Isabel Olmos, Torrent
La juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Torrent ha citado al alcalde de Paiporta, Bart Bas, para que declare la próxima semana « en calidad de imputado» por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Concretamente, será el martes 20 de febrero cuando el dirigente socialista Deva responder, por primera vez en estas diligencias previas, a las acusaciones que PP y PAU plasmaron en una querella criminal que ha sido ampliada en varias ocasiones.
Además de Bas, la juez que instruye el caso ha ordenado que declaren como testigos -en tres jornadas diferentes hasta el 14 de marzo- un total de 13 personas, entre las que se encuentra la esposa de Bas y edil de Acción Social, Emilia Soler; y funcionarios de confianza como el carpintero municipal, Juan Fernández García y el coordinador de Urbanismo, Juan González Jarque, que era edil en la comisión de gobierno que aprobó las certificaciones de obra del auditorio que PP y PAU consideran falsas. Por ello, también están llamados a declarar el ex concejal socialista Manuel Montero. Además, deberán pasaro por el despacho de la juez numerosos trabajadores municipales de la Brigada de Obras y de la Brigada de Limpieza para declarar si han realizado trabajos para los Bas y dirigentes de las empresas adjudicatarias de parte del auditorio. En la querella, PP y PAU denunciaban supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del auditorio municipal como sobrecostes de elementos ornamentales o el pago por un ascensor que no existe. En el caso de la piscina cubierta, los dos partidos denuncian la adjudicación de una obra de seis millones de euros a una UTE donde una de las firmas sólo tenía un capital social de 3.000 euros y cuya adjudicación la aprobó el gobierno local con los informes en contra del interventor.
En su providencia, la magistrada solicita al ayuntamiento que aporte a la causa el « expediente completo » del auditorio municipal relativo a la adjudicación, contratación y construcción del mismo así como « contratos, la totalidad de las certificaciones de obra, la acreditación de todos los pagos efectuados en relación con el auditorio por cualquier medio y eventuales expedientes (si existieran) de los litigios derivados de las adjudicaciones ». La titular del juzgado número 5 también le ha pedido al secretario municipal que le remita una certificación « que contenga el tenor literal e íntegro » de los decretos de alcaldía para las plazas de Coordinador de Obras, de Deportes y de Cultura y reclama -también al secretario-, que remita al juzgado las nóminas del carpintero municipal, Juan Fernández, correspondientes a los últimos 12 meses « en las que conste detalladamente la cantidad que cobra en concepto de gratificaciones y en concepto de qué las percibe ». Las formaciones apuntaron a que lo hace a cambio de estar «al servicio» de la esposa de Bas, a quien le hace de « chofer» .
En la querella, PP y PAU denunciaban también que el actual coordinador de Obras estaba presuntamente relacionado con la retirada de documentación del consistorio en 2003, cuando el PSPV podía perder las elecciones.
La magistrada pregunta a Anticorrupción
La investigación que la juez de Torrent está llevando a cabo a raíz de la querella criminal contra el alcalde de Paiporta interpuesta por PP y PAU podría incorporar información de otras instancias judiciales. La magistrada ha ordenado que se libre un oficio a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana «para que informe si en dicha fiscalía ha tenido entrada alguna denuncia sobre contrataciones irregulares en el ayuntamiento, efectuadas por algún sindicato o persona física o jurídica».
En el caso de que, efectivamente, alguien haya denunciado en la fiscalía Anticorrupción algún hecho relativo a lo indicado por la juez y se ha incoado diligencias, ésta reclama que se le remita «testimonio de las mismas».
De momento, lo que la juez de Torrent ha ordenado devolver al ayuntamiento son los 18 tomos de información de los expedientes de la piscina cubierta ya que, tras haberlos analizado, sólo se aportará a la causa la documentación sobrela adquisición de los terrenos y el expediente administrativo.
La juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Torrent ha citado al alcalde de Paiporta, Bart Bas, para que declare la próxima semana « en calidad de imputado» por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Concretamente, será el martes 20 de febrero cuando el dirigente socialista Deva responder, por primera vez en estas diligencias previas, a las acusaciones que PP y PAU plasmaron en una querella criminal que ha sido ampliada en varias ocasiones.
Además de Bas, la juez que instruye el caso ha ordenado que declaren como testigos -en tres jornadas diferentes hasta el 14 de marzo- un total de 13 personas, entre las que se encuentra la esposa de Bas y edil de Acción Social, Emilia Soler; y funcionarios de confianza como el carpintero municipal, Juan Fernández García y el coordinador de Urbanismo, Juan González Jarque, que era edil en la comisión de gobierno que aprobó las certificaciones de obra del auditorio que PP y PAU consideran falsas. Por ello, también están llamados a declarar el ex concejal socialista Manuel Montero. Además, deberán pasaro por el despacho de la juez numerosos trabajadores municipales de la Brigada de Obras y de la Brigada de Limpieza para declarar si han realizado trabajos para los Bas y dirigentes de las empresas adjudicatarias de parte del auditorio. En la querella, PP y PAU denunciaban supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del auditorio municipal como sobrecostes de elementos ornamentales o el pago por un ascensor que no existe. En el caso de la piscina cubierta, los dos partidos denuncian la adjudicación de una obra de seis millones de euros a una UTE donde una de las firmas sólo tenía un capital social de 3.000 euros y cuya adjudicación la aprobó el gobierno local con los informes en contra del interventor.
En su providencia, la magistrada solicita al ayuntamiento que aporte a la causa el « expediente completo » del auditorio municipal relativo a la adjudicación, contratación y construcción del mismo así como « contratos, la totalidad de las certificaciones de obra, la acreditación de todos los pagos efectuados en relación con el auditorio por cualquier medio y eventuales expedientes (si existieran) de los litigios derivados de las adjudicaciones ». La titular del juzgado número 5 también le ha pedido al secretario municipal que le remita una certificación « que contenga el tenor literal e íntegro » de los decretos de alcaldía para las plazas de Coordinador de Obras, de Deportes y de Cultura y reclama -también al secretario-, que remita al juzgado las nóminas del carpintero municipal, Juan Fernández, correspondientes a los últimos 12 meses « en las que conste detalladamente la cantidad que cobra en concepto de gratificaciones y en concepto de qué las percibe ». Las formaciones apuntaron a que lo hace a cambio de estar «al servicio» de la esposa de Bas, a quien le hace de « chofer» .
En la querella, PP y PAU denunciaban también que el actual coordinador de Obras estaba presuntamente relacionado con la retirada de documentación del consistorio en 2003, cuando el PSPV podía perder las elecciones.
La magistrada pregunta a Anticorrupción
La investigación que la juez de Torrent está llevando a cabo a raíz de la querella criminal contra el alcalde de Paiporta interpuesta por PP y PAU podría incorporar información de otras instancias judiciales. La magistrada ha ordenado que se libre un oficio a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana «para que informe si en dicha fiscalía ha tenido entrada alguna denuncia sobre contrataciones irregulares en el ayuntamiento, efectuadas por algún sindicato o persona física o jurídica».
En el caso de que, efectivamente, alguien haya denunciado en la fiscalía Anticorrupción algún hecho relativo a lo indicado por la juez y se ha incoado diligencias, ésta reclama que se le remita «testimonio de las mismas».
De momento, lo que la juez de Torrent ha ordenado devolver al ayuntamiento son los 18 tomos de información de los expedientes de la piscina cubierta ya que, tras haberlos analizado, sólo se aportará a la causa la documentación sobrela adquisición de los terrenos y el expediente administrativo.