Si la revuelta comunera hubiese ocurrido en Cataluña, sobre la legitimidad de este hecho histórico habrían construido una nación independiente. La Ley Perpetua de la Junta de Ávila de 1520 aparece citada incluso por la primera constitución democrática del mundo, la de los Estados Unidos de América. Los constituyentes norteamericanos, hombres con una cultura enciclopédica, la invocan como precedente de la preeminencia de la soberanía popular sobre la voluntad regia. Desgraciadamente este episodio glorioso acabó mal, y su legado histórico ha sido malversado por las castellanos. Si Padilla, Bravo y Maldonado reviviesen por unos momentos, y viesen en qué se ha convertido la memoria comunera, agarrarían la espada de repartir mandobles y correrían a sus descendientes por toda la vasta geografía castellana.
En 1520 las Comunidades castellanas se enfrentaron al rey Carlos de Hagsburgo y su Corte, no porque cuestionasen su legitimidad como rey, sino porque estaban en desacuerdo con su forma de gobernar. Los castellanos se encontraron con un adolescente de 17 años que se mostraba frío, distante y altanero con sus nuevos súbditos. Desconocía tanto el idioma como sus leyes y costumbres y lo que era aún peor, tenía escaso interés por conocerlas. El nuevo monarca venía rodeado de una nutrida Corte de flamencos y alemanes, entre los que también se encontraban algunos españoles que residían en Bruselas, tras haber sido expulsados de la Administración castellana por corrupción escandalosa. La actitud de todos estos advenedizos desde su llegada a Castilla fue de una rapacidad sin límites: se repartieron entre ellos todos los cargos más lucrativos y empleos públicos con total desvergüenza, dando un tratamiento parecido al de los territorios conquistados al que por entonces era el reino más avanzado de Europa. Los castellanos comentaban furiosos que era como si ellos se hubiesen convertido en los “indios” de los flamencos, por quedar totalmente marginados de los cargos públicos. Los altos funcionarios flamenco-borgoñeses dieron muestras desde el principio de una desenfrenada avaricia, sometiendo a las riquezas del reino a una rapiña sin límite.
En su obra “La Ley Perpetua de la Junta de Ávilla (1520)” dice Ramón Peralta que, cuando los comuneros aprobaron el “Proyecto de Ley Perpetua del Reino” en la Junta de Ávila de 1520, alumbraron al mundo el primer texto constitucional que trataba de limitar el poder absoluto y arbitrario del monarca. Para comprobar lo avanzados que estaban nuestros antepasados, en la obra de Ramón Peralta se repasan las propuestas que hacían al rey en materia de Administración Pública, que siguen siendo de rabiosa actualidad: “En los Capítulos de la Junta se muestra una gran preocupación por el correcto funcionamiento de la Administración y porque se designen a personas bien preparadas y honestas para el ejercicio de los cargos públicos, en el marco de un auténtico plan de reorganización administrativa del reino, basado tanto en la adecuada selección de los funcionarios como en el periódico control de su gestión. Las vacantes serán ocupadas por hombres con experiencia antes que por recién graduados de las Universidades. Los comuneros de la Santa Junta no quieren la perpetuidad en los cargos y que no se acumulen los mismos en una sola persona, queriendo eliminar así las sinecuras y los empleos parásitos. “Sea la provisión a los oficios, no a las personas”, pues los intereses particulares deben subordinarse a los generales, buscándose siempre el bien público.”
También reprochaban al rey y a su Corte la pretensión de expoliar fiscalmente a sus súbditos para financiar las pretensiones imperiales de la dinastía de los Hagsburgo, completamente ajenas a los intereses de las Comunidades de Castilla. De hecho, el término comunero alude a los defensores del “común”, de los intereses generales de los ciudadanos castellanos, en definitiva, de lo público, que está siempre por encima de los intereses personales de cualquier rey o gobernante.
Otra preocupación recogida en la “Ley Perpetua del Reino” también está de plena actualidad. Advierten al rey de la necesaria austeridad en el gasto para evitar la enorme deuda pública que arrastraba, que era una pesadísima carga para la Hacienda Real, con graves consecuencias económicas para el conjunto del reino, sobre todo en lo que se refiere al incremento de los impuestos. A tal efecto proponen un programa cuyo fin es la reducción de los gastos mediante la supresión de empleos inútiles, reduciendo el número de funcionarios. También proponen la necesidad de defender los intereses de la Corona frente los intereses privados, pidiendo que sean reintegrados a las arcas reales todos los bienes concedidos por vía de merced.
