AMINISTIA PARA PRESOS POLITICOS 1977
Con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975 se promulgó un indulto que benefició hasta el 1 de junio de 1976 a 773 personas encarceladas por delitos de raíz política (de los 8.903 presos que se vieron beneficiados),1 de los que 688 fueron excarcelados y el resto vio reducida su pena.
En enero de 1976 en San Sebastián, al amparo de la nueva ley de asociaciones, se constituyó la primera asociación proamnistía formada por un grupo de abogados y otras personas conocidas de la vida social de la ciudad, fundando la Comisión Gestora de la Asociación pro Amnistía. Iniciativas similares se produjeron en numerosas localidades vascas y navarras, escenario en estos primeros meses de 1976 de múltiples manifestaciones, encierros y recogida de firmas por la liberación de todos los presos.
El 30 de julio de 1976 se decretó una amnistía, que supuso la salidad de 287 presos1 y que no contempló los delitos encuadrados dentro de la denominación de terrorismo, por lo que no afectó a la mayoría de los presos que tenían dicha consideración, por su relación real o presunta con ETA y organizaciones similares. A la muerte de Franco había en las cárceles españolas unos 400 presos encarcelados por delitos de raíz política, de los cuales alrededor de 250 estaban condenados por terrorismo. Esto provocó que se siguieran convocando manifestaciones públicas para solicitar una amnistía total. Estas manifestaciones se dieron en varios puntos de España, pero se concentraron especialmente en las provincias vascas y Navarra (en aquella época en que no estaban establecidas las autonomías, el concepto "provincias vascas" incluía a Navarra en numerosos casos). En Madrid el joven Arturo Ruiz fue asesinado por los Guerrilleros de Cristo Rey cuando participaba en una de estas manifestaciones, en vísperas de la matanza de abogados laboralistas de la calle Atocha.
El 11 de enero de 1977, Adolfo Suárez recibió a cuatro miembros de la Comisión de los Nueve (representantes de la oposición en la negociación con el gobierno: Joaquín Ruiz-Giménez, de Izquierda Democrática; Joaquín Satrústegui, monárquico; Enrique Tierno Galván, PSP; José María de Areilza, monárquico; Josep Andreu, catalanista; Francisco Fernández Ordóñez, del grupo FEDISA; Santiago Carrillo, PCE; Felipe González, PSOE; y Julio de Jáuregui, PNV), entre los que estaba el veterano nacionalista vasco Julio de Jáuregui, exiliado durante la mayor parte del franquismo, que puso la amnistía total como condición para una reconciliación total.
Por su parte, el 28 de febrero, 44 gestoras de Guipúzcoa se entrevistaron con el nuevo gobernador civil para solicitar su legalización. El gobernador no sólo se muestra partidario de la amnistía, sino que solicita ser inscrito como socio. Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo se convocó una primera semana pro-amnistía en las provincias vascas y Navarra, que a pesar de la virulencia con la que se reprimen las movilizaciones no produjo víctimas mortales. El 11 de marzo el gobierno aprobó un decreto de ampliación de la amnistía que permite la puesta en libertad de otros 74 presos vascos hasta mayo, junto a la salida de otros presos hasta llegar a 1.940 personas.
Con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975 se promulgó un indulto que benefició hasta el 1 de junio de 1976 a 773 personas encarceladas por delitos de raíz política (de los 8.903 presos que se vieron beneficiados),1 de los que 688 fueron excarcelados y el resto vio reducida su pena.
En enero de 1976 en San Sebastián, al amparo de la nueva ley de asociaciones, se constituyó la primera asociación proamnistía formada por un grupo de abogados y otras personas conocidas de la vida social de la ciudad, fundando la Comisión Gestora de la Asociación pro Amnistía. Iniciativas similares se produjeron en numerosas localidades vascas y navarras, escenario en estos primeros meses de 1976 de múltiples manifestaciones, encierros y recogida de firmas por la liberación de todos los presos.
El 30 de julio de 1976 se decretó una amnistía, que supuso la salidad de 287 presos1 y que no contempló los delitos encuadrados dentro de la denominación de terrorismo, por lo que no afectó a la mayoría de los presos que tenían dicha consideración, por su relación real o presunta con ETA y organizaciones similares. A la muerte de Franco había en las cárceles españolas unos 400 presos encarcelados por delitos de raíz política, de los cuales alrededor de 250 estaban condenados por terrorismo. Esto provocó que se siguieran convocando manifestaciones públicas para solicitar una amnistía total. Estas manifestaciones se dieron en varios puntos de España, pero se concentraron especialmente en las provincias vascas y Navarra (en aquella época en que no estaban establecidas las autonomías, el concepto "provincias vascas" incluía a Navarra en numerosos casos). En Madrid el joven Arturo Ruiz fue asesinado por los Guerrilleros de Cristo Rey cuando participaba en una de estas manifestaciones, en vísperas de la matanza de abogados laboralistas de la calle Atocha.
El 11 de enero de 1977, Adolfo Suárez recibió a cuatro miembros de la Comisión de los Nueve (representantes de la oposición en la negociación con el gobierno: Joaquín Ruiz-Giménez, de Izquierda Democrática; Joaquín Satrústegui, monárquico; Enrique Tierno Galván, PSP; José María de Areilza, monárquico; Josep Andreu, catalanista; Francisco Fernández Ordóñez, del grupo FEDISA; Santiago Carrillo, PCE; Felipe González, PSOE; y Julio de Jáuregui, PNV), entre los que estaba el veterano nacionalista vasco Julio de Jáuregui, exiliado durante la mayor parte del franquismo, que puso la amnistía total como condición para una reconciliación total.
Por su parte, el 28 de febrero, 44 gestoras de Guipúzcoa se entrevistaron con el nuevo gobernador civil para solicitar su legalización. El gobernador no sólo se muestra partidario de la amnistía, sino que solicita ser inscrito como socio. Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo se convocó una primera semana pro-amnistía en las provincias vascas y Navarra, que a pesar de la virulencia con la que se reprimen las movilizaciones no produjo víctimas mortales. El 11 de marzo el gobierno aprobó un decreto de ampliación de la amnistía que permite la puesta en libertad de otros 74 presos vascos hasta mayo, junto a la salida de otros presos hasta llegar a 1.940 personas.