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Todo surge cuando estas pymes firman un contrato con el Grupo Douja Proum Addoha, participado en un 51% por el Gobierno marroquí.
Una vez adquirida la obligación para la realización de determinadas obras y servicios, dicho Grupo deja de pagar los gastos mínimos para el desarrollo del servicio, por lo que los empresarios españoles, incapaces de cumplir con el contrato, son extorsionados y amenazados para abandonar el país. Los que resisten y no ceden al chantaje, finalmente son llevados a
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Una situación que ni el Gobierno de Zapatero, antes, ni el de Rajoy, ahora, se han molestado en abordar. Es más, cuando las autoridades europeas han ordenado comparecencias e investigaciones al respecto, desde el Gobierno de
España se ha hecho todo lo posible para paralizar el proceso y evitar que se arroje luz sobre tan espinoso asunto.
Las consecuencias para los empresarios españoles extorsionados en
Marruecos son demoledoras: acumulan, nada menos, que pérdidas por valor de 300 millones
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