En 1520 las Comunidades castellanas se enfrentaron al rey Carlos de Hagsburgo y su Corte, no porque cuestionasen su legitimidad como rey, sino porque estaban en desacuerdo con su forma de gobernar. Los castellanos se encontraron con un adolescente de 17 años que se mostraba frío, distante y altanero con sus nuevos súbditos. Desconocía tanto el idioma como sus leyes y costumbres y lo que era aún peor, tenía escaso interés por conocerlas. El nuevo monarca venía rodeado de una nutrida Corte de flamencos y alemanes, entre los que también se encontraban algunos españoles que residían en Bruselas, tras haber sido expulsados de la Administración castellana por corrupción escandalosa. La actitud de todos estos advenedizos desde su llegada a Castilla fue de una rapacidad sin límites: se repartieron entre ellos todos los cargos más lucrativos y empleos públicos con total desvergüenza, dando un tratamiento parecido al de los territorios conquistados al que por entonces era el reino más avanzado de Europa. Los castellanos comentaban furiosos que era como si ellos se hubiesen convertido en los “indios” de los flamencos, por quedar totalmente marginados de los cargos públicos. Los altos funcionarios flamenco-borgoñeses dieron muestras desde el principio de una desenfrenada avaricia, sometiendo a las riquezas del reino a una rapiña sin límite.
En su obra “La Ley Perpetua de la Junta de Ávilla (1520)” dice Ramón Peralta que, cuando los comuneros aprobaron el “Proyecto de Ley Perpetua del Reino” en la Junta de Ávila de 1520, alumbraron al mundo el primer texto constitucional que trataba de limitar el poder absoluto y arbitrario del monarca. Para comprobar lo avanzados que estaban nuestros antepasados, en la obra de Ramón Peralta se repasan las propuestas que hacían al rey en materia de Administración Pública, que siguen siendo de rabiosa actualidad: “En los Capítulos de la Junta se muestra una gran preocupación por el correcto funcionamiento de la Administración y porque se designen a personas bien preparadas y honestas para el ejercicio de los cargos públicos, en el marco de un auténtico plan de reorganización administrativa del reino, basado tanto en la adecuada selección de los funcionarios como en el periódico control de su gestión. Las vacantes serán ocupadas por hombres con experiencia antes que por recién graduados de las Universidades. Los comuneros de la Santa Junta no quieren la perpetuidad en los cargos y que no se acumulen los mismos en una sola persona, queriendo eliminar así las sinecuras y los empleos parásitos. “Sea la provisión a los oficios, no a las personas”, pues los intereses particulares deben subordinarse a los generales, buscándose siempre el bien público.”
También reprochaban al rey y a su Corte la pretensión de expoliar fiscalmente a sus súbditos para financiar las pretensiones imperiales de la dinastía de los Hagsburgo, completamente ajenas a los intereses de las Comunidades de Castilla. De hecho, el término comunero alude a los defensores del “común”, de los intereses generales de los ciudadanos castellanos, en definitiva, de lo público, que está siempre por encima de los intereses personales de cualquier rey o gobernante.
Otra preocupación recogida en la “Ley Perpetua del Reino” también está de plena actualidad. Advierten al rey de la necesaria austeridad en el gasto para evitar la enorme deuda pública que arrastraba, que era una pesadísima carga para la Hacienda Real, con graves consecuencias económicas para el conjunto del reino, sobre todo en lo que se refiere al incremento de los impuestos. A tal efecto proponen un programa cuyo fin es la reducción de los gastos mediante la supresión de empleos inútiles, reduciendo el número de funcionarios. También proponen la necesidad de defender los intereses de la Corona frente los intereses privados, pidiendo que sean reintegrados a las arcas reales todos los bienes concedidos por vía de merced.
¿No os recuerda esto a algo?. Pues si. Es exactamente lo que esta pasando ahora, pero 500 años despues. Tenemos unos gobernantes que solo obedecen lo que le dictan desde Alemania y no lo que les pide el pueblo, una situacion economica nefasta, una clase politica obsoleta y corrupta, una administracion colapsada e ineficaz. Los "comuneros" actuales son muchos, que denuncian las injusticias de estafas consentidas por el poder, (privatizacion de la sanaidad, preferentes, indemnizaciones millonarias a directivos en cajas de ahorro por hacerlas quebrar, dacion en pago, etc..) y que los medios llaman "perroflautas","scrcaches", "alborotadores", "radicales". Puestos a elegir, parece una constitucion mas justa y adecuada para hoy en dia la de Avila de 1520 que la de 1978, que solo sirve ultimamente para hacer un "puente" a efectos de semana laboral.
