Para que no lo tengáis que buscar
El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos). Ésta es la superficie terrestre que se verá afectada por el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria. Desde Ecologistas en Acción y diversas plataformas rurales denuncian que si la también denominada 'ley Montoro' ve la luz y es puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, abrirá la puerta a la privatización de bosques, pastos y bienes comunales, hoy gestionados por las juntas vecinales y los concejos de manera democrática.
En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones sociales que han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que "la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos".
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