El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en la contratación de las poligrafías por La Arrixaca
El órgano fiscalizador ordena realizar nuevas diligencias para comprobar si hubo perjuicio a los fondos públicos
J. MOLLEJO/MURCI
Salvador Ruso: «No conocí esa decisión y no tengo nada que declarar al respecto»
LOS HECHOS
El Tribunal de Cuentas no lo ve claro y ha decidido investigar el asunto de las poligrafías (pruebas para diagnosticar trastornos del sueño) realizadas para el Hospital Virgen de la Arrixaca entre los años 2001 y 2003 por la empresa Gerencia Sanitaria. Esta sociedad carecía de contrato de adjudicación y cobró hasta seis veces más que la compañía que sí disponía del preceptivo contrato y que prestaba este mismo trabajo al resto de hospitales del Servicio Murciano de Salud.
El órgano fiscalizador ha propuesto, de acuerdo con las peticiones del ministerio fiscal y el abogado del Estado, que se traslade este caso a la Sección de Enjuiciamiento y se nombre un delegado instructor, por considerar que pudiera existir un caso de «alcance de caudales o efectos públicos», es decir, de claro perjuicio para las arcas públicas.
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares sobre este caso en octubre de 2004 a raíz de la denuncia presentada por los diputados del PSOE Begoña García Retegui y Domingo Carpena.
Como consecuencia de estas diligencias, en las que no comparecieron los servicios jurídicos de la Comunidad a pesar de ser avisados, el órgano fiscalizador dictó un auto el 23 de diciembre, en el que razona que «los hechos objeto de las presentes diligencias, que se refieren al posible menoscabo de los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en la contratación por el Hospital Virgen de la Arrixaca para realizar las pruebas de poligrafía, pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos».
Relaciones con el PP
El instructor que nombre el Tribunal de Cuentas deberá practicar las diligencias oportunas, entre otras, «el examen de la denuncia presentada para la averiguación del hecho y, en su caso, los perjuicios causados y los presuntos responsables», agrega el auto.
García Retegui no supo precisar ayer con exactitud el importe del daño ocasionado a las cuentas públicas, ya que la empresa Gerencia Sanitaria carecía de contrato, pero recordó que en 2002 esta empresa cobró 60.844 euros por practicar poligrafías a 360 pacientes, y en 2003 esta cifra se elevó a 121.880 euros por 842 pruebas. El PSOE calcula que sólo en 2003 se pagaron 109.600 euros de forma irregular.
Los diputados socialistas denunciaron que Gerencia Sanitaria es propiedad de Salvador Ruso Pacheco, durante años conocido militante del PP alicantino y responsable de varias empresas más, como Clínica Villamartín, de la que es administrador único y en cuyo consejo de administración figura como vocal José Antonio Donat Ortuño, ex presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero de la futura televisión autonómica a propuesta del PP.
García Retegui pidió al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y a la consejera de Sanidad, María Teresa Herranz, explicaciones sobre por qué mantienen en sus cargos a los supuestos responsables de este caso, entre los que citó al actual gerente de la Arrixaca, Roberto Ferrándiz.
El órgano fiscalizador ordena realizar nuevas diligencias para comprobar si hubo perjuicio a los fondos públicos
J. MOLLEJO/MURCI
Salvador Ruso: «No conocí esa decisión y no tengo nada que declarar al respecto»
LOS HECHOS
El Tribunal de Cuentas no lo ve claro y ha decidido investigar el asunto de las poligrafías (pruebas para diagnosticar trastornos del sueño) realizadas para el Hospital Virgen de la Arrixaca entre los años 2001 y 2003 por la empresa Gerencia Sanitaria. Esta sociedad carecía de contrato de adjudicación y cobró hasta seis veces más que la compañía que sí disponía del preceptivo contrato y que prestaba este mismo trabajo al resto de hospitales del Servicio Murciano de Salud.
El órgano fiscalizador ha propuesto, de acuerdo con las peticiones del ministerio fiscal y el abogado del Estado, que se traslade este caso a la Sección de Enjuiciamiento y se nombre un delegado instructor, por considerar que pudiera existir un caso de «alcance de caudales o efectos públicos», es decir, de claro perjuicio para las arcas públicas.
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares sobre este caso en octubre de 2004 a raíz de la denuncia presentada por los diputados del PSOE Begoña García Retegui y Domingo Carpena.
Como consecuencia de estas diligencias, en las que no comparecieron los servicios jurídicos de la Comunidad a pesar de ser avisados, el órgano fiscalizador dictó un auto el 23 de diciembre, en el que razona que «los hechos objeto de las presentes diligencias, que se refieren al posible menoscabo de los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en la contratación por el Hospital Virgen de la Arrixaca para realizar las pruebas de poligrafía, pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos».
Relaciones con el PP
El instructor que nombre el Tribunal de Cuentas deberá practicar las diligencias oportunas, entre otras, «el examen de la denuncia presentada para la averiguación del hecho y, en su caso, los perjuicios causados y los presuntos responsables», agrega el auto.
García Retegui no supo precisar ayer con exactitud el importe del daño ocasionado a las cuentas públicas, ya que la empresa Gerencia Sanitaria carecía de contrato, pero recordó que en 2002 esta empresa cobró 60.844 euros por practicar poligrafías a 360 pacientes, y en 2003 esta cifra se elevó a 121.880 euros por 842 pruebas. El PSOE calcula que sólo en 2003 se pagaron 109.600 euros de forma irregular.
Los diputados socialistas denunciaron que Gerencia Sanitaria es propiedad de Salvador Ruso Pacheco, durante años conocido militante del PP alicantino y responsable de varias empresas más, como Clínica Villamartín, de la que es administrador único y en cuyo consejo de administración figura como vocal José Antonio Donat Ortuño, ex presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero de la futura televisión autonómica a propuesta del PP.
García Retegui pidió al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y a la consejera de Sanidad, María Teresa Herranz, explicaciones sobre por qué mantienen en sus cargos a los supuestos responsables de este caso, entre los que citó al actual gerente de la Arrixaca, Roberto Ferrándiz.