MANZANEDA DE OMAÑA: El 15 de mayo de 1980 y bajo la dirección de José María...

El 15 de mayo de 1980 y bajo la dirección de José María Suárez, Alianza Popular, Grupo Autonómico Leonés, Partido del Bierzo y Partido Regionalista de País Leonés presentan un recurso por irregularidades en este proceso de votación relativos a 55 municipios ante la Audiencia Territorial de Valladolid que es desestimado el 28 de julio de 1982. La sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo.

En junio de 1981 se presentaron varias enmiendas al texto base del estatuto de autonomía de Castilla y León para que se reconociese de forma expresa la diferenciación regional entre León y Castilla e introduciendo una fórmula que permitiera la segregación de la provincia de León. No fueron aceptadas.

Los políticos de UCD que el 16 de abril de 1980 votaron a favor de la autonomía "castellano-leonesa", quieren en 1983 una autonomía leonesa. Afirman que "su participación en acciones equilibradoras ya no es imprescindible", "que se han producido autonomías uniprovinciales cuyo rodaje satisfactorio demuestra la viabilidad del modelo" y, que "para León y para los leoneses, la preautonomía de Castilla y León se ha manifestado rotundamente ineficaz".

Estas declaraciones del portavoz de UCD del ayuntamiento de Ponferrada, que anteriormente había votado a favor de la integración en el ente "castellano-leonés", ilustran claramente lo que sucedió: "El sentimiento, la aspiración de todos los componentes de la Diputación, así como la mayoría de mujeres y hombres de El Bierzo, era el de optar por León solo, lo que así se manifestó en una primera encuesta realizada entre los ayuntamientos. Si esto era una realidad, también es cierto que se planteaba otra cuestión tremendamente importante y es que a la hora de gobernar se encontraban ciertas dificultades porque había un grupo andalucista, un grupo catalán, otro vasco y algún que otro diputado que estaba en forma independiente. Nuestro presidente provincial de partido, que en aquel momento tenía bajo su responsabilidad llevar a cabo el mapa autonómico de España llegó a la conclusión de que si proliferaban para lo sucesivo los entes autonómicos demasiado, llegaría un momento en el que el Congreso de los Diputados habría más diputados que intentarían defender los intereses peculiares de cada una de sus zonas que los intereses del Estado en su generalidad, de ahí su gran sublime idea de atajar en parte todo aquello que se veía casi seguro. Efectivamente lo atajó y consiguió consolidad un Estado, que a la hora de la verdad nos lo ha puesto de manifiesto las elecciones generales, en las cuales los partidos que derivaban de los entes autonómicos empezaron a perder fuerza y lo que adquirió fuerza fueron los partidos de ámbito nacional. Por lo tanto si se entendía que el Estado iba a ser ingobernable si proliferaban los diputados dimanantes de los partidos regionalistas en el año 1980, es cierto que en 1983 aquella duda, aquel temor, aquella angustia había quedado desvanecida. Es decir, por una necesidad de Estado se dijo sí a incluir a León en el ente castellanoleonés; por una razón de estado se atendió aquella necesidad, no porque realmente lo desease el pueblo de León y mucho menos sus representantes. En aquel entonces se consiguió que cada uno olvidase los verdaderos deseos, sus máximas aspiraciones y mejores logros para León en beneficio de algo que era más importante, que era la consolidación del Estado" (Diario de León, 16/1/83).

El 13 de enero de 1983 la Diputación de León, con mayoría de UCD, presenta una moción que pedía dejar sin efecto la sesión del 16 de abril de 1980, proclama su deseo de salir del ente "castellano-leonés" y pide el inicio de un proceso de autonomía uniprovincial para León con 22 votos a favor de la UCD y AP, frente a 4 de PCE y PSOE. Por esto Rodolfo Martín Villa presentó la dimisión de sus cargos.

El 19 de enero de 1983 el Ayuntamiento de Ponferrada decide en pleno extraordinario la desvinculación de León del ente y en una segunda votación la solicitud de una autonomía uniprovincial leonesa. Esta iniciativa fue secundada en otros ayuntamientos. El 25 de octubre lo haría el de León.

El 20 de enero de 1983 se reúne la Comisión Constitucional para tratar el estatuto de autonomía de Castilla y León y el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad en la que se pedía la exclusión de León. Se presentó igualmente una enmienda en el Senado. Estas propuestas fueron rechazadas en el Congreso y en el Senado.

El 29 de enero de 1983 unas 20.000 personas salieron por tercera vez a la calle, encabezadas por el presidente de la Diputación y el alcalde de León. Allí defendieron la autonomía leonesa con la idea: "para desvincular a León del ente de Castilla y León".

El 3 de junio de 1983, 59 senadores de AP presentaron al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad respecto al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "en cuanto abarca la provincia de León y a las menciones que de tal provincia hace el Estatuto".

El 13 de octubre de 1983 el Tribunal Supremo juzga válido el acuerdo adoptado el 13 de enero de 1983 por la Diputación favorable a separar León de Castilla.

El 4 de mayo de 1984, 35.000 manifestantes según la prensa, 90.000 según la Policía Municipal, se posicionaron en contra de la incorporación de León a la "Comunidad Autónoma Castellana" y a favor de León solo. Esto muestra como el número de asistentes a manifestaciones aumentó constantemente. En ningún momento se produjo una movilización que defendiese la autonomía de Castilla y León, o cualquier otra opción que no fuese la leonesa. Además, la presencia de leoneses el 23 de abril en Villalar o en actos similares fue siempre muy escasa.

El Tribunal Constitucional dictamina sentencia el 28 de septiembre de 1984 desestimando el recurso presentado e invalidando la decisión de la Diputación del 13 de enero de 1983 de segregarse del ente.

Desde entonces la lucha mantenida por los políticos leoneses por defender los derechos de León a su autonomía e incluso a que la historia, la cultura,…la identidad leonesa en definitiva, fueran respetadas y fomentadas se esfumó. En la actualidad, las principales fuerzas políticas leonesas dicen que el proceso autonómico está cerrado, a pesar de que jurídicamente no lo está. Es únicamente una cuestión de voluntad política que debería estar acorde con la voluntad de los ciudadanos representados.