Sociedad laica
Eduardo Castro / 14 feb 04
LA razón de ser del movimiento laicista en Europa no es acabar con la religión (con ninguna de ellas, por absurdas que a muchos nos parezcan casi todas), sino sacarla del ámbito de lo público y ubicarla exclusivamente en el de lo privado. Al igual que la militancia política, el hábito alimenticio, la inclinación sexual, el gusto musical, la preferencia literaria o la afinidad deportiva, la creencia y la práctica religiosas deben ser siempre una opción libre, individual y privada, nunca obligatoria, gregaria y pública. Por eso llama tanto la atención esta especie de cruzada desatada en nuestro país para imponer al conjunto de la sociedad civil, a golpe de decretos políticos o chantajes episcopales, la doctrina de un solo grupo, por muy mayoritario que éste sea y muchos derechos históricos o tradicionales que a su favor se esgriman. Porque eso es, precisamente, lo que la nueva Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, la controvertida LOCE, supone respecto a la Religión: una imposición forzosa en toda regla (legal, pero ilegítima; mayoritaria, pero inconstitucional) hecha al amparo de una mayoría parlamentaria que, además de absoluta, se ha mostrado asimismo absolutista para sacar adelante contra viento y marea la transformación de una asignatura hasta ahora 'maría' y voluntaria en obligatoria y trascendental. Juzguen, si no: desde el primer curso de Educación Primaria hasta la entrada en la Universidad o el pase a la Formación Profesional, la Religión, tanto en su opción confesional católica (cuyos profesores seguirán siendo nombrados por los obispos) como en su supuesta alternativa no confesional (cuyos contenidos y criterios han sido denunciados por su tendenciosidad), tendrá un total de 840 horas lectivas, por encima de asignaturas como Ciencias Naturales, Geografía, Historia o Filosofía, y bastantes más que las enseñanzas artísticas o la propia ética, aparte de contar su evaluación para posibles repeticiones y la nota media del bachillerato, con su consecuente repercusión en el futuro universitario del estudiante. Por si fuera poco el ataque a la inteligencia (y a un derecho tan elemental como el de la libertad de conciencia) que esta imposición supone, al quedar reflejada en el expediente del alumno la opción elegida se vulnera también algo tan sagrado para los mentores políticos de la polémica ley como la mismísima Constitución, que en su artículo 16 dice taxativamente que nadie será obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.
No es de extrañar, pues, que la asociación Andalucía Laica, nacida bajo la matriz de Europa Laica y a iniciativa de la pionera Granada Laica, haya acordado realizar una campaña informativa que, bajo el lema 'Por una sociedad laica' y en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos y distintas organizaciones profesionales, políticas y sindicales, pretende alertar a la sociedad española del grave retroceso civil que la próxima entrada en vigor de la LOCE traerá parejo. Porque resulta ciertamente inadmisible que, en pleno siglo XXI y a respaldo de un Concordato pactado con el Vaticano antes de aprobarse la Carta Magna, se puedan impartir en la escuela pública contravalores como la discriminación de género o la intolerancia hacia opciones religiosas, sexuales o familiares distintas a las del nacional-catolicismo que la Conferencia Episcopal y nuestra ministra-candidata parecen empeñados en devolvernos a nuestro pesar.
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