La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado el recurso de España contra la condena que se le impuso por aplicar la conocida como doctrina Parot a la etarra Inés del Río. Esta sentencia, que puede suponer el fin de la citada doctrina Parot, abre la puerta a que otros presos con graves delitos a sus espaldas se acojan a ella.
El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y considera -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las claves de la sentencia
Declara por 15 votos contra 2 que ha habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Declara, por unanimidad, que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante (Inés del Río) no ha sido "legal", en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene, por 16 votos contra 1, que el Estado demandado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible
Sostiene por 10 votos contra 7 que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres próximos meses, 30.000 euros más cualquier impuesto que se le deba añadir.
Declara, por unanimidad, que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los próximos tres meses, 1.500 euros más cualquier impuesto que pueda ser debido a la demandante, en concepto de costas y gastos
Declara, por unanimidad, que si expira el plazo de tres meses a, los importes indicados en los apartados 4 y 5 se les abonará un interés similar a la tasa marginal de crédito del Banco Central, incrementado en tres puntos porcentuales
Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acata la sentencia del TEDH, que ha desestimado el recurso presentado en marzo por el Estado español en defensa de la 'doctrina Parot'.
La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal con sede en Estrasburgo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.
El ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha votado a favor de condenar a España y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos.
El magistrado, que ha repetido como representante de España en las deliberaciones llevadas a cabo y que ya suscribió la primera condena, en julio de 2012, no ha avalado ninguno de los tres votos particulares disidentes firmados por siete de los jueces integrantes del tribunal, los representantes de Liechtenstein, Austria, Irlanda, Bélgica, Moldavia, Reino Unido y Bosnia Herzegovina.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrían verse afectadas por la sentencia del TEDH han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada caso por caso y no tendrá una aplicación automática.
En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.
La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario este martes a las 09.15 horas para tratar la sentencia de Estrasburgo. El pleno lo ha convocado el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, tras la petición de algunos magistrados.
Con este fallo, la Gran Sala del Alto Tribunal confirma el veredicto emitido por su sala tercera en julio 2012, que ordenaba poner en libertad a la demandante Inés del Río Prada, terrorista vasca condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, y da la puntilla definitiva a la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años.
Dicha jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el TEDH considera que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos al Derecho a la Libertad y a la seguridad y que infringe el artículo 7 referido a que no puede haber condenada si no existe ley previa.
"La justicia criminal es competencia de cada país miembro", habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban los abogados del Estado español y los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas, presentes todos este lunes en el Palais des Droits Humains cuando el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó durante 15 minutos la sentencia.
La mueca de decepción fue haciéndose cada vez más notable en el rostro del embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, único representante de la parte demandante en el tribunal, en ausencia de los abogados del Estado y de los líderes de las asociaciones de víctimas, que sí acudieron en cambio a la audiencia de marzo. A Estrasburgo vino el Estado español buscando sentido común y Justicia pero lo que recibió fue una retahíla de tecnicismos y jurisprudencias con las que la corte dio la razón a los caros abogados británicos contratados por Sortu para representar los intereses de Del Río.
Agitando la bandera de la protección contra la arbitrariedad y bien apoyados por los colectivos abertzales que vienen haciendo una ingente labor de lobby en diferentes organismos de Estrasburgo, los abogados de la etarra lograron hace siete meses convencer al TEDH, provocando de este modo una previsible avalancha de excarcelaciones que afecta a 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones).
" ¿Es igual un asesinato que 132?", les había inquirido el letrado español Isaac Salama en marzo cuando cada parte expuso sus razones. En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal -del cual sólo dos miembros acudieron a la lectura del fallo- no responde a esa pregunta, sino que avala la tesis de su sala tercera argumentando que "con Inés del Río se había producido una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".
El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y considera -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las claves de la sentencia
Declara por 15 votos contra 2 que ha habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Declara, por unanimidad, que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante (Inés del Río) no ha sido "legal", en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene, por 16 votos contra 1, que el Estado demandado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible
Sostiene por 10 votos contra 7 que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres próximos meses, 30.000 euros más cualquier impuesto que se le deba añadir.
Declara, por unanimidad, que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los próximos tres meses, 1.500 euros más cualquier impuesto que pueda ser debido a la demandante, en concepto de costas y gastos
Declara, por unanimidad, que si expira el plazo de tres meses a, los importes indicados en los apartados 4 y 5 se les abonará un interés similar a la tasa marginal de crédito del Banco Central, incrementado en tres puntos porcentuales
Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acata la sentencia del TEDH, que ha desestimado el recurso presentado en marzo por el Estado español en defensa de la 'doctrina Parot'.
