Son muchos, tanto de derechas como de izquierdas, los que no acaban de interiorizar la alarma que algunos pregonamos. Y no acaban de interiorizar por considerar que el articulo segundo, sobre el que se edifica toda nuestra constitución, está salvaguardando por una de las dos instituciones a quien la propia constitución le encomienda esa misión, es decir el tribunal constitucional.
Pero, ¿qué garantias hay de que cuando un sistema democrático se corrompe por la acción deliberada del poder Ejecutivo, que a la vez corrompe al poder Legislativo, no acabe también contaminando al poder Judicial?.
En 'sensu stricto', al tribunal constitucional le corresponde velar por la constitucionalidades, al igual que al Ministro Fiscal le corresponde velar por la legalidad, ejerciendo la acusación penal y la defensa de la legalidad.
La comparación/asociación del TC con el MF que he hecho en el párrafo anterior no es espontánea, sino intencionada.Esta semana los incredúlos han podido observar con estupor un dato relevante: la corrupción de facto del Ministerio Fiscal.
El Fiscal General de Estado, más conocido como 'Cándido el malo', ha exhortado públicamente y sin ningún recato, a Jueces y Fiscales a que aparquen el Estado de Derecho.
Y la pregunta es: ¿Qué posibilidades hay de que esa misma corrupción que inpregna al Ministerio Fiscal pueda reflejarse también en el constitucional?
Repasemos los antecedentes: En Junio del 2004, es decir, tres meses despúes del golpe terrorista del 11M y dos meses despúes de la toma de posesión del Gobierno surgido a los tres dias de dicho golpe terrorista, el Tribunal constitucional fue, por imperativo legal, renovado parcialmente.A propuesta del nuevo Gobierno se incorporaron dos Magistrados y a propuesta del CGPJ se incorporaron otros dos.
En esa misma fecha se procedia a la renovación de la Presidenta de dicho Tribunal, pues uno de los Magistrados renovados era su anterior presidente, Jiménez de Parga.
Lo previsto, descontado acordado y anunciado era que fuera nombrado presidente Vicente Conde Martin de Hijas, que era el Magistrado de mayor edad, y Vicepresidenta M.Emilia Casas Baamonde."Todo un pacto para pactar y dejar ir".
Fernando. ... (ver texto completo)
Pero, ¿qué garantias hay de que cuando un sistema democrático se corrompe por la acción deliberada del poder Ejecutivo, que a la vez corrompe al poder Legislativo, no acabe también contaminando al poder Judicial?.
En 'sensu stricto', al tribunal constitucional le corresponde velar por la constitucionalidades, al igual que al Ministro Fiscal le corresponde velar por la legalidad, ejerciendo la acusación penal y la defensa de la legalidad.
La comparación/asociación del TC con el MF que he hecho en el párrafo anterior no es espontánea, sino intencionada.Esta semana los incredúlos han podido observar con estupor un dato relevante: la corrupción de facto del Ministerio Fiscal.
El Fiscal General de Estado, más conocido como 'Cándido el malo', ha exhortado públicamente y sin ningún recato, a Jueces y Fiscales a que aparquen el Estado de Derecho.
Y la pregunta es: ¿Qué posibilidades hay de que esa misma corrupción que inpregna al Ministerio Fiscal pueda reflejarse también en el constitucional?
Repasemos los antecedentes: En Junio del 2004, es decir, tres meses despúes del golpe terrorista del 11M y dos meses despúes de la toma de posesión del Gobierno surgido a los tres dias de dicho golpe terrorista, el Tribunal constitucional fue, por imperativo legal, renovado parcialmente.A propuesta del nuevo Gobierno se incorporaron dos Magistrados y a propuesta del CGPJ se incorporaron otros dos.
En esa misma fecha se procedia a la renovación de la Presidenta de dicho Tribunal, pues uno de los Magistrados renovados era su anterior presidente, Jiménez de Parga.
Lo previsto, descontado acordado y anunciado era que fuera nombrado presidente Vicente Conde Martin de Hijas, que era el Magistrado de mayor edad, y Vicepresidenta M.Emilia Casas Baamonde."Todo un pacto para pactar y dejar ir".
Fernando. ... (ver texto completo)
