Alrededor de 1.400 viviendas sociales de la Junta están actualmente ocupadas de forma irregular, ya sea porque sus inquilinos no son los adjudicatarios legítimos, porque se ha producido una ocupación ilegal o porque se llevan a cabo conductas antisociales que afectan a la convivencia con los vecinos. Esta cifra equivale al 10% del parque de viviendas del Ejecutivo regional, que suma en total 13.689 inmuebles, según explicó ayer el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, en una rueda de prensa en la que hizo balance de las actuaciones en esta materia en el 2013 y dio algunos datos sobre los planes previstos para 2014.
Del Moral explicó que la consejería ha concluido recientemente la inspección que se puso en marcha tras el cambio de gobierno en 2011, que ha llevado a revisar "uno por uno" todos los inmuebles del parque regional de viviendas sociales y ha puesto de manifiesto "una lamentable dejación en el control" en este ámbito por parte del Ejecutivo socialista. "Son bienes de todos los extremeños y queremos velar por que sus llaves estén en manos de las familias que verdaderamente las necesitan", indicó del Moral.
El consejero señaló que la mayor parte de las irregularidades detectadas han sido provocadas por personas que no son los titulares directos de las viviendas. En muchos casos se trata de familiares de los adjudicatarios originales, por lo que los servicios sociales de la Consejería de Fomento ya trabajan para regularizar aquellas situaciones que sea posible y siempre que los actuales inquilinos cumplan los requisitos establecidos. El dato más preocupante se refiere a las ocupaciones ilegales de las viviendas sociales, que afectan al 1,5% de las viviendas, es decir, a 204. A estas se suman aquellas en las que se producen "conductas antisociales" por parte de sus inquilinos, un aspecto que se ha detectado en el 0,6% del total (86 viviendas).
"Ni las ocupaciones ilegales ni las conductas que perturban la vida de los ciudadanos decentes, que cumplen con sus obligaciones, las va a consentir este Gobierno", advirtió Del Moral, que añadió que la Administración regional "tiene claro que las viviendas sociales deben estar en manos de los necesitados, y no de los aprovechados".
34 DESAHUCIOS En este sentido, ha detallado que el Gobierno extremeño ha materializado en lo que va de legislatura un total de 75 desahucios en alguno de los inmuebles del parque regional de viviendas, 34 de ellos en 2013. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los bancos ejecutaron el pasado año en Extremadura un total de 948 ejecuciones hipotecarias. De los desahucios llevados a cabo por el Gobierno regional, en la "práctica totalidad" de los casos se ha tratado de inmuebles desocupados, dedicados a almacenes, trasteros o venta de drogas; ocupaciones ilegales o de adjudicatarios que llevaban "años residiendo fuera de la comunidad autónoma", o en los que se producían conductas antisociales.
De esta forma, Del Moral ha aclarado que los desahucios por impago son una "escasísima minoría", y en todos los casos cuando los adjudicatarios ya adeudaban más de cien recibos, lo que supone más de ocho años sin abonar la renta social correspondiente. "Esto demuestra que la deuda no guarda relación con ninguna situación sobrevenida por la crisis económica", ha indicado Del Moral, quien además ha detallado que todos los desahucios están amparados judicialmente, y que se llega a esta resolución "tras un proceso largo, complejo y garantista".
Actualmente la Consejería de Fomento cuenta con 442 viviendas desocupadas que próximamente, una vez recuperadas y rehabilitadas, serán entregadas a personas que lo necesiten. De ellas, ya hay 191 disponibles y en proceso de adjudicación a sus nuevos inquilinos. En esta línea, el titular de Vivienda ha detallado que en 2013 el Ejecutivo regional ha invertido más de siete millones de euros en la entrega de 300 viviendas sociales, entre nuevas y rehabilitadas, a familias con pocos recursos. En lo que va de legislatura, la cifra se eleva hasta 745.
Por otro lado, Del Moral ha explicado que la consejería ha entregado en los últimos siete meses un total de 35 viviendas sociales a familias que habían sido desalojadas por no poder pagar la hipoteca al banco, una medida que ha podido producirse gracias a la modificación, el pasado año, del decreto de adjudicación de viviendas.
