VALLADOLID
Investigan la posible prevaricación de un ex jefe de Minas de la Junta
El Procurador del Común remitió a la Fiscalía una denuncia contra M. P. Por supuestas extorsiones a industriales Empresarios afirman que exigía que los proyectos los elaborase su hermano
J. MORENO/VALLADOLID
Un juzgado de Valladolid lleva a cabo desde hace más de un año una investigación contra un funcionario de la Junta a quien se relaciona con varios presuntos delitos de prevaricación y extorsión en el ejercicio de su cargo.
El funcionario en cuestión, M. P. C., de 49 años, ha sido jefe de la sección de Minas, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, hasta septiembre del 2004 después de ser apartado del puesto tras destaparse el caso en los juzgados.
La investigación judicial arrancó a mediados del pasado año por una denuncia que se presentó ante el Procurador del Común, Manuel García álvarez, que a su vez la trasladó a la Fiscalía de Valladolid. En la denuncia se recogía como un empresario, relacionado con el sector de la extracción de áridos, denunciaba supuestamente haber sido extorsionado cuando trataba de tramitar un expediente de explotación de una gravera situada en la provincia.
Fue en esta circunstancia cuando M. P. Le habría reclamado el informe preceptivo elaborado por un técnico y le habría sugerido que para dar mayor celeridad al expediente que el mismo se tramitase a través del despacho profesional en el que trabajaba su hermano ingeniero técnico.
Según fuentes relacionadas con esta investigación, éste se negó a tramitar el proyecto a través del dicho despacho, y pudo comprobar cómo su actividad fue 'frenada' por el funcionario que ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 1 en calidad de imputado. El juez de Instrucción ha ordenado investigar todas las concesiones tramitadas por este jefe de la sección de Minas de Valladolid en los últimos dos años.
De este modo, algunos de los empresarios de graveras que fueron citados como testigos fueron confirmando que habían sido también víctimas de esa supuesta extorsión, y optaron por sumarse al procedimiento penal abierto por el magistrado.
El juzgado que investiga estos hechos trata de aclarar si como han afirmado algunos industriales el funcionario les prestaba asesoramiento jurídico desde un despacho que posee en la calle Marcelo González de la capital vallisoletana y que es sede del Colegio de Minas de la Zona Centro que comprende Asturias, Madrid y Castilla y León.
Pese a que M. P. Además de ser ingeniero técnico y superior es licenciado en Derecho, desde el Colegio de Abogados se ha certificado que el funcionario de la Consejería de Economía no está colegiado por lo que «no podría ejercer ningún tipo de asesoramiento jurídico». Sin embargo, recuerda que tiene solicitada la compatibilidad y niega haber incurrido en un presunto delito de intrusismo profesional ya que, dice, es un letrado colegiado el que colabora con él.
El funcionario dice ser víctima de una persecución
Funcionario de la Junta desde hace años, M. P. Mantiene su total inocencia sobre las acusaciones de algunos empresario. Dice, además, que «soy víctima de una persecución cuando yo en su día, en abril del 2003, ya comunique a los diferentes responsables políticos de la Junta, incluso a la Fiscalía de Valladolid, dudosas actuaciones administrativas de funcionarios con vinculaciones empresariales y familiares».
M. P. Asegura respecto al cierre de una explotación de áridos de la empresa álvarez Fray, en Laguna de Duero, cuyo empresario está personado como denunciante, que el precintado se llevó a cabo por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, que no tiene relación con Minas.
«Un jefe de sección de Minas solo informa pero no tiene capacidad para promover un precintado de este tipo. En este caso la orden de paralización vino de Medio Ambiente por su declaración de impacto negativa», insiste.
El juez tomó declaración a Rafael Delgado y a García Galván
En las diligencias judiciales, que constan ya de varios tomos y cajas sobre los expedientes de explotación tramitados, han declarado al menos dos altos cargos del Gobierno regional. Se trata del viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a quien algunos de los empresarios de áridos habrían trasladado en su día quejas contra el funcionario por la intervención y retrasos de las concesiones.
También ha prestado declaración, en noviembre del 2004, el actual delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Jesús García Galván, que confirmó que en el momento en que la Administración regional tuvo conocimiento de la investigación contra el funcionario optó por no renovarle en el puesto de jefe de Minas de Valladolid, cargo al que había accedido mediante una comisión de servicios.
Sin embargo, M. P. Decidió recurrir por vía contenciosoadministrativa tal decisión. En total, este funcionario ha permanecido 36 meses al frente de la Sección de Minas entre los años 2000 y 2004.
La Junta se ha personado como parte en este procedimiento que de seguir adelante podría dar lugar a reclamaciones civiles. Para poder abrir una explotación a cielo abierto se precisa de un proyecto técnico dirigido por un ingeniero. Es allí donde las acusaciones, aseguran, que se buscaba la intervención del hermano del funcionario. Este tipo de estudios vienen a costar entre 7.000 y 12.000 euros, una cantidad pequeña si se tiene en cuenta la facturación del sector de áridos estrechamente vinculado a la construcción.
GONZALO HERRERO.
