improcedente con 45 días por año trabajado. Ahora, se tenga el contrato que se tenga, el despido arbitrario se pagará con 33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades a partir de la publicación del Decreto.
Pero es que, además, el deslizamiento hacia el despido objetivo por causas económicas se convierte en autopista sin peaje para la patronal. Así, una empresa podrá enviar a la calle a sus trabajadores, pagando tan sólo 20 días por año trabajado, ante la mera sospecha de que en los próximos trimestres puede incurrir en pérdidas. Es más, según las confusas explicaciones dadas por los portavoces del PP al término del Consejo de Ministros, el despido objetivo de este tipo también será aplicable ante un mero descenso en las ventas, sin que esta caída en la facturación tenga que implicar necesariamente pérdidas en el balance de la empresa.
Además, se podrá contratar, en un anticipo de lo que pueden ser los tan traídos y llevados “mini jobs” como periodo de formación a cualquier persona hasta los 30 (treinta, si treinta) años. Por si fuera poco, se fijan unas ayudas a fondo perdido para el empresario que servirán para subvencionar (aún más) la contratación. Así, cada autónomo que contrata a su primer empleado será premiado con 3.000 euros y la posibilidad de pagar un salario ridículo, ya que el afortunado empleado podrá compatibilizar esta nómina con el cobro del 25% de su seguro dedesempleo.
Dinero de todos para unos pocos
A más a más, los empresarios que contraten un parado de larga duración se embolsarán la bonita suma de 4.000 euros, que en algunas ofertas laborales equivale al total de los costes laborales de un puesto de trabajo en un año. De esto modo, como señalan en funetes sindicales, “con los impuestos de todos pagamos el salario o buena parte del salario de un parado, mientras que la plusvalía generada por ese trabajador es rápidamente privatizada en manos del empresario de turno”.
Por si faltaba algún motivo para entender la inexplicable dureza de los patronos a la hora de no cerrar ningún acuerdo trascendente con los sindicatos desde la llegada del PP al Gobierno, el decreto que ha aprobado hoy el Gobierno de Mariano Rajoy facilita sobre manera el que una empresa pueda dejar sin efecto el convenio colectivo de su sector ante la menor dificultad económica, dejando al trabajador, eso sí, la tan liberal libertad de aceptar un encanallamiento de sus condiciones laborales o el marcharse a la calle con 20 días por año trabajado. Y gracias, que los sindicatos y la negociación colectiva ya no tienen cabida en ese coqueto “tête a tête” entre empresario y trabajador que ha diseñado el Partido Popular para afrontar las dificultades.
Eso sí. El Gobierno ha dicho que quiere tramitar este Decreto como un proyecto de Ley en el Congreso, para “buscar el máximo consenso”, aunque recuerdan claramente que su mayoría absoluta les basta y les sobra
Diario Progresista
L a Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en unión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han presentado el Decreto Ley con la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno. Las previsiones de De Guindos se han cumplido y la reforma es "extremadamente agresiva" pero no con el desempleo ni con el fraude laboral, sino con los derechos de las trabajadores. Despido barato, fin de la negociación colectiva, contratos basura y subvenciones a granel, el arsenal del contra el paro.
En efecto, la reforma con la que tanto ha amagado el Gobierno, en la práctica, se ha traducido por un volver a recorrer caminos trillados y que ya han demostrado no sólo su ineficacia. Sino su profunda injusticia, según las primeras valoraciones de los agentes sociales. Tal y como explicaban a Diario Progresista, el Gobierno, “de tanto aplicar el retrovisor en materia social y laboral, ha aprobado un decreto que parece un homenaje al bicentenario del nacimiento de Charles Dickens, y esos cuadros de explotación laboral y falta de derechos que retrató magistralmente en la Inglaterra Victoriana”.
Así, se da otra vuelta de tuerca a las facilidades para el despido. Gracias a la ministra Bañez y su paquete de medidas, despedir será infinitamente más fácil de lo que ya es, pero además mucho más barato. En los museos de los derechos sociales pasará a ocupar una vitrina la indemnización por despido improcedente con 45 días por año trabajado. Ahora, se tenga el contrato que se tenga, el despido arbitrario se pagará con 33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades a partir de la publicación del Decreto.
Pero es que, además, el deslizamiento hacia el despido objetivo por causas económicas se convierte en autopista sin peaje para la patronal. Así, una empresa podrá enviar a la calle a sus trabajadores, pagando tan sólo 20 días por año trabajado, ante la mera sospecha de que en los próximos trimestres puede incurrir en pérdidas. Es más, según las confusas explicaciones dadas por los portavoces del PP al término del Consejo de Ministros, el despido objetivo de este tipo también será aplicable ante un mero descenso en las ventas, sin que esta caída en la facturación tenga que implicar necesariamente pérdidas en el balance de la empresa.
Además, se podrá contratar, en un anticipo de lo que pueden ser los tan traídos y llevados “mini jobs” como periodo de formación a cualquier persona hasta los 30 (treinta, si treinta) años. Por si fuera poco, se fijan unas ayudas a fondo perdido para el empresario que servirán para subvencionar (aún más) la contratación. Así, cada autónomo que contrata a su primer empleado será premiado con 3.000 euros y la posibilidad de pagar un salario ridículo, ya que el afortunado empleado podrá compatibilizar esta nómina con el cobro del 25% de su seguro dedesempleo.
Dinero de todos para unos pocos
A más a más, los empresarios que contraten un parado de larga duración se embolsarán la bonita suma de 4.000 euros, que en algunas ofertas laborales equivale al total de los costes laborales de un puesto de trabajo en un año. De esto modo, como señalan en funetes sindicales, “con los impuestos de todos pagamos el salario o buena parte del salario de un parado, mientras que la plusvalía generada por ese trabajador es rápidamente privatizada en manos del empresario de turno”.
Por si faltaba algún motivo para entender la inexplicable dureza de los patronos a la hora de no cerrar ningún acuerdo trascendente con los sindicatos desde la llegada del PP al Gobierno, el decreto que ha aprobado hoy el Gobierno de Mariano Rajoy facilita sobre manera el que una empresa pueda dejar sin efecto el convenio colectivo de su sector ante la menor dificultad económica, dejando al trabajador, eso sí, la tan liberal libertad de aceptar un encanallamiento de sus condiciones laborales o el marcharse a la calle con 20 días por año trabajado. Y gracias, que los sindicatos y la negociación colectiva ya no tienen cabida en ese coqueto “tête a tête” entre empresario y trabajador que ha diseñado el Partido Popular para afrontar las dificultades.
Eso sí. El Gobierno ha dicho que quiere tramitar este Decreto como un proyecto de Ley en el Congreso, para “buscar el máximo consenso”, aunque recuerdan claramente que su mayoría absoluta les basta y les sobra
Diario Progresista
