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Artículo principal: Cannabis en España

En España se perfila el cultivo de cannabis esencialmente destinado al autoconsumo, o a cualquiera de las modalidades de utilización exentas de punición. 55​ El uso terapéutico está regulado mediante receta hospitalaria.

El 14 de noviembre del 2006 Izquierda Unida56​ propuso una modificación de la "Ley Corcuera" (Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana), lo cual ha abierto una línea de diálogo a dicho tema.

En España existen los denominados clubes sociales de cannabis, a través de los cuales los socios pueden acceder al cannabis de forma legal. Se ha impulsado como una alternativa al modelo de legalización de libre mercado, el cual se piensa que contribuiría al comercio desbocado del cannabis, siguiendo los patrones de consumo de las sociedades que siguen este tipo de modelo económico. Estos clubes o asociaciones de consumidores solo permiten la entrada a mayores de edad, que ya sean consumidores previamente y que vengan recomendados por un socio.

A finales de 2013, el gobierno popular de Mariano Rajoy presentó el proyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, en el que se endurecen considerablemente las sanciones a los poseedores y consumidores de cannabis en la vía pública —suprimiendo la posibilidad de sustituir las multas por un tratamiento de desintoxicación—, además de castigar con multas de entre 1000 y 30 000 euros la plantación y cultivo de drogas «no constitutivos de delito». Araceli Manjón-Cabeza, que fue directora general del Plan Nacional sobre Drogas, ha comentado: «El Gobierno va contracorriente. Volvemos a concepciones de hace 40 años que han sido superadas en todos los países civilizados. Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara con países como Rusia, donde solo se concibe el consumidor como un delincuente». Por su parte Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Usuarios de Cannabis, ha denunciado que lo que se pretende es «poner palos en las ruedas» a los clubes de cannabis, acusación que niega el Ministerio del Interior, promotor del proyecto.