NOTA DE PRENSA
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Provincia
FERROCARRIL
El desmantelamiento de la línea Santander-Mediterráneo sigue parado
Se aguarda una respuesta definitiva de ADIF a falta de trece kilómetros por levantar
C. GARCÍA / Salas
El conflicto generado por el levantamiento de las vías del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo sigue abierto según pusieron de manifiesto representantes del Consistorio serranomatiego en una reunión, celebrada en la noche del viernes en la Casa de Cultura a la que asistieron los cuatro grupos municipales y representantes de Castrillo de la Reina.
Las actuaciones de desmantelamiento llevan diez días paralizadas, y sólo queda por levantar, en todo el Santander-Mediterráneo, el tramo de 13 kilómetros entre Cabezón de la Sierra y Salas de los Infantes.
La regidora Marta Arroyo, y el munícipe Jesús Ángel González, portavoces del Ayuntamiento salense en el plante iniciado ante ADIF, desde que los trabajos de desmantelamiento afectaron al término municipal de Salas, resumieron la situación en la que está el proceso, y las gestiones realizadas hasta el momento.
En ese camino, que comenzó con diferentes mociones y la denuncia penal contra ADIF por «invasión de terrenos de competencia municipal», diligencia que el Juzgado de Instrucción salense está analizando, Arroyo y González resaltaron las últimas novedades, y las valoraciones correspondientes.
Entre esas nuevas se encuentra el escrito dirigido este viernes a Jorge Segrelles, director general de Servicio, Clientes y Patrimonio ADIF, bajo el encabezamiento ‘Ratificación de compromiso intermunicipal ante la posibilidad de cesión de último tramo sin desmantelar de la Santander-Mediterráneo, y suspensión del levantamiento en dicho tramo’.
En el texto, firmado por Francisco Azúa (teniente de alcalde de Salas), Galo Contreras (alcalde de Castrillo de la Reina) y Paulino Alonso (primer edil de Cabezón), se apunta que «el desmantelamiento ha generado en las poblaciones afectadas de las provincias de Burgos y Soria un gran sentimiento de frustración y desamparo institucional, por la falta de comunicación previa a los ayuntamientos afectados y a la propia comunidad autónoma».
FUENTE: El Correo de Burgos, de hoy.
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