Aunque esta información era del verano del año pasado todavía sigue teniendo vigencia. Lo que ha cambiado es que los cursillos que organizan las oficinas de empleo no son obligatorios.
José Antonio Pérez – ATTAC Madrid
..... ¿Formar o vigilar?
Enviar a los parados a cursos de formación parece obedecer más al propósito de ejercer sobre ellos una vigilancia para evitar que efectúen esos trabajos sumergidos, que a un loable propósito formativo. Pues está por ver que la Administración esté ahora mismo en condiciones de ofertar actividades formativas para cinco millones de desempleados.
Nadie negará las bondades de la formación. En materia de productividad, España tiene un déficit. Buena parte del mismo se debe al gran peso que han tenido en nuestro modelo económico dos sectores que generan poco valor añadido: la construcción y el turismo. El tercer factor que determina esta baja productividad es la escasa aplicación de nuevas tecnologías, debido a la falta de capacidad de la mano de obra para usarla. Esto no significa que los trabajadores españoles sean más torpes que los del resto del mundo, sino los elevados índices de precariedad en el empleo. La temporalidad en los contratos no ayuda a que el capital humano se aproveche bien. La empresa no invierte en la formación de sus empleados, y ellos no se esfuerzan en formarse.
Y ya que hablamos de fraude, conviene no olvidar tampoco que las actividades de formación a desempleados han sido, en sí mismas, un importante foco de corrupción, hasta el punto de que, en febrero de 2000, el entonces ministro de Trabajo del Gobierno del PP, Manuel Pimentel, se vio forzado a dimitir al descubrirse que un alto cargo de su confianza era copropietario de una empresa que recibía del ministerio elevadas subvenciones para formación de parados.
El caso Aycart
El ministro Pimentel dimitió al descubrirse que la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial, especializada en impartir cursos de formación para desempleados, pertenecía al 50% a la esposa de Juan Aycart, director general de Migraciones. Entre 1995 y 1999, dicha empresa obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem, gracias a que sus contactos internos le proporcionaron información privilegiada.
El caso Sánchez Fierro
CGP, otra empresa dedicada a la formación, recibió miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 obtuvo 2.500 millones de los fondos de formación profesional. CGP era propiedad de un cuñado de Julio Sánchez Fierro, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998. En 1999, Sánchez Fierro formaba parte de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en el gabinete ministerial, fue responsable del departamento de formación y empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, asesor de la patronal aseguradora Unespa y presidente de la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La actividad de CGP se centró especialmente en los planes formativos acogidos al plan nacional de empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo.
El caso Pallerols
En octubre de 2000, la Comisión Europea bloqueó la entrega al Gobierno catalán de 62 millones de euros en concepto de fondos para la formación de parados hasta recibir explicaciones convincentes sobre el correcto uso de los mismos. A partir de 1988, en Bruselas se empezó a tener conocimiento de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos por parte del grupo Méndez. Informaciones que al año siguiente se extendieron a los fondos gestionados por el empresario Fidel Pallerols, propietario de tres academias para formación de parados que recibieron fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán.
http://carnetdeparo. blogspot. com
José Antonio Pérez – ATTAC Madrid
..... ¿Formar o vigilar?
Enviar a los parados a cursos de formación parece obedecer más al propósito de ejercer sobre ellos una vigilancia para evitar que efectúen esos trabajos sumergidos, que a un loable propósito formativo. Pues está por ver que la Administración esté ahora mismo en condiciones de ofertar actividades formativas para cinco millones de desempleados.
Nadie negará las bondades de la formación. En materia de productividad, España tiene un déficit. Buena parte del mismo se debe al gran peso que han tenido en nuestro modelo económico dos sectores que generan poco valor añadido: la construcción y el turismo. El tercer factor que determina esta baja productividad es la escasa aplicación de nuevas tecnologías, debido a la falta de capacidad de la mano de obra para usarla. Esto no significa que los trabajadores españoles sean más torpes que los del resto del mundo, sino los elevados índices de precariedad en el empleo. La temporalidad en los contratos no ayuda a que el capital humano se aproveche bien. La empresa no invierte en la formación de sus empleados, y ellos no se esfuerzan en formarse.
Y ya que hablamos de fraude, conviene no olvidar tampoco que las actividades de formación a desempleados han sido, en sí mismas, un importante foco de corrupción, hasta el punto de que, en febrero de 2000, el entonces ministro de Trabajo del Gobierno del PP, Manuel Pimentel, se vio forzado a dimitir al descubrirse que un alto cargo de su confianza era copropietario de una empresa que recibía del ministerio elevadas subvenciones para formación de parados.
El caso Aycart
El ministro Pimentel dimitió al descubrirse que la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial, especializada en impartir cursos de formación para desempleados, pertenecía al 50% a la esposa de Juan Aycart, director general de Migraciones. Entre 1995 y 1999, dicha empresa obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem, gracias a que sus contactos internos le proporcionaron información privilegiada.
El caso Sánchez Fierro
CGP, otra empresa dedicada a la formación, recibió miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 obtuvo 2.500 millones de los fondos de formación profesional. CGP era propiedad de un cuñado de Julio Sánchez Fierro, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998. En 1999, Sánchez Fierro formaba parte de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en el gabinete ministerial, fue responsable del departamento de formación y empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, asesor de la patronal aseguradora Unespa y presidente de la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La actividad de CGP se centró especialmente en los planes formativos acogidos al plan nacional de empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo.
El caso Pallerols
En octubre de 2000, la Comisión Europea bloqueó la entrega al Gobierno catalán de 62 millones de euros en concepto de fondos para la formación de parados hasta recibir explicaciones convincentes sobre el correcto uso de los mismos. A partir de 1988, en Bruselas se empezó a tener conocimiento de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos por parte del grupo Méndez. Informaciones que al año siguiente se extendieron a los fondos gestionados por el empresario Fidel Pallerols, propietario de tres academias para formación de parados que recibieron fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán.
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