Ruido criminal
La lucha por la concienciación de los daños que el excesivo ruido causa al medio ambiente y a la salud pública se arrastra desde hace años. No bastó recoger en un texto legal las prohibiciones sobre excesos acústicos, ni establecer sanciones y multas. La ley está para aplicarse pero a la Administración también le ha costado lo suyo asumir que es tan sancionable el perjuicio que causa la contaminación acústica como cualquier irregularidad en una licencia de actividades. Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia año tras año la inactividad administrativa en esta materia tan sensible, sus lamentaciones han sido en balde durante mucho tiempo, hasta que a los jueces se les ha caído la venda de los ojos y han empezado a revisar los actos de los ayuntamientos con otra sensibilidad. No es la primera sentencia, pero la que ha dictado ahora el TSJC condenando al Ayuntamiento de Malgrat por no actuar ante las molestias generadas por el exceso de ruido de un complejo turístico forma parte de esta nueva tendencia: se trata de defender los derechos de los ciudadanos y entre ellos está el de tener detrás una Administración que vele por su bienestar.Bueno será que los ayuntamientos y administraciones públicas tomen nota de ello.
La lucha por la concienciación de los daños que el excesivo ruido causa al medio ambiente y a la salud pública se arrastra desde hace años. No bastó recoger en un texto legal las prohibiciones sobre excesos acústicos, ni establecer sanciones y multas. La ley está para aplicarse pero a la Administración también le ha costado lo suyo asumir que es tan sancionable el perjuicio que causa la contaminación acústica como cualquier irregularidad en una licencia de actividades. Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia año tras año la inactividad administrativa en esta materia tan sensible, sus lamentaciones han sido en balde durante mucho tiempo, hasta que a los jueces se les ha caído la venda de los ojos y han empezado a revisar los actos de los ayuntamientos con otra sensibilidad. No es la primera sentencia, pero la que ha dictado ahora el TSJC condenando al Ayuntamiento de Malgrat por no actuar ante las molestias generadas por el exceso de ruido de un complejo turístico forma parte de esta nueva tendencia: se trata de defender los derechos de los ciudadanos y entre ellos está el de tener detrás una Administración que vele por su bienestar.Bueno será que los ayuntamientos y administraciones públicas tomen nota de ello.