Tras el fiasco de los experimentos ruinosos en la sanidad de Madrid y Valencia, el presidente de la comunidad madrileña sigue empeñado en impulsar la privatización de la gestión de siete hospitales públicos y numerosos centros de salud. Ello sin que haya presentado ningún estudio económico fiable, y bajo serias sospechas de haber inflado el cálculo de los gastos del sistema público para justificar su decisión.
El plan es igualmente temerario al permitir que nuestra
sanidad se concentre progresivamente en manos de una poderosa élite de grupos sanitarios: Capio y USP-Quirón, dominados por fondos de inversión británicos, y Ribera Salud, propiedad de CAM y Bancaja (Bankia), estrellas de la funesta burbuja inmobiliaria. Todo ello en medio de un bochornoso
baile de altos funcionarios y directivos de empresas del sector, que pasan de un cargo de decisión a otro sin control alguno.