La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal con sede en Estrasburgo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.
El ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha votado a favor de condenar a España y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos.
El magistrado, que ha repetido como representante de España en las deliberaciones llevadas a cabo y que ya suscribió la primera condena, en julio de 2012, no ha avalado ninguno de los tres votos particulares disidentes firmados por siete de los jueces integrantes del tribunal, los representantes de Liechtenstein, Austria, Irlanda, Bélgica, Moldavia, Reino Unido y Bosnia Herzegovina.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrían verse afectadas por la sentencia del TEDH han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada caso por caso y no tendrá una aplicación automática.
En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.
La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario este martes a las 09.15 horas para tratar la sentencia de Estrasburgo. El pleno lo ha convocado el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, tras la petición de algunos magistrados.
Con este fallo, la Gran Sala del Alto Tribunal confirma el veredicto emitido por su sala tercera en julio 2012, que ordenaba poner en libertad a la demandante Inés del Río Prada, terrorista vasca condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, y da la puntilla definitiva a la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años.
Dicha jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el TEDH considera que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos al Derecho a la Libertad y a la seguridad y que infringe el artículo 7 referido a que no puede haber condenada si no existe ley previa.
"La justicia criminal es competencia de cada país miembro", habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban los abogados del Estado español y los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas, presentes todos este lunes en el Palais des Droits Humains cuando el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó durante 15 minutos la sentencia.
La mueca de decepción fue haciéndose cada vez más notable en el rostro del embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, único representante de la parte demandante en el tribunal, en ausencia de los abogados del Estado y de los líderes de las asociaciones de víctimas, que sí acudieron en cambio a la audiencia de marzo. A Estrasburgo vino el Estado español buscando sentido común y Justicia pero lo que recibió fue una retahíla de tecnicismos y jurisprudencias con las que la corte dio la razón a los caros abogados británicos contratados por Sortu para representar los intereses de Del Río.
Agitando la bandera de la protección contra la arbitrariedad y bien apoyados por los colectivos abertzales que vienen haciendo una ingente labor de lobby en diferentes organismos de Estrasburgo, los abogados de la etarra lograron hace siete meses convencer al TEDH, provocando de este modo una previsible avalancha de excarcelaciones que afecta a 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones).
" ¿Es igual un asesinato que 132?", les había inquirido el letrado español Isaac Salama en marzo cuando cada parte expuso sus razones. En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal -del cual sólo dos miembros acudieron a la lectura del fallo- no responde a esa pregunta, sino que avala la tesis de su sala tercera argumentando que "con Inés del Río se había producido una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".
Al físico Emilio Lora-Tamayo le ha tocado vivir y gestionar como presidente la crisis más aguda que se recuerda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con un agujero presupuestario que ha puesto al borde del colapso a la mayor institución científica en España. El rescate ha llegado, in extremis, en forma de 70 millones, aprobados la semana pasada, que se suman a otros 25 del pasado julio. “O me llegaba el dinero en el mes de octubre o entrábamos en quiebra técnica”, afirma Lora-Tamayo en su despacho, en la sede central del CSIC. ¿Y ahora? “No es que tengamos un escenario boyante, por supuesto, y nos hace falta austeridad y prudencia en el gasto, pero ya no es lo de este año, que estábamos en una situación que no salíamos...”.
Lora-Tamayo (Madrid, 1950), conoce bien la institución de la que ya fue presidente, entre 2003 y 2004, y sabía lo que afrontaba cuando aceptó repetir en el cargo, al llegar el Gobierno de Rajoy, con un escenario presupuestario crítico. Pero estos casi 22 meses transcurridos han debido ser muy complicados, con la deriva presupuestaria continuada, con la incertidumbre y el desconcierto de las 11.500 personas que trabajan en el CSIC y con protestas constantes contra los recortes en I+D.
Pregunta. ¿En qué van a notar los investigadores del CSIC el crédito de 70 millones?
