TRIBUNA
Conservación y Red Natura 2000
E l pasado 13 de diciembre se abrió el período de información pública del borrador de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, norma jurídica que viene a sustituir a la Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad y que debería incorporar y desarrollar la legislación básica estatal en la materia (Ley 42/2007 del Patrimon io Natural y de la Biodiversidad). Según la exposición de motivos, entre sus objetivos principales se encuentra el de «actualizar y clarificar el régimen de gestión de las áreas naturales protegidas y, en especial, de la Red Natura 2000».
Ahora bien, más allá de las declaraciones de intención, el nuevo texto va a añadir muy poco en cuanto a garantías de protección efectiva de estos espacios. Comencemos recordando que se ha cumplido ya (el 7 de diciembre de 2010) la fecha límite fijada por la Unión Europea para que las comunidades autónomas de la región atlántica declaren los Lugares de Interés Comunitario (LIC) como Zonas de Especial Conservación (ZEC) y aprueben los planes o instrumentos de gestión correspondientes de acuerdo con la citada Ley 42/2007. Hasta la fecha Castilla y León, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, ni ha declarado las ZEC ni ha elaborado instrumento de gestión alguno.
En la provincia de León los espacios naturales Red Natura que deberían contar con planes de gestión o medidas de conservación equivalentes son las Hoces de Vegacervera, la Montaña Central de León, Picos de Europa, Picos de Europa en Castilla y León, y el Valle de San Emiliano; asimismo aquellos que forman parte tanto de la región atlántica como de la mediterránea, caso de Alto Sil, Omaña y Sierra de Ancares. El retraso en la aprobación de estos planes podría suponer una pérdida de oportunidades a la hora de acceder a fondos europeos y podría dar lugar en un futuro a nuevas denuncias de la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria.
En nuestro caso, esta situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que, por lo que se refiere a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, ningún Espacio Natural Protegido declarado hasta ahora (Parques Regionales, Parques Naturales y Reservas Naturales) cuenta con Plan Rector de Uso y Gestión o Plan de Conservación, a pesar de ser los instrumentos básicos de gestión de estos espacios y a pesar de que en ocasiones se establecían, en la propia norma de declaración, plazos para la aprobación de los mismos. Además, en la provincia de León los espacio s naturales Sierra de Ancares y Hoces de Vegacervera ni siquiera cuentan con plan de ordenación de recursos naturales (PORN) aprobado, paso previo a su declaración. El PORN del futuro Parque Natural Babia y Luna (antes Valle de San Emiliano) se encuentra en tramitación. Quiere esto decir que instrumentos de planificación (ordenación y gestión) esenciales, que figuraban ya en la ley a sustituir, llevan más de dos décadas paralizados en un ejercicio de grosera inactividad por parte de la administración ambiental, por supuesto con consecuencias de largo alcance para todos los sectores implicados: carencia de las normas, directrices y criterios necesarios para administrar los espacios protegidos, indefinición en los usos y actividades económicas y recreativas permitidas, ausencia de un plan de desarrollo socioeconómico de estas zonas, etcétera.
Conservación y Red Natura 2000
E l pasado 13 de diciembre se abrió el período de información pública del borrador de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, norma jurídica que viene a sustituir a la Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad y que debería incorporar y desarrollar la legislación básica estatal en la materia (Ley 42/2007 del Patrimon io Natural y de la Biodiversidad). Según la exposición de motivos, entre sus objetivos principales se encuentra el de «actualizar y clarificar el régimen de gestión de las áreas naturales protegidas y, en especial, de la Red Natura 2000».
Ahora bien, más allá de las declaraciones de intención, el nuevo texto va a añadir muy poco en cuanto a garantías de protección efectiva de estos espacios. Comencemos recordando que se ha cumplido ya (el 7 de diciembre de 2010) la fecha límite fijada por la Unión Europea para que las comunidades autónomas de la región atlántica declaren los Lugares de Interés Comunitario (LIC) como Zonas de Especial Conservación (ZEC) y aprueben los planes o instrumentos de gestión correspondientes de acuerdo con la citada Ley 42/2007. Hasta la fecha Castilla y León, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, ni ha declarado las ZEC ni ha elaborado instrumento de gestión alguno.
En la provincia de León los espacios naturales Red Natura que deberían contar con planes de gestión o medidas de conservación equivalentes son las Hoces de Vegacervera, la Montaña Central de León, Picos de Europa, Picos de Europa en Castilla y León, y el Valle de San Emiliano; asimismo aquellos que forman parte tanto de la región atlántica como de la mediterránea, caso de Alto Sil, Omaña y Sierra de Ancares. El retraso en la aprobación de estos planes podría suponer una pérdida de oportunidades a la hora de acceder a fondos europeos y podría dar lugar en un futuro a nuevas denuncias de la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria.
En nuestro caso, esta situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que, por lo que se refiere a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, ningún Espacio Natural Protegido declarado hasta ahora (Parques Regionales, Parques Naturales y Reservas Naturales) cuenta con Plan Rector de Uso y Gestión o Plan de Conservación, a pesar de ser los instrumentos básicos de gestión de estos espacios y a pesar de que en ocasiones se establecían, en la propia norma de declaración, plazos para la aprobación de los mismos. Además, en la provincia de León los espacio s naturales Sierra de Ancares y Hoces de Vegacervera ni siquiera cuentan con plan de ordenación de recursos naturales (PORN) aprobado, paso previo a su declaración. El PORN del futuro Parque Natural Babia y Luna (antes Valle de San Emiliano) se encuentra en tramitación. Quiere esto decir que instrumentos de planificación (ordenación y gestión) esenciales, que figuraban ya en la ley a sustituir, llevan más de dos décadas paralizados en un ejercicio de grosera inactividad por parte de la administración ambiental, por supuesto con consecuencias de largo alcance para todos los sectores implicados: carencia de las normas, directrices y criterios necesarios para administrar los espacios protegidos, indefinición en los usos y actividades económicas y recreativas permitidas, ausencia de un plan de desarrollo socioeconómico de estas zonas, etcétera.