El PSOE reitera la confianza en alcaldes con causas abiertas por asuntos urbanísticos
El vicesecretario jienense insiste en la defensa de la actuación del regidor de Torredelcampo El martes declara ante el juez el alcalde de Baños de la Encina, donde ya hay 19 imputados.
«No hay procesamiento alguno, sino una imputación provisional de un fiscal que habrá que analizar si va o no hacia adelante». Con estas palabras, el vicesecretario general de los socialistas jienenses y delegado de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, eludía esta misma semana relacionar la investigación judicial abierta en Torredelcampo por las construcciones supuestamente irregulares en el Megatín, en la que está imputado el alcalde Blas Sabalete con el anuncio realizado por el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, de que nadie sobre quien recaigan «indicios racionales» de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formará parte de las listas socialistas.
El alcalde torrecampeño está imputado no sólo por no ordenar expedientes sancionadores contra quienes infringían las normas urbanísticas, sino porque ni tan siquiera denunció lo que estaba pasando «dando lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal». Reyes -el pasado día 2, veinte días antes de la advertencia de Blanco- compareció en la sede provincial del PSOE junto a Sabalete para mostrar su «total apoyo» y el del partido al regidor. Es más, dejó la puerta abierta a que Sabalete se presentase a la reelección si así lo decidían los órganos competentes del partido.
Por otra parte, el martes está citado en los juzgados de La Carolina el alcalde de Baños de la Encina, Miguel Campillo, para declarar en relación con la denuncia que puso contra él un vecino también por irregularidades urbanísticas en el pueblo. La Guardia Civil ha imputado ya a 19 personas por construcciones al margen de la legalidad, y la investigación sigue abierta. Fuentes consultadas en el PSOE indican que no hay ningún expediente interno abierto sobre este asunto. La semana pasada, Campillo pidió la confianza de los militantes socialistas de Baños en una asamblea. Tuvo que escuchar algunos reproches, pero en principio sigue teniendo la confianza del partido en la localidad, según las fuentes consultadas en Baños.
Tampoco el PSOE buscó una actuación ejemplarizante en el 'caso Romero'. El ex alcalde de La Guardia, Juan Ramón Romero, fue condenado en el mes de enero por prevaricar. Modificó en la notaría días antes de entregar la vara de mando al PP (que ganó las últimas municipales) un convenio urbanístico firmado con un histórico militante socialista de la localidad. Hizo añadir en la escritura que todos los gastos de urbanización del suelo serían por cuenta del Ayuntamiento. La condena se hizo pública en los primeros días de enero, e inhabilitaba a Romero para ejercer cargo público. En aquel entonces era el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén. No fue cesado, sino que se le permitió dimitir. Y el partido no le exigió que entregase su acta de edil en el Ayuntamiento de la Guardia. La Audiencia ratificó la condena a finales de junio. Romero ha sido concejal hasta hace días, cuando al fin entregó su acta en el Consistorio.
Ideal digital.
Rey Momo. ... (ver texto completo)
El vicesecretario jienense insiste en la defensa de la actuación del regidor de Torredelcampo El martes declara ante el juez el alcalde de Baños de la Encina, donde ya hay 19 imputados.
«No hay procesamiento alguno, sino una imputación provisional de un fiscal que habrá que analizar si va o no hacia adelante». Con estas palabras, el vicesecretario general de los socialistas jienenses y delegado de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, eludía esta misma semana relacionar la investigación judicial abierta en Torredelcampo por las construcciones supuestamente irregulares en el Megatín, en la que está imputado el alcalde Blas Sabalete con el anuncio realizado por el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, de que nadie sobre quien recaigan «indicios racionales» de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formará parte de las listas socialistas.
El alcalde torrecampeño está imputado no sólo por no ordenar expedientes sancionadores contra quienes infringían las normas urbanísticas, sino porque ni tan siquiera denunció lo que estaba pasando «dando lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal». Reyes -el pasado día 2, veinte días antes de la advertencia de Blanco- compareció en la sede provincial del PSOE junto a Sabalete para mostrar su «total apoyo» y el del partido al regidor. Es más, dejó la puerta abierta a que Sabalete se presentase a la reelección si así lo decidían los órganos competentes del partido.
Por otra parte, el martes está citado en los juzgados de La Carolina el alcalde de Baños de la Encina, Miguel Campillo, para declarar en relación con la denuncia que puso contra él un vecino también por irregularidades urbanísticas en el pueblo. La Guardia Civil ha imputado ya a 19 personas por construcciones al margen de la legalidad, y la investigación sigue abierta. Fuentes consultadas en el PSOE indican que no hay ningún expediente interno abierto sobre este asunto. La semana pasada, Campillo pidió la confianza de los militantes socialistas de Baños en una asamblea. Tuvo que escuchar algunos reproches, pero en principio sigue teniendo la confianza del partido en la localidad, según las fuentes consultadas en Baños.
Tampoco el PSOE buscó una actuación ejemplarizante en el 'caso Romero'. El ex alcalde de La Guardia, Juan Ramón Romero, fue condenado en el mes de enero por prevaricar. Modificó en la notaría días antes de entregar la vara de mando al PP (que ganó las últimas municipales) un convenio urbanístico firmado con un histórico militante socialista de la localidad. Hizo añadir en la escritura que todos los gastos de urbanización del suelo serían por cuenta del Ayuntamiento. La condena se hizo pública en los primeros días de enero, e inhabilitaba a Romero para ejercer cargo público. En aquel entonces era el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén. No fue cesado, sino que se le permitió dimitir. Y el partido no le exigió que entregase su acta de edil en el Ayuntamiento de la Guardia. La Audiencia ratificó la condena a finales de junio. Romero ha sido concejal hasta hace días, cuando al fin entregó su acta en el Consistorio.
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