Alrededor de 1.400 viviendas sociales de la Junta están actualmente ocupadas de forma irregular, ya sea porque sus inquilinos no son los adjudicatarios legítimos, porque se ha producido una ocupación ilegal o porque se llevan a cabo conductas antisociales que afectan a la convivencia con los vecinos. Esta cifra equivale al 10% del
parque de viviendas del Ejecutivo regional, que suma en total 13.689 inmuebles, según explicó ayer el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo,
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