Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún
color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalificaciones dudosas o las
sombras en contratos y adjudicaciones.
La lista de
ayuntamientos sospechosos de cometer irregularidad urbanística crece sin cesar.
El juez ha imputado al alcalde y dos concejales de un municipio de
Alicante por delito de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares.
No se pueden permitir los reinos de taifa de los ayuntamientos.