El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de León dictó ayer un auto en el que ordena la paralización de las obras de implantación del tranvía, que comenzaron el pasado lunes en Padre Isla.
Se atiende así el recurso presentado por la Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán el Bueno. El juez ha dictado esta medida cautelar sin haber escuchado las explicaciones del Consistorio, algo que es posible en caso de que concurran circunstancias de especial urgencia y que puedan suponer la pérdida de la finalidad legítima del recurso. El colectivo vecinal siempre ha luchado contra la implantación del tranvía y el juez considera que el inicio de las obras sería un ejemplo de este precepto legal.
En cualquier caso, la ley marca que, una vez dictadas las medidas cautelares, el juez tendrá que convocar a las partes dentro de los tres días siguientes. En este sentido, el Ayuntamiento, la Junta y la asociación tendrán que presentarse en el juzgado el lunes a las 10 horas para aportar los documentos, informes o pruebas que consideren oportunos sobre el proyecto.
Será tras esta comparecencia del lunes cuando el juez decida si mantiene, modifica o retira la paralización cautelar de las obras.
El recurso admitido alega que el inicio de las obras se habría realizado sin modificar el PGOU y sin contar con las autorizaciones de la Junta, necesarias para proyectos que tengan evaluación ambiental o que afecten al patrimonio arqueológico. Los vecinos recuerdan además que se ha fragmentado el proyecto al dejar al margen la plaza de Santo Domingo esperando los permisos.
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Se atiende así el recurso presentado por la Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán el Bueno. El juez ha dictado esta medida cautelar sin haber escuchado las explicaciones del Consistorio, algo que es posible en caso de que concurran circunstancias de especial urgencia y que puedan suponer la pérdida de la finalidad legítima del recurso. El colectivo vecinal siempre ha luchado contra la implantación del tranvía y el juez considera que el inicio de las obras sería un ejemplo de este precepto legal.
En cualquier caso, la ley marca que, una vez dictadas las medidas cautelares, el juez tendrá que convocar a las partes dentro de los tres días siguientes. En este sentido, el Ayuntamiento, la Junta y la asociación tendrán que presentarse en el juzgado el lunes a las 10 horas para aportar los documentos, informes o pruebas que consideren oportunos sobre el proyecto.
Será tras esta comparecencia del lunes cuando el juez decida si mantiene, modifica o retira la paralización cautelar de las obras.
El recurso admitido alega que el inicio de las obras se habría realizado sin modificar el PGOU y sin contar con las autorizaciones de la Junta, necesarias para proyectos que tengan evaluación ambiental o que afecten al patrimonio arqueológico. Los vecinos recuerdan además que se ha fragmentado el proyecto al dejar al margen la plaza de Santo Domingo esperando los permisos.
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Buenos días querid@s calecher@s, ya viernes y por aquí nublado y con ganas de volver a llover, poca agua en este sector pero en algunos lugares valdría más que no hubiese llovido por los desastres que ha ocasionado.
SALUDOS Emilio, feliz día.
Igualmente Noemi, besines, desde la Costa Brava