“O me llegaba el dinero en octubre o entrábamos en quiebra técnica”
Respuesta. En que verán al presidente con una cara más relajada. Y en que tendrán la seguridad de que cubrimos el año, que hemos evitado la quiebra técnica. Quiero destacar la total receptividad por parte del ministerio [Economía y Competitividad]: se nos hicieron unas promesas y se han ido cumpliendo puntualmente en tiempo y cuantía. Así que ahora llegaremos a final de año sin ningún problema, con déficit cero y, lo más importante, con un aumento, para 2014, de 50 millones de las transferencias que recibimos del ministerio. Estos dos elementos, y el Plan de Viabilidad del CSIC, nos colocan en un escenario bastante más claro.
P. ¿Qué agujeros van a tapar esos 70 millones?
R. Se va a completar la dotación de crédito que se ha venido haciendo a los institutos desde la resolución del 4 de julio, cuando se les dotó de 50 millones... luego en septiembre fueron otros 25, y 25 más en septiembre y en octubre. Además, hay una bolsa de contingencia para atender casos en que la dotación no llega. Para cubrir este semestre los proyectos de investigación nos faltaban unos 15 millones. Por otro lado, se dedica el dinero al funcionamiento operativo de la institución.
P. Para muchos investigadores lo del 4 de julio fue un corralito en que se les limitó el gasto de los fondos que ellos habían obtenido en proyectos fuera del CSIC, contratos, etcétera...
R. La situación es la que es y en aquel momento, las disponibilidades de crédito no permitían más que esos 50 millones. Si no hubiéramos tomado la resolución de racionalizar el gasto, o racionarlo, corríamos el riesgo de que el primero que pidiera el dinero se llevara la mayor parte y no quedara para el que pidiera después. Sabíamos que con los 50 millones no cubríamos todas las necesidades de los proyectos, pero a la vez abrimos una bolsa de contingencia para que los científicos pudieran solicitar el dinero determinante para no paralizar un proyecto de investigación o no incurrir en penalizaciones... Es que, desde 2009, empezaron a reducirse los presupuestos del CSIC, pero continuaron una serie de programas de inversión propia que generan un gasto. Desde el principio advertimos que se estaba agotando ese dinero. Cortamos esos programas, pero arrastramos los compromisos y eso es lo que ha horadado la capacidad del CSIC.
“No es automático que la gente que se forma aquí tenga que quedarse aquí”
P. Así, se suspendieron, en 2012, las convocatorias de contratos del programa del CSCI JAE (Junta de Ampliación de Estudios). ¿Hasta cuándo?
R. Hasta que haya un presupuesto que cubra ese programa. Nunca lo ha ha habido. El programa JAE me parece una iniciativa excelente que complementa los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del ministerio... pero mientras no tengamos una financiación específica para ello... La última resolución de contratos JAE de doctores fue en noviembre de 2011, fueron unos 100.
P. ¿Cómo afecta al CSIC el retraso de 10 meses de la convocatoria de proyectos del Plan Estatal?
R. El ministerio me dice que es inminente la convocatoria y no tengo por qué no creerlo. Si se hace ahora la convocatoria no se resolverá hasta mayo o junio, y también me aseguran que no significa que no se haga la de 2014. Esto que todo el mundo da por sentado de que nos tragamos una convocatoria, yo no lo doy por sentado, nadie me ha dicho que será así y lo he preguntado explícitamente. Pero lo que vaya a pasar... no soy yo quien tiene que decidir.
P. ¿Cuántas plazas se convocarán para el CSIC en 2014?
R. Serán plazas de empleo público de 2014. Lo que esta en la Ley de Presupuestos, un año más, es que al CSIC (a todos los organismos públicos de investigación) nos permiten un 10% de la tasa neta de reposición. No es gran cosa, pero para mí tiene un valor testimonial: a pesar de la situación, el Gobierno nos identifica como algo que hay que potenciar.
P. Con una plaza por cada 10 que se jubilan y sin contratos JAE, ¿no está el CSIC pegándose un tiro en un pie? Con menos investigadores habrá menos proyectos y contratos industriales.
“Yo no doy por hecho que nos traguemos un año de Plan Nacional”
R. Sí, está disminuyendo la capacidad de captación de proyectos. Pero se trata ahora de afinar más la puntería —hablando de tiros— y poder fichar, con los pocos elementos que tengamos, a los excelentes. Estamos todos deseando tener más capacidad de recursos humanos, pero tiene que estar muy definida y ser muy excelente. Por eso, cuando me dicen que se va la gente que hemos formado aquí... Es muy importante que los científicos salgan y cuando uno es buen investigador se lo rifan. Lo que necesitamos es tener oportunidades suficientes para, si no ahora, en el momento en que se pueda, recaptar, perdón captar, la mejor excelencia que haya. No es automático que la gente que se ha formado aquí tenga que quedarse aquí a trabajar. La gente tiene que formarse y nosotros, poder captar lo mejor que haya en cada momento, que a lo mejor no son los mismos... una parte de ellos sí, y otros no.
