Once días después de perder las elecciones del 14 de marzo, y sin razones aparentes, el Ministerio de Eduardo Zaplana encargó la elaboración de un informe jurídico sobre el plan de comunicación global del departamento. Un plan que le había supuesto al Ministerio unas inversiones en publicidad de más de 23 millones de euros, casi 4.000 millones de pesetas, en vísperas electorales.
Este informe no se solicitó a los abogados del Estado, como es habitual, sino a un despacho privado que cobró por él cerca de 12.000 euros. El dictamen, al que ha tenido acceso la Cadena SER, avala la legalidad de la adjudicación del plan de Comunicación.
Se da la circunstancia de que uno de los autores del informe es un letrado de las Cortes, Ramón Entrena, quien además es asesor de la Junta Electoral Central que acababa de paralizar una de las campañas de publicidad del Ministerio de Trabajo. El dictamen llegó a manos de Zaplana el 12 de abril, sólo tres días antes de la toma de posesión como presidente de José Luis Rodríguez Zapatero.
El anteproyecto del Tribunal de Cuentas que denuncia graves irregularidades en los gastos de publicidad e imagen en la etapa de Zaplana, también se refiere a este informe jurídico. De él dice, y son palabra textuales, "causa cuando menos extrañeza que el Ministerio de Trabajo haya requerido un informe de estas características a un despacho profesional privado, en lugar de hacerlo a la Abogacía General del Estado". Y añade además algunas consideraciones sobre su encargo: " no se ha producido reclamación de ningún género que pudiera explicar la necesidad de solicitar este dictamen, más allá de una posible intención de obtener apoyos, presuntamente, independientes que pudiesen avalar en un futuro (...) la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo".
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