Además, Del Moral ha recordado que los inquilinos de las viviendas sociales que no pueden abonar las cuotas por cambios en su situación económica se pueden beneficiar de una rebaja en el alquiler que puede llegar a la exención total durante dos años. El consejero ha cifrado en 1.393 el número de familias, el 10% del total, que actualmente se benefician de estas minoraciones.
Del Moral explicó que la consejería ha concluido recientemente la inspección que se puso en marcha tras el cambio de gobierno en 2011, que ha llevado a revisar "uno por uno" todos los inmuebles del parque regional de viviendas sociales y ha puesto de manifiesto "una lamentable dejación en el control" en este ámbito por parte del Ejecutivo socialista. "Son bienes de todos los extremeños y queremos velar por que sus llaves estén en manos de las familias que verdaderamente las necesitan", indicó del Moral.
El consejero señaló que la mayor parte de las irregularidades detectadas han sido provocadas por personas que no son los titulares directos de las viviendas. En muchos casos se trata de familiares de los adjudicatarios originales, por lo que los servicios sociales de la Consejería de Fomento ya trabajan para regularizar aquellas situaciones que sea posible y siempre que los actuales inquilinos cumplan los requisitos establecidos. El dato más preocupante se refiere a las ocupaciones ilegales de las viviendas sociales, que afectan al 1,5% de las viviendas, es decir, a 204. A estas se suman aquellas en las que se producen "conductas antisociales" por parte de sus inquilinos, un aspecto que se ha detectado en el 0,6% del total (86 viviendas).
"Ni las ocupaciones ilegales ni las conductas que perturban la vida de los ciudadanos decentes, que cumplen con sus obligaciones, las va a consentir este Gobierno", advirtió Del Moral, que añadió que la Administración regional "tiene claro que las viviendas sociales deben estar en manos de los necesitados, y no de los aprovechados".
34 DESAHUCIOS En este sentido, ha detallado que el Gobierno extremeño ha materializado en lo que va de legislatura un total de 75 desahucios en alguno de los inmuebles del parque regional de viviendas, 34 de ellos en 2013. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los bancos ejecutaron el pasado año en Extremadura un total de 948 ejecuciones hipotecarias. De los desahucios llevados a cabo por el Gobierno regional, en la "práctica totalidad" de los casos se ha tratado de inmuebles desocupados, dedicados a almacenes, trasteros o venta de drogas; ocupaciones ilegales o de adjudicatarios que llevaban "años residiendo fuera de la comunidad autónoma", o en los que se producían conductas antisociales.
De esta forma, Del Moral ha aclarado que los desahucios por impago son una "escasísima minoría", y en todos los casos cuando los adjudicatarios ya adeudaban más de cien recibos, lo que supone más de ocho años sin abonar la renta social correspondiente. "Esto demuestra que la deuda no guarda relación con ninguna situación sobrevenida por la crisis económica", ha indicado Del Moral, quien además ha detallado que todos los desahucios están amparados judicialmente, y que se llega a esta resolución "tras un proceso largo, complejo y garantista".
Actualmente la Consejería de Fomento cuenta con 442 viviendas desocupadas que próximamente, una vez recuperadas y rehabilitadas, serán entregadas a personas que lo necesiten. De ellas, ya hay 191 disponibles y en proceso de adjudicación a sus nuevos inquilinos. En esta línea, el titular de Vivienda ha detallado que en 2013 el Ejecutivo regional ha invertido más de siete millones de euros en la entrega de 300 viviendas sociales, entre nuevas y rehabilitadas, a familias con pocos recursos. En lo que va de legislatura, la cifra se eleva hasta 745.
Por otro lado, Del Moral ha explicado que la consejería ha entregado en los últimos siete meses un total de 35 viviendas sociales a familias que habían sido desalojadas por no poder pagar la hipoteca al banco, una medida que ha podido producirse gracias a la modificación, el pasado año, del decreto de adjudicación de viviendas.
Además, Del Moral ha recordado que los inquilinos de las viviendas sociales que no pueden abonar las cuotas por cambios en su situación económica se pueden beneficiar de una rebaja en el alquiler que puede llegar a la exención total durante dos años. El consejero ha cifrado en 1.393 el número de familias, el 10% del total, que actualmente se benefician de estas minoraciones.