P. Un centenar de directores de centros del CSIC han firmado los cuatro puntos de la Carta por la ciencia sobre recuperación de la inversión de 2008, no a la tasa de reposición del 10%, creación de la Agencia Estatal de Investigación... ¿Qué opina?
R. Todo el mundo puede estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen ahí, con matices... Yo no estoy tan de acuerdo con la canalización, a través de una carta. En el caso de los directores, se han adherido a título personal. Los directores son delegados del presidente en los centros, por tanto, están expresando su opinión personal...
P. ¿Le parece bien recuperar la inversión de 2008?
R. ¿A quién no le va a parecer bien? Pero eso de que sea “quiero un tercio ahora y otro tercio el año que viene...”. No, mira la situación cómo es.
Lora-Tamayo (Madrid, 1950), conoce bien la institución de la que ya fue presidente, entre 2003 y 2004, y sabía lo que afrontaba cuando aceptó repetir en el cargo, al llegar el Gobierno de Rajoy, con un escenario presupuestario crítico. Pero estos casi 22 meses transcurridos han debido ser muy complicados, con la deriva presupuestaria continuada, con la incertidumbre y el desconcierto de las 11.500 personas que trabajan en el CSIC y con protestas constantes contra los recortes en I+D.
Pregunta. ¿En qué van a notar los investigadores del CSIC el crédito de 70 millones?
“O me llegaba el dinero en octubre o entrábamos en quiebra técnica”
Respuesta. En que verán al presidente con una cara más relajada. Y en que tendrán la seguridad de que cubrimos el año, que hemos evitado la quiebra técnica. Quiero destacar la total receptividad por parte del ministerio [Economía y Competitividad]: se nos hicieron unas promesas y se han ido cumpliendo puntualmente en tiempo y cuantía. Así que ahora llegaremos a final de año sin ningún problema, con déficit cero y, lo más importante, con un aumento, para 2014, de 50 millones de las transferencias que recibimos del ministerio. Estos dos elementos, y el Plan de Viabilidad del CSIC, nos colocan en un escenario bastante más claro.
P. ¿Qué agujeros van a tapar esos 70 millones?
R. Se va a completar la dotación de crédito que se ha venido haciendo a los institutos desde la resolución del 4 de julio, cuando se les dotó de 50 millones... luego en septiembre fueron otros 25, y 25 más en septiembre y en octubre. Además, hay una bolsa de contingencia para atender casos en que la dotación no llega. Para cubrir este semestre los proyectos de investigación nos faltaban unos 15 millones. Por otro lado, se dedica el dinero al funcionamiento operativo de la institución.
P. Para muchos investigadores lo del 4 de julio fue un corralito en que se les limitó el gasto de los fondos que ellos habían obtenido en proyectos fuera del CSIC, contratos, etcétera...
R. La situación es la que es y en aquel momento, las disponibilidades de crédito no permitían más que esos 50 millones. Si no hubiéramos tomado la resolución de racionalizar el gasto, o racionarlo, corríamos el riesgo de que el primero que pidiera el dinero se llevara la mayor parte y no quedara para el que pidiera después. Sabíamos que con los 50 millones no cubríamos todas las necesidades de los proyectos, pero a la vez abrimos una bolsa de contingencia para que los científicos pudieran solicitar el dinero determinante para no paralizar un proyecto de investigación o no incurrir en penalizaciones... Es que, desde 2009, empezaron a reducirse los presupuestos del CSIC, pero continuaron una serie de programas de inversión propia que generan un gasto. Desde el principio advertimos que se estaba agotando ese dinero. Cortamos esos programas, pero arrastramos los compromisos y eso es lo que ha horadado la capacidad del CSIC.
“No es automático que la gente que se forma aquí tenga que quedarse aquí”
P. Así, se suspendieron, en 2012, las convocatorias de contratos del programa del CSCI JAE (Junta de Ampliación de Estudios). ¿Hasta cuándo?