Investigan la posible prevaricación de un ex jefe de Minas de la Junta
El Procurador del Común remitió a la Fiscalía una denuncia contra M. P. Por supuestas extorsiones a industriales Empresarios afirman que exigía que los proyectos los elaborase su hermano
J. MORENO/VALLADOLID
Un juzgado de Valladolid lleva a cabo desde hace más de un año una investigación contra un funcionario de la Junta a quien se relaciona con varios presuntos delitos de prevaricación y extorsión en el ejercicio de su cargo.
El funcionario en cuestión, M. P. C., de 49 años, ha sido jefe de la sección de Minas, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, hasta septiembre del 2004 después de ser apartado del puesto tras destaparse el caso en los juzgados.
La investigación judicial arrancó a mediados del pasado año por una denuncia que se presentó ante el Procurador del Común, Manuel García álvarez, que a su vez la trasladó a la Fiscalía de Valladolid. En la denuncia se recogía como un empresario, relacionado con el sector de la extracción de áridos, denunciaba supuestamente haber sido extorsionado cuando trataba de tramitar un expediente de explotación de una gravera situada en la provincia.
Fue en esta circunstancia cuando M. P. Le habría reclamado el informe preceptivo elaborado por un técnico y le habría sugerido que para dar mayor celeridad al expediente que el mismo se tramitase a través del despacho profesional en el que trabajaba su hermano ingeniero técnico.
Según fuentes relacionadas con esta investigación, éste se negó a tramitar el proyecto a través del dicho despacho, y pudo comprobar cómo su actividad fue 'frenada' por el funcionario que ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 1 en calidad de imputado. El juez de Instrucción ha ordenado investigar todas las concesiones tramitadas por este jefe de la sección de Minas de Valladolid en los últimos dos años.
De este modo, algunos de los empresarios de graveras que fueron citados como testigos fueron confirmando que habían sido también víctimas de esa supuesta extorsión, y optaron por sumarse al procedimiento penal abierto por el magistrado.
El juzgado que investiga estos hechos trata de aclarar si como han afirmado algunos industriales el funcionario les prestaba asesoramiento jurídico desde un despacho que posee en la calle Marcelo González de la capital vallisoletana y que es sede del Colegio de Minas de la Zona Centro que comprende Asturias, Madrid y Castilla y León.
Pese a que M. P. Además de ser ingeniero técnico y superior es licenciado en Derecho, desde el Colegio de Abogados se ha certificado que el funcionario de la Consejería de Economía no está colegiado por lo que «no podría ejercer ningún tipo de asesoramiento jurídico». Sin embargo, recuerda que tiene solicitada la compatibilidad y niega haber incurrido en un presunto delito de intrusismo profesional ya que, dice, es un letrado colegiado el que colabora con él.
El funcionario dice ser víctima de una persecución
Funcionario de la Junta desde hace años, M. P. Mantiene su total inocencia sobre las acusaciones de algunos empresario. Dice, además, que «soy víctima de una persecución cuando yo en su día, en abril del 2003, ya comunique a los diferentes responsables políticos de la Junta, incluso a la Fiscalía de Valladolid, dudosas actuaciones administrativas de funcionarios con vinculaciones empresariales y familiares».
M. P. Asegura respecto al cierre de una explotación de áridos de la empresa álvarez Fray, en Laguna de Duero, cuyo empresario está personado como denunciante, que el precintado se llevó a cabo por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, que no tiene relación con Minas.
«Un jefe de sección de Minas solo informa pero no tiene capacidad para promover un precintado de este tipo. En este caso la orden de paralización vino de Medio Ambiente por su declaración de impacto negativa», insiste.
El juez tomó declaración a Rafael Delgado y a García Galván
En las diligencias judiciales, que constan ya de varios tomos y cajas sobre los expedientes de explotación tramitados, han declarado al menos dos altos cargos del Gobierno regional. Se trata del viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a quien algunos de los empresarios de áridos habrían trasladado en su día quejas contra el funcionario por la intervención y retrasos de las concesiones.
También ha prestado declaración, en noviembre del 2004, el actual delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Jesús García Galván, que confirmó que en el momento en que la Administración regional tuvo conocimiento de la investigación contra el funcionario optó por no renovarle en el puesto de jefe de Minas de Valladolid, cargo al que había accedido mediante una comisión de servicios.
Sin embargo, M. P. Decidió recurrir por vía contenciosoadministrativa tal decisión. En total, este funcionario ha permanecido 36 meses al frente de la Sección de Minas entre los años 2000 y 2004.
La Junta se ha personado como parte en este procedimiento que de seguir adelante podría dar lugar a reclamaciones civiles. Para poder abrir una explotación a cielo abierto se precisa de un proyecto técnico dirigido por un ingeniero. Es allí donde las acusaciones, aseguran, que se buscaba la intervención del hermano del funcionario. Este tipo de estudios vienen a costar entre 7.000 y 12.000 euros, una cantidad pequeña si se tiene en cuenta la facturación del sector de áridos estrechamente vinculado a la construcción.
GONZALO HERRERO.