Muchos médicos, muchos maestros, sí. Pero también hacen falta esos
empleados que tramitan expedientes. Que gestionan la Hacienda Pública
o la Seguridad Social, que tan notablemente funcionan, por cierto.
Personas que han ganado su plaza estudiando, esforzándose. Ellos no
han alcanzado esa condición con la facilidad con la que otros se han
podido colocar en las empresas, en los negocios familiares. No han
tenido esa oportunidad. O han preferido la independencia y la
seguridad que la función pública favorece.
Los funcionarios no buscan una vida de grandes lujos y emociones.
Están en su derecho. Ellos viven de sueldos reglamentados, que llevan
veinte años perdiendo poder adquisitivo. Como si tuvieran que pagar un
precio adicional por la gran prerrogativa de ser fijos.
La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre,
las pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad.
Ciertamente, todas esas personas que ganan tanto dinero cuando la
economía va bien, podrían optar por la función pública. Pero no lo
hacen. Ellos prefieren las mieles, medios y posibilidades del ámbito
privado, y es una gran decisión. Pero si ahora las cosas les van mal,
y ojalá que dure poco esta catástrofe, no deben descargar su estrés y
sus impagos contra quienes sostienen el día a día de un estado
democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de
mejorar sus prestaciones.
Los empleados públicos, por lo general, no quieren ser empleados
privados; y tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo y honorable
ganarse la vida defendiendo los intereses de todo
empleados que tramitan expedientes. Que gestionan la Hacienda Pública
o la Seguridad Social, que tan notablemente funcionan, por cierto.
Personas que han ganado su plaza estudiando, esforzándose. Ellos no
han alcanzado esa condición con la facilidad con la que otros se han
podido colocar en las empresas, en los negocios familiares. No han
tenido esa oportunidad. O han preferido la independencia y la
seguridad que la función pública favorece.
Los funcionarios no buscan una vida de grandes lujos y emociones.
Están en su derecho. Ellos viven de sueldos reglamentados, que llevan
veinte años perdiendo poder adquisitivo. Como si tuvieran que pagar un
precio adicional por la gran prerrogativa de ser fijos.
La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre,
las pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad.
Ciertamente, todas esas personas que ganan tanto dinero cuando la
economía va bien, podrían optar por la función pública. Pero no lo
hacen. Ellos prefieren las mieles, medios y posibilidades del ámbito
privado, y es una gran decisión. Pero si ahora las cosas les van mal,
y ojalá que dure poco esta catástrofe, no deben descargar su estrés y
sus impagos contra quienes sostienen el día a día de un estado
democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de
mejorar sus prestaciones.
Los empleados públicos, por lo general, no quieren ser empleados
privados; y tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo y honorable
ganarse la vida defendiendo los intereses de todo