R. Hasta que haya un presupuesto que cubra ese programa. Nunca lo ha ha habido. El programa JAE me parece una iniciativa excelente que complementa los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del ministerio... pero mientras no tengamos una financiación específica para ello... La última resolución de contratos JAE de doctores fue en noviembre de 2011, fueron unos 100.
P. ¿Cómo afecta al CSIC el retraso de 10 meses de la convocatoria de proyectos del Plan Estatal?
R. El ministerio me dice que es inminente la convocatoria y no tengo por qué no creerlo. Si se hace ahora la convocatoria no se resolverá hasta mayo o junio, y también me aseguran que no significa que no se haga la de 2014. Esto que todo el mundo da por sentado de que nos tragamos una convocatoria, yo no lo doy por sentado, nadie me ha dicho que será así y lo he preguntado explícitamente. Pero lo que vaya a pasar... no soy yo quien tiene que decidir.
P. ¿Cuántas plazas se convocarán para el CSIC en 2014?
R. Serán plazas de empleo público de 2014. Lo que esta en la Ley de Presupuestos, un año más, es que al CSIC (a todos los organismos públicos de investigación) nos permiten un 10% de la tasa neta de reposición. No es gran cosa, pero para mí tiene un valor testimonial: a pesar de la situación, el Gobierno nos identifica como algo que hay que potenciar.
P. Con una plaza por cada 10 que se jubilan y sin contratos JAE, ¿no está el CSIC pegándose un tiro en un pie? Con menos investigadores habrá menos proyectos y contratos industriales.
“Yo no doy por hecho que nos traguemos un año de Plan Nacional”
R. Sí, está disminuyendo la capacidad de captación de proyectos. Pero se trata ahora de afinar más la puntería —hablando de tiros— y poder fichar, con los pocos elementos que tengamos, a los excelentes. Estamos todos deseando tener más capacidad de recursos humanos, pero tiene que estar muy definida y ser muy excelente. Por eso, cuando me dicen que se va la gente que hemos formado aquí... Es muy importante que los científicos salgan y cuando uno es buen investigador se lo rifan. Lo que necesitamos es tener oportunidades suficientes para, si no ahora, en el momento en que se pueda, recaptar, perdón captar, la mejor excelencia que haya. No es automático que la gente que se ha formado aquí tenga que quedarse aquí a trabajar. La gente tiene que formarse y nosotros, poder captar lo mejor que haya en cada momento, que a lo mejor no son los mismos... una parte de ellos sí, y otros no.
P. Un centenar de directores de centros del CSIC han firmado los cuatro puntos de la Carta por la ciencia sobre recuperación de la inversión de 2008, no a la tasa de reposición del 10%, creación de la Agencia Estatal de Investigación... ¿Qué opina?
R. Todo el mundo puede estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen ahí, con matices... Yo no estoy tan de acuerdo con la canalización, a través de una carta. En el caso de los directores, se han adherido a título personal. Los directores son delegados del presidente en los centros, por tanto, están expresando su opinión personal...
P. ¿Le parece bien recuperar la inversión de 2008?
R. ¿A quién no le va a parecer bien? Pero eso de que sea “quiero un tercio ahora y otro tercio el año que viene...”. No, mira la situación cómo es.
Los abogados de Inés del Río procederán en las próximas horas y días a realizar los trámites legales necesarios para reclamar la liberación inmediata de otros 55 presos de ETA afectados por la 'doctrina Parot' que, tras el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en contra de su aplicación, estos letrados han dado por "muerta".
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como de Antton Troitiño. Posteriormente, reclamarán la puesta en libertad de otras 54 personas que, "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta".
Según han explicado, este martes se reunirá el pleno de jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una reunión en la que "sólo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo". "Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", han asegurado.
Preguntadas por cómo ha recibido la noticia la presa de ETA, han señalado que está "feliz" por la decisión del TEDH, pero han lamentado que "es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso concreto de Inés se viene denunciando desde 2008".
"ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN"
En la comparecencia ante los periodistas, Amaia Izko ha manifestado su "alegría y satisfacción" por la resolución del TEDH, que pone de manifiesto que "lo que está en suspenso en el Estado español son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y hoy se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
Según han indicado, lo que constata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido una quiebra del Estado de derecho" y que esas dos premisas "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
"Ahora, lo que han de hacer es cumplir la sentencia, ya que no existe ningún margen jurídico para no cumplirla. Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006, conocida como 'doctrina Parot' y ponerlos en libertad inmediatamente", ha añadido.
