NOTICIA PROCEDENTE DEL PERIODICO " EL NORTE DE CASTILLA ":
" La Audiencia Provincial juzgará a principios del año que viene al ex jefe del Servicio de Minas de Valladolid, organismo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, como autor de varios presuntos delitos de cohecho (aceptar o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto que debería realizar como funcionario público) cometidos contra empresarios del sector de la explotación de áridos que ejercían en la provincia vallisoletana.
El fiscal, José María Martínez Matesanz, solicita para él una pena global de seis años de cárcel, tanto por el cohecho y como por el delito de falsedad en documento oficial.
Esta investigación, que se ha llevado a cabo durante cinco años por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, se abrió a raíz de una denuncia que se tramitó en el Procurador del Común, Manuel García Álvarez, sobre una presunta extorsión del entonces jefe de Minas, Maurilio P. C., que ostentó la Jefatura en Comisión de Servicios entre los años 2000 y 2004, tras la jubilación del anterior responsable que estuvo 22 años.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Valladolid, que ejerce junto con la Junta la acusación pública contra este funcionario de 53 años, Parrado era también el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas de la zona centro, al tiempo que ocupaba el puesto de jefe del Servicio. La sede de este colegio profesional, junto a la Plaza del Ejército, coincidía con la empresa Asesoría Integral a la Minería, que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del acusado, única socia y administradora.
El Ministerio Público sostiene tras la investigación judicial que durante el tiempo en el que Parrado ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para «presionar» a un empresario que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa.
En caso contrario, le advirtió que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como Jefe de Minas, y «que si no hablaba bien de ella tendría los días contados». La normativa establece que para autorizar una explotación de áridos (canteras, areneras o pizarras) es necesario un proyecto medioambiental firmado por técnicos especialistas y que en algunos casos suponen desembolsos entre 3.000 y 18.000 euros.
Según la Fiscalía, el empresario se vio coaccionado y vendió 564 acciones de su empresa al hermano del acusado, por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros. El extorsionado se vio obligado a actuar como letrado del hermano del funcionario en un proceso judicial Contencioso-administrativo en Segovia en el año 2002, sin que recibiera dinero alguno.
Pero la presión fue más allá, según el fiscal, y el empresario se vio obligado a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. hizo en un piso de su propiedad, y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.
A finales del 2004, cuando Economía tuvo conocimiento de esta y otras denuncias decidió no renovar en el puesto de la comisión de servicios al acusado, quien recurrió tal decisión en vía administrativa. La Junta está personada en el procedimiento para responder ante posibles reclamaciones de empresarios que se hayan sentido perjudicados, y acusa además al hermano del funcionario de un delito de cohecho como cooperador." El Norte de Castilla, 14/12/2009,
" La Audiencia Provincial juzgará a principios del año que viene al ex jefe del Servicio de Minas de Valladolid, organismo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, como autor de varios presuntos delitos de cohecho (aceptar o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto que debería realizar como funcionario público) cometidos contra empresarios del sector de la explotación de áridos que ejercían en la provincia vallisoletana.
El fiscal, José María Martínez Matesanz, solicita para él una pena global de seis años de cárcel, tanto por el cohecho y como por el delito de falsedad en documento oficial.
Esta investigación, que se ha llevado a cabo durante cinco años por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, se abrió a raíz de una denuncia que se tramitó en el Procurador del Común, Manuel García Álvarez, sobre una presunta extorsión del entonces jefe de Minas, Maurilio P. C., que ostentó la Jefatura en Comisión de Servicios entre los años 2000 y 2004, tras la jubilación del anterior responsable que estuvo 22 años.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Valladolid, que ejerce junto con la Junta la acusación pública contra este funcionario de 53 años, Parrado era también el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas de la zona centro, al tiempo que ocupaba el puesto de jefe del Servicio. La sede de este colegio profesional, junto a la Plaza del Ejército, coincidía con la empresa Asesoría Integral a la Minería, que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del acusado, única socia y administradora.
El Ministerio Público sostiene tras la investigación judicial que durante el tiempo en el que Parrado ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para «presionar» a un empresario que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa.
En caso contrario, le advirtió que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como Jefe de Minas, y «que si no hablaba bien de ella tendría los días contados». La normativa establece que para autorizar una explotación de áridos (canteras, areneras o pizarras) es necesario un proyecto medioambiental firmado por técnicos especialistas y que en algunos casos suponen desembolsos entre 3.000 y 18.000 euros.
Según la Fiscalía, el empresario se vio coaccionado y vendió 564 acciones de su empresa al hermano del acusado, por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros. El extorsionado se vio obligado a actuar como letrado del hermano del funcionario en un proceso judicial Contencioso-administrativo en Segovia en el año 2002, sin que recibiera dinero alguno.
Pero la presión fue más allá, según el fiscal, y el empresario se vio obligado a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. hizo en un piso de su propiedad, y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.
A finales del 2004, cuando Economía tuvo conocimiento de esta y otras denuncias decidió no renovar en el puesto de la comisión de servicios al acusado, quien recurrió tal decisión en vía administrativa. La Junta está personada en el procedimiento para responder ante posibles reclamaciones de empresarios que se hayan sentido perjudicados, y acusa además al hermano del funcionario de un delito de cohecho como cooperador." El Norte de Castilla, 14/12/2009,