En su opinión, "cada minuto que continúan en prisión es un minuto no sólo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales, y en esa situación se encuentran 56 presos vascos cuya inmediata excarcelación" pedirán "a lo largo de las próximas horas y días".
"Alargamiento injusto de la condena"
Asimismo, ha apuntado que lo que dice el fallo del alto tribunal europeo es que "no se puede adoptar una interpretación contra reo sobre una pena y aplicarla retroactivamente, alargándola, porque esto supone un alargamiento injusto de la condena".
Tras señalar que es el final del camino de la 'doctrina Parot', han pedido al Gobierno del PP que "escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor".
Izko ha manifestado que, tras haber solicitado ya la libertad de Del Río y de Troitiño, pedirán en las próximas horas y días que se apruebe la fecha de "licenciamiento definitivo, ya rebasada, porque ya han cumplido sus condenas".
LISTADO DE PRESOS
Los presos que habrían cumplido ya sus condenas y a los que se les ha aplicado la denominada 'doctrina Parot' son, además de Inés del Río Prada, Jon Aginalde Urrestarazu, Iñigo Akaiturri Irazabal, Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Joseba Artola Ibarretxe, Luis Mari Azkargorta Belategi, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Zendegi, José Ángel Biguri Camino, Fernando del Olmo Vega, Juan Ignacio Delgado Goñi, Josu Díaz de Heredia Ruiz de Arbulu, Iñaki Erro Zazu, Jose Etxeberria Pascual, Elias Fernández Castañares e Iñaki Fernández de Larrinoa Pérez de Luko.
También se encuentran entre estos reclusos Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Mari Gabirondo Agote, Isidro Garalde Bedialauneta, Xabier Gordaraz ldaia, Patxi Gómez López, Manuel González Rodríguez, Iñaki Gonzalo Casal, Raúl Ibáñez Díez, Juan José Legorburu Gerediaga, Gotzone López de Luzuariaga, Antxon López Ruiz, Francisco Lujanbio Galdeano, José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, Jesús Mari Mendinueta Flores o Inmaculada Pacho Martin.
La lista prosigue con los presos Juan Manuel Piriz López, Kepa Rezabal Zurutza, Gonzalo Rodríguez Cordero, Germán Rubenach Roiz, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Sancho Biurrun, Kepa Solana Arrondo, Antton Troitiño Arranz, Txomin Troitiño Arranz, Mitxel Turrientes Ramírez, Jokin Urain Larrañaga, Iñaki Urdain Ziriza, Ramon Uribe Navarro, Jon Ander Urkizu Ormazabal y Maritxu Urkudun Etxenagusia.
Cierran la relación de 56 reclusos de ETA que podrían ser excarcelados con motivo de la sentencia del TEDH Gabriel Zabala Erazun, Jesús Mari Zabarte Arregi, José Félix Zabarte Jainaga, Juan José Zubieta Zubeldia e Iñaki Zugadi García.
"TRIQUIÑUELA LEGAL"
Preguntados por si pudiera haber algún tipo de "triquiñuela legal" para impedir que estos presos salieran a la calle, Amaia Izko ha manifestado que "no hay ningún margen jurídico para mantener a estas personas en prisión, una vez que el TEDH ha dicho que la aplicación, tal como se les está haciendo de la doctrina, es vulneradora de derechos fundamentales".
En este sentido, ha indicado que, si el Estado español no decreta la libertad de estos presos, se estará moviendo en "un terreno de vulneración, de desprecio de los derechos fundamentales, de desprecio del propio tribunal y en un terreno de fuera de juego de las reglas democráticas y de derecho".
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno inmovilice los 30.000 euros de indemnización que le corresponden a Inés del Río, según el TEDH, la letrada ha manifestado tener "serias dudas" de que eso se pueda hacer, por lo que tendrán que discutirlo, aunque ese dinero, "de ningún modo pueden compensar todos esos años de más pasados en prisión".
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como de Antton Troitiño. Posteriormente, reclamarán la puesta en libertad de otras 54 personas que, "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta".
Según han explicado, este martes se reunirá el pleno de jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una reunión en la que "sólo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo". "Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", han asegurado.
Preguntadas por cómo ha recibido la noticia la presa de ETA, han señalado que está "feliz" por la decisión del TEDH, pero han lamentado que "es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso concreto de Inés se viene denunciando desde 2008".
"ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN"
En la comparecencia ante los periodistas, Amaia Izko ha manifestado su "alegría y satisfacción" por la resolución del TEDH, que pone de manifiesto que "lo que está en suspenso en el Estado español son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y hoy se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
Según han indicado, lo que constata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido una quiebra del Estado de derecho" y que esas dos premisas "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
"Ahora, lo que han de hacer es cumplir la sentencia, ya que no existe ningún margen jurídico para no cumplirla. Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006, conocida como 'doctrina Parot' y ponerlos en libertad inmediatamente", ha añadido.
En su opinión, "cada minuto que continúan en prisión es un minuto no sólo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales, y en esa situación se encuentran 56 presos vascos cuya inmediata excarcelación" pedirán "a lo largo de las próximas horas y días".
"Alargamiento injusto de la condena"
Asimismo, ha apuntado que lo que dice el fallo del alto tribunal europeo es que "no se puede adoptar una interpretación contra reo sobre una pena y aplicarla retroactivamente, alargándola, porque esto supone un alargamiento injusto de la condena".
Tras señalar que es el final del camino de la 'doctrina Parot', han pedido al Gobierno del PP que "escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor".
Izko ha manifestado que, tras haber solicitado ya la libertad de Del Río y de Troitiño, pedirán en las próximas horas y días que se apruebe la fecha de "licenciamiento definitivo, ya rebasada, porque ya han cumplido sus condenas".
LISTADO DE PRESOS
Los presos que habrían cumplido ya sus condenas y a los que se les ha aplicado la denominada 'doctrina Parot' son, además de Inés del Río Prada, Jon Aginalde Urrestarazu, Iñigo Akaiturri Irazabal, Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Joseba Artola Ibarretxe, Luis Mari Azkargorta Belategi, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Zendegi, José Ángel Biguri Camino, Fernando del Olmo Vega, Juan Ignacio Delgado Goñi, Josu Díaz de Heredia Ruiz de Arbulu, Iñaki Erro Zazu, Jose Etxeberria Pascual, Elias Fernández Castañares e Iñaki Fernández de Larrinoa Pérez de Luko.
También se encuentran entre estos reclusos Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Mari Gabirondo Agote, Isidro Garalde Bedialauneta, Xabier Gordaraz ldaia, Patxi Gómez López, Manuel González Rodríguez, Iñaki Gonzalo Casal, Raúl Ibáñez Díez, Juan José Legorburu Gerediaga, Gotzone López de Luzuariaga, Antxon López Ruiz, Francisco Lujanbio Galdeano, José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, Jesús Mari Mendinueta Flores o Inmaculada Pacho Martin.
La lista prosigue con los presos Juan Manuel Piriz López, Kepa Rezabal Zurutza, Gonzalo Rodríguez Cordero, Germán Rubenach Roiz, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Sancho Biurrun, Kepa Solana Arrondo, Antton Troitiño Arranz, Txomin Troitiño Arranz, Mitxel Turrientes Ramírez, Jokin Urain Larrañaga, Iñaki Urdain Ziriza, Ramon Uribe Navarro, Jon Ander Urkizu Ormazabal y Maritxu Urkudun Etxenagusia.
Cierran la relación de 56 reclusos de ETA que podrían ser excarcelados con motivo de la sentencia del TEDH Gabriel Zabala Erazun, Jesús Mari Zabarte Arregi, José Félix Zabarte Jainaga, Juan José Zubieta Zubeldia e Iñaki Zugadi García.
"TRIQUIÑUELA LEGAL"
Preguntados por si pudiera haber algún tipo de "triquiñuela legal" para impedir que estos presos salieran a la calle, Amaia Izko ha manifestado que "no hay ningún margen jurídico para mantener a estas personas en prisión, una vez que el TEDH ha dicho que la aplicación, tal como se les está haciendo de la doctrina, es vulneradora de derechos fundamentales".
En este sentido, ha indicado que, si el Estado español no decreta la libertad de estos presos, se estará moviendo en "un terreno de vulneración, de desprecio de los derechos fundamentales, de desprecio del propio tribunal y en un terreno de fuera de juego de las reglas democráticas y de derecho".
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno inmovilice los 30.000 euros de indemnización que le corresponden a Inés del Río, según el TEDH, la letrada ha manifestado tener "serias dudas" de que eso se pueda hacer, por lo que tendrán que discutirlo, aunque ese dinero, "de ningún modo pueden compensar todos esos años de más pasados